A finales de la semana pasada se produjo una comunicación del Invías al gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, pidiéndole suspender la licitación de la primera fase de la Vía de la Prosperidad, comprendida entre Palermo y Guáimaro. La segunda fase debe llegar a Plato.
Esta comunicación, según abogados consultados por EL HERALDO, no era vinculante, como sí lo hubiese sido un acto administrativo con las debidas motivaciones. Seguramente por esta razón –en un gesto ostensiblemente temerario– el gobernador siguió adelante con el proceso licitatorio y el lunes encabezó la audiencia de adjudicación que le otorgó el contrato al consorcio Ribera Este. Se esperaba que el gobernador, sensatamente, resolviera sus diferencias con la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa, quien ha sostenido que el proceso licitatorio no fue transparente, plagado de vicios por lo mismo, y sin el ingrediente democrático de la pluralidad de oferentes.
La comunicación del Invías, al parecer tenía la intención de frenar a Cotes, pero este no echó reversa a su decisión. Ante el hecho, el Invías impetró una tutela ante un juzgado civil del circuito de Bogotá pidiendo la declaratoria de desierta de la licitación, y como esta ya fue adjudicada por cuenta y riesgo del gobernador, los expertos creen que una doctrina de la Corte Constitucional sobre el hecho superado o la carencia de objeto le quitaría sentido a la acción judicial interpuesta. Sin embargo, habrá que esperar a ver cómo falla el juez, si a favor o en contra.
Es claro que el telón de fondo del problema es que se trata de una obra donde están en juego grandes intereses y se precipitan pujas inevitables por el reparto contractual. Estamos hablando de un contrato de 460.000 millones de pesos. No es cualquier bobadita.
Esta vía es una vieja aspiración costeña, contenida en la Ley 59 de 1959, largamente aplazada por varios gobiernos nacionales. Está concebida para producir positivos impactos económicos y ambientales. Y está sustentada en documentos Confis, Conpes, Ocad, y en un convenio del Invías y la Gobernación del Magdalena, en el cual el primero le cedió a la segunda el manejo del proceso licitatorio.
Dicen también los expertos consultados por EL HERALDO que el contratista ya adquirió el derecho, lo que significaría que si se le desconociera, ello derivaría en una demanda de indemnización por perjuicios, que podría estar en el orden de los 120.000 millones de pesos, equivalentes casi a la cuarta parte del contrato. Además, una circunstancia que parecería avalar la atrevida audiencia licitatoria de Cotes es la presencia de la Procuraduría General de la República, a través del procurador regional del Magdalena.
Uno de los argumentos para objetar la obra ha sido el tema de la licencia ambiental, y aquí las interpretaciones están divididas, pues si bien el objeto del contrato habla de mejoramiento de la vía, en esencia es una vía nueva que operará como dique y los impactos ambientales habría que establecerlos. Por tanto, ¿si se requerirá licencia ambiental?
La obra, indiscutiblemente, se necesita, es vital para la Costa. Es una necesidad igual que la doble calzada Barranquilla-Ciénaga y la línea férrea paralela, e igual que la doble calzada completa Barranquilla-Cartagena, que está hoy apenas iniciada, y que, en un contraste inadmisible, parece una vía del primer mundo en sus tramos iniciales, pero luego luce del tercer mundo cuando se le transita por los 80 y tantos kilómetros de una sola calzada, donde los riesgos de accidentalidad son evidentes.
El Gobierno Nacional, ante la realidad noticiosa que hemos dibujado, tendrá, pensamos, que buscarle una salida al polémico tema de la Vía de la Prosperidad. Lo que anima a EL HERALDO –dentro de su proverbial imparcialidad periodística– es que la Costa avance más en infraestructura de cara a los TLC, que haya más inversiones en obras, y en eso una coterránea tan apreciada como Cecilia Álvarez- Correa tiene que darnos decididamente la mano. Es una funcionaria pública laboriosa, comprometida, y tiene todo nuestro respaldo periodístico. El presidente Santos tiene la difícil tarea de buscarle una salida al lío de la Prosperidad.
