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Esta Semana Santa debe servir a muchos colombianos para reflexionar y asumir compromisos de cambio respecto a ese dilema moral que significa actuar anti-éticamente en los ambientes de trabajo, pues en esto de la corrupción en lo público y en lo privado vale repetirse una y otra vez la inquietud cierta vez planteada por Sor Juana Inés de la Cruz sobre ¿a cuál es más de culpar: al que peca por la paga o el que paga por pecar?

Y no es para menos pues según los resultados de la tercera encuesta nacional sobre prácticas contra el soborno en empresas del país, desarrollado por Transparencia por Colombia y la Universidad Externado de Colombia en una muestra de 858 directivos de pequeñas, medianas y grandes empresas de diversos sectores en nueve ciudades, arrojó que el 94 % de nuestros empresarios cree que pagar sobornos es una práctica natural y muy generalizada; el 62 %, que si no se paga el soborno no hay forma de ganar el negocio; el

70 % no conoce la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción y únicamente el 42 % implementa medidas de prevención contra este flagelo que carcome a la nación en lo público como en lo privado.

Respecto a la corrupción al interior de las empresas privadas es bien sabido que, al igual que en las entidades oficiales, ella es producto de unas redes establecidas que se encargan de favorecer a unos proveedores a cambio de dádivas siendo, según estudios, los más propensos a caer en las tentaciones, cargos como jefes de compras, los que trabajan en logística, distribución, mantenimiento, sistemas, inventarios, bodegaje y los del área financiera.

En la escogencia de proveedores también hay filtraciones de información a la competencia para asegurar que los contratos vayan a ciertos conocidos ‘olvidándose’ de aquellas empresas con ofertas más competitivas. Los cerebros de la corrupción suelen estar en los niveles intermedios y muchas veces, los niveles superiores no conocen la magnitud del problema al confiar en la buena fe en sus empleados de confianza. Es por eso importante la labor de auditoría en sus procesos para evitar tales actuaciones anti-éticas.

El estudio también registra aumentos de la percepción de prácticas indebidas respecto a los pagos para agilizar trámites en el sector público (65 %) y con respecto a contribuciones privadas a campañas y partidos políticos (54 %). La investigación concluye que si bien no existe una fórmula exacta para cuantificar el costo de la corrupción en Colombia, se estima que la corrupción le cuesta al Estado alrededor de 1,6 por ciento del PIB, equivalente en el Presupuesto General de la Nación 2012 a 10,4 billones de pesos.

Todo lo anterior refleja un desolador panorama sobre la confianza ética y la percepción de soborno de los empresarios dentro de su propio sector y en especial en sus relaciones económicas y comerciales ya sea con las demás organizaciones privadas pero, en especial, con las entidades del estado en donde es considerado como algo normal el pago secreto de porcentajes a funcionarios para asegurar contratos estatales, por lo que incrementan los presupuestos de los proyectos, teniendo en cuenta la comisión que hay que aportar y que corresponde, según los mismos administradores, al 14,8 % de valor de los mismos.

Esto hace oportuno el proyecto piloto de un mecanismo del Gobierno Nacional y Transparencia por Colombia para reportar denuncias de sobornos el cual será lanzado oficialmente el próximo martes 2 de abril por el presidente Juan Manuel Santos.

Confiamos en que este mecanismo de reporte de denuncias, único en el mundo, sirva de herramienta a la ciudadanía para combatir la corrupción poniendo en conocimiento del gobierno los casos de sobornos en procesos de contratación pública.

Pero lo más importante es que el Estado reaccione oportuna y severamente y siga combatiendo con sanciones ejemplarizantes a los miembros de la sucia red de corrupción que ya sea descaradamente o desde la sombra desde lo público y lo privado delinquen tratando de asaltar el erario público con sus prácticas deshonestas y corruptas.