Hace casi cinco años, el presidente Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, en una asamblea de la Andi clamó por “menos batallones metidos en el centro de las ciudades entorpeciendo el tráfico”, y ahora desde Ipiales, Nariño, vuelve sobre su mismo y pertinente planteamiento, diciendo que “las instalaciones militares no deben estar en el centro de las ciudades; eso no tiene ninguna lógica”.

En tanto que el Derecho Internacional Humanitario establece: “En la medida de lo factible, las partes en conflicto evitarán situar objetivos militares en el interior o cerca de zonas densamente pobladas”.

Compartimos totalmente el pensamiento presidencial. El mandatario ha planteado una directriz para todas las ciudades y esto abre una discusión sobre el tópico en una capital como Barranquilla donde una parte considerable de sus problemas de espacio público y movilidad se derivan del hecho de que en su interior funcionan las instalaciones del Ejército, la Base Naval y la Policía.

Una razón muy poderosa para abogar por el traslado de estas fortalezas es que constituyen un factor de riesgo para la población civil. El presidente Santos es consciente de esta realidad y por eso ha expresado la urgencia de resolver este problema.

La posición del mandatario es también una exhortación a las administraciones de nuestras ciudades a asumir una concepción del desarrollo urbano más respetuosa del espacio público, porque el traslado de tales instalaciones liberaría considerables porciones del suelo y los pondría al servicio del ciudadano para la satisfacción de sus necesidades recreativas y deportivas. Especialmente estos espacios son vitales para los niños.

Barranquilla tiene la obligación de tomar una decisión política frente al asunto, y en la solución deben estar razonablemente involucradas, desde luego, las instituciones militares, policiales y navales que disponen de grandes estructuras dentro de la ciudad. Debe ser, por tanto, un proceso bien dialogado, concertado y sustentado en que se trata de un acuerdo conveniente para la ciudadanía.

Esta ciudad tiene en el Cantón Norte del barrio El Paraíso, en la comandancia de la Segunda Brigada situada cerca a la Corporación Universitaria de la Costa, en la Base Naval de la Vía 40 y en la sede de la Policía de la carrera 43, cuatro instalaciones que requieren reubicación apropiada en el área metropolitana.

Hace unos siete años, y no obstante nuestra carencia dramática en materia de parques urbanos, se adelantó, pese a las voces críticas que se levantaron, el proyecto del Cantón Norte.

Allí, donde debería estar ubicado uno de los más importantes pulmones de la ciudad, se construyó ese proyecto, no obstante que el POT le asignaba al área la condición de reserva ambiental, incompatible, en consecuencia, con la edificación de un complejo residencial o militar. Impusieron el proyecto a la brava y hasta lograron la bendición del entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla De León.

La obra se financió básicamente con recursos de la Tasa de Seguridad del Departamento del Atlántico, relevando de tal responsabilidad a la Nación, en la que debió recaer en gran parte.

La directriz del presidente Santos obliga hoy a ciudades como Barranquilla a revisar estas irracionalidades urbanas que han estrangulado la expansión de zonas verdes que permitirían una ciudad ambientalmente sostenible. La Alcaldía de Barranquilla tiene en este tema unas magníficas posibilidades de intervención, para lo cual contará con el apoyo decisivo del Gobierno Nacional.