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Con cautela y estrepito se ha empezado a esparcir por todo el país. Emerge, por lo general, en las laderas, en las zonas rurales, territorios al margen del conflicto y asecha a todo aquel que se atreve a levantar la voz. Tan letal como la Covid-19, el virus de las masacres y los asesinatos a líderes sociales ha cobrado centenares de vidas en Colombia en lo que va del 2020.

352 personas asesinadas en 84 masacres, a lo largo y ancho del territorio nacional y 292 homicidios contra líderes sociales son las cifras que registra, a corte del cierre de esta edición, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

En su más reciente informe en lo que se refiere a los hechos violentos colectivos en el país Indepaz precisa que, por departamentos, Antioquia condensa la cifra más alta con un total de 18 hechos, seguido del departamento del Cauca con 13 y Nariño con nueve.

En el mismo informe la organización asegura que septiembre fue el mes en el que más masacres se registraron en el país, con un total de 16, y en lo que va de este mes se han registrado cinco hechos de este tipo.

Para el Centro Nacional de Memoria Histórica la cifra es alarmante, porque en el año 2010, uno de los más violentos, en donde se conjugaban factores como la guerra, el paramilitarismo, el narcotráfico, y otros, se reportaron 25 masacres en el país.

La situación en lo que se refiere a los asesinatos a líderes sociales, políticos y comunales, no es diferente. Según registros de la Misión de Observación Nacional (MOE) durante los primeros 10 meses del año se registraron 411 hechos de violencia contra estos, entre homicidios y atentados, en su más reciente informe esta entidad dio a conocer, además, que en su mayoría estos hechos se concentran en los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba y Magdalena.

Qué está pasando

Para el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, 'el narcotráfico es la principal causa de la muerte de líderes y lideresas sociales en el país'. Sin embargo, esta posición ha sido cuestionada. En su cuenta de Twitter José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, replicó la afirmación de Camargo catalogándola de 'simplista'.

Asimismo, Camilo Gonzalez Posso, director de Indepaz, en diálogo con EL HERALDO cuestionó, duramente, las declaraciones del Defensor. 'Es una visión unilateral, por lo tanto, descuida el análisis del conjunto. Es una simplificación que desenfoca, porque no distingue la situación por territorios'.

Para este, el crecimiento de los crímenes colectivos y contra líderes sociales se debe a 'un asentamiento del conflicto entre grupos armados de toda índole por fraccionamientos, peleas de rutas y de territorios. Hay una ruptura y recomposición de grupos armados en los territorios'.

Gonzalez afirma que 'la pandemia tiene influencia en el aumento de los hechos de violencia, porque hay menos presencia del estado, se han postergado los programas, las inversiones y hay mayores disputas, porque así como el mundo y las grandes empresas se están adaptando a una nueva realidad, asimismo la criminalidad está en un proceso de reinvención'. 

Finalmente, advierte que 'el estado debe distinguir en particularidades y mirar la violencia desde un enfoque territorial'. Agrega, además, que 'las disputas en el bajo Cauca, no son del mismo orden, ni el mismo móvil de los hechos que se han presentado recientemente en La Guajira'.