'Capturados candidatos a Alcaldía y Asamblea por trashumancia', 'Diez años de cárcel contra candidato a la Gobernación por compra de votos'.
Para muchos estos deberían ser los titulares de prensa frecuentes por estas épocas electorales y que además podrían servir de método efectivo para erradicar el delito de la trashumancia, sobre todo si se tiene en cuenta que en la región Caribe es donde más se comete, según registra la Misión de Observación Electoral, MOE.
En la actual contienda electoral 15 municipios del departamento del Atlántico han solicitado la impugnación de cédulas a través de 54 demandas presentadas ante el Consejo Nacional Electoral.
Aunque la trashumancia, tipificada como fraude en inscripción de cédulas y con una pena de entre cuatro y nueve años de prisión, es una de las prácticas más denunciadas, en la Costa no se conocen en los últimos años condenas por la comisión de dicho delito, y menos contra líderes políticos.
Recientemente se conocieron las primeras capturas por trashumancia en el país, justamente en el municipio de Soledad, Atlántico.
Se trata de tres personas que, según la Fiscalía, organizaban el traslado de personas oriundas de los municipios de Soledad, Malambo y Barranquilla, al municipio de Santa Lucía, para que votaran allá a pesar de no tener vínculos con esa localidad.
Para Diógenes Rosero, coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el Atlántico, este caso, aunque sienta un precedente, no toca la ‘cabeza’ o al actor intelectual de la corrupción, sino que se queda en los ‘ciudadanos de a pie’.
'Casi siempre en este tema de la trashumancia la cadena del delito se rompe por el lado más delgado, porque alrededor de esto existen ‘taquilleros’, ‘mochileros’ y el político que coordina toda esa actuación y las detenciones se dan sobre quienes hacen la labor práctica del delito, pero nunca llegan a tocar a la clase política que es la que empuja a que se cometa este fraude', explica Rosero.
Para el funcionario, esto es muestra de que el delito ha ido en aumento, a su parecer, 'porque no se castiga con vehemencia a quienes lo cometen, sobre todo a los ‘caciques’ que están al mando de todo'.
Y agrega que 'la revisión de archivos históricos de prensa indica que la trashumancia se inventó en el departamento del Atlántico'.
La relación de la impunidad
‘Entre bomberos no se pisan las mangueras’, es la frase que usa Rosero para tratar de explicar la falta de condenas contra políticos por trashumancia en el Caribe.
El vocero de la MOE insiste en que el hecho de que algunos políticos tengan la potestad de la elección de magistrados y de otros altos funcionarios de los órganos de control crea vicios en los procesos para llegar a capturarlos y condenarlos.
'Algunos de los entes que tienen que ver con la garantía de la transparencia electoral están politizados. Todos sabemos cómo se elige el Consejo Nacional Electoral y esa relación que hay entre los poderes público hace que no se toque a los jefes políticos', dijo.
Para la MOE, la trashumancia es vista por muchos ciudadanos como un delito que no constituye un atentado a la integridad misma, lo que hace que las autoridades lo tengan relegado.
'Se da una impunidad electoral y existe la idea de que la institucionalidad no se mete, que se trata de un problema entre ciudadanos y políticos'.
Agrega Rosero que esa impunidad ha llevado a que este fenómeno 'se convierta en algo cultural y, como no hay sanciones, no hay aliciente para que los políticos dejen de cometer el delito. Termina por generar la sensación de que los aspirantes a cargos públicos pueden hacer lo que quieren y los ciudadanos aceptarlo'.
A tal punto ha llegado la situación, asegura el representante de la MOE, que a los ciudadanos les parece normal que les compren el voto, que los muevan de un lugar a otro para que voten, 'lo que convierte esta experiencia en la única relación que ellos tienen con la política en sus vidas'.
