BOGOTÁ. Una de las preguntas que hacen los colombianos cada vez que se enteran de la muerte de un niño guajiro por desnutrición es qué se hace con los recursos que recibe por regalías de la minería. La respuesta, según lo hallado preliminarmente por la Contraloría, no es alentadora: al menos $20 mil millones se han perdido entre 2012 y 2014 en el dolido territorio wayuu.
EL HERALDO conoció los informes de auditoría 280 y 281 del ente de control con fecha de noviembre de 2015, el primero de 111 páginas sobre Riohacha y el segundo de 112 folios sobre La Guajira, dirigidos al exalcalde Rafael Ceballos Sierra y al exgobernador José María Ballesteros (quien asumió en junio de 2014, luego de que Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez -electo desde 2012- renunciara en febrero de 2014 por líos con la justicia).
En Riohacha, la Contraloría revisó los 24 proyectos de regalías aprobados de 2012 a 2014, por $53.205 millones, desarrollados a través de 36 contratos por $48.682 millones. En estos se establecieron 12 hallazgos administrativos, nueve con connotación disciplinaria, cuatro con incidencia fiscal por $11.679 millones y uno, el del Acueducto y Alcantarillado del corregimiento de Camarones, con aparentes alcances penales.
En La Guajira se aprobaron 58 proyectos por $525.918 millones, con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por $495.294 millones y sobre los cuales se suscribieron 171 contratos por $320.279 millones. El ente analizó 54 proyectos en los que se invirtieron $377.538 millones de regalías y en los que se establecieron, en total, 23 hallazgos administrativos: 21 con incidencia disciplinaria y 10 con connotación fiscal.
La Contraloría explicó que los procedimientos de las auditorías se dirigieron 'a la evaluación del proceso de aplicación de los recursos de regalías destinados a inversión (…), en lo que corresponde a las etapas de viabilización, aprobación, priorización y ejecución de los proyectos de inversión, financiados con recursos de asignaciones directas, recursos de los fondos de ciencia, tecnología e innovación, de desarrollo y compensación regional'.
Pagaron servicios públicos
En el convenio de cooperación tripartita número 032 de 2013, suscrito con la Cámara de Comercio de La Guajira y la Fundación Innova Caribe, el organismo de control fiscal 'evidenció que la Fundación Innova Caribe viene utilizando los recursos de regalías para compra de activos como muebles y enseres, para sufragar gastos permanentes como arriendos, compra de papelerías, implementos de aseo y cafetería y cancelación de servicios públicos (…)'.
Así mismo, indica que dicha fundación habría costeado con las regalías, además, 'servicio de restaurante, alojamiento, peajes, arriendo de apartamento, servicio de transporte y vigilancia, honorarios del gerente y directora del proyecto, asistente administrativa y asistente técnico, asesor jurídico, revisor fiscal, apoyo administrativo, comunicador social, ingeniero de sistemas, y para pago de transporte y manutención de los invitados a ruedas de negocios de publicidad'.
Dichos gastos habrían sido cancelados entre el mes de octubre de 2013 y agosto de 2015, por $774 millones. No obstante, advierte la Contraloría, 'los gastos relacionados anteriormente no pueden ser financiados con recursos de regalías' de acuerdo a la ley colombiana.
De hecho, dice que al destinar las regalías para estos gastos, 'se está incumpliendo con el fin principal para el cual fueron asignados, y disminuyen ostensiblemente los recursos económicos que deben ser dirigidos a la ejecución del objeto principal del proyecto aprobado'.
Sobre estos giros irregulares, indica el ente de control, no hay pronunciamiento de la interventoría ni de la supervisión del contrato, que corre por cuenta de la Secretaría de Desarrollo de la Gobernación.
Y explica la auditoría lo ocurrido con Innova Caribe: 'la Gobernación de La Guajira, al realizar la contratación directa, presuntamente no tuvo en cuenta la capacidad técnica y financiera del contratista, razón por la cual se dirigen los recursos del proyecto a cubrir gastos propios de la empresa contratista'.
Por ello, la entidad 'evidencia una lesión al patrimonio público' y 'formula una observación administrativa con presunta incidencia fiscal estimada en $774 millones' y se solicita la apertura de la indagación preliminar.
Riesgo para la salud
En la construcción y puesta en marcha tanto del Sistema Integral de Acueducto y Abastecimiento de Agua Potable como de la construcción y puesta en marcha del Sistema Integral de Alcantarillado, ambos en el corregimiento de Camarones, en Riohacha, por $13.243 millones, en los que el municipio decidió unificar los dos proyectos para realizar un solo contrato de obra y su interventoría, la Contraloría encontró presuntas irregularidades que atraviesan al terreno de lo penal.
Se trata de los contratos 033 del 10 de mayo de 2013 y el 058 del 29 de julio de 2013, que se suscribieron con el Consorcio Aguas para un Pueblo.
Los importantes objetivos del proyecto, en un departamento con graves problemas de alta mortalidad por desnutrición, salud y agua potable, eran 'dotar de servicio de agua potable por tubería, mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de la población y favorecer el desarrollo socioeconómico'.
Aquí, el organismo de control fiscal pudo establecer que 'el proyecto de acueducto no cuenta con licencia o permiso de captación o explotación de pozo profundo, como tampoco con plan de manejo ambiental aprobado por Corpoguajira' y, además, 'no reposan en el expediente los soportes que permitan verificar la titularidad del predio donde se construyó la planta de tratamiento de agua potable'.
En el proyecto de alcantarillado, señala el ente que no existe licencia de vertimiento y el proyecto, además, planteó verter las aguas al río Camarones, afluente del santuario de flora y fauna ‘Los Flamencos’, que es un área protegida.
Tras el análisis respectivo determinó la auditoría que 'el agua entregada no es apta para el consumo humano' y que 'el agua suministrada a los usuarios del corregimiento de Camarones tiene el mayor puntaje de riesgo para la salud humana'.
La entidad encuentra así la posible ocurrencia del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por lo que advierte que hay un 'hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal por $10.858 millones'.
Malas obras
Otro de los hallazgos de la Contraloría está en el contrato 237 de 2013, en el que se estableció que en Urumita y San Juan del Cesar 'algunas losas de pavimento (…) están fracturadas, con grietas de borde, longitudinales y transversales', y así mismo 'existen tramos intervenidos con el contrato que presentan mala calidad de obra', por lo que 'se configura una observación con presunta incidencia fiscal por $269 millones'.
Igualmente, en Riohacha se encontró un aparente 'daño fiscal por valor de 499 millones de pesos' en el contrato número 80 del 15 de julio de 2014, con el contratista Inversiones Grandes Vías e Ingeniería, en el que se preveía la pavimentación de al menos 15 calles de la ciudad.
En la pavimentación y construcción de la entrada al colegio de El Hatico, Fonseca, se halló también que 'la obra construida no corresponde a las condiciones de calidad contratadas y tampoco cumple con las normas técnicas del Invías', por lo que se estableció un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $322 millones en el contrato 238 de 2013.
Y tras la auditoría al contrato 110 del 31 de diciembre de 2013, para la construcción del Parque de la Vida, en Riohacha, señala el ente de control fiscal que no se encontraron documentos que demuestren las memorias de cálculo del diseño de mezcla del concreto, ni los ensayos de resistencia del concreto, ni de calidad de los agregados, 'por lo que no se tiene certeza del control de calidad realizado a los materiales y elementos utilizados', por lo que se configura un daño fiscal de 248 millones de pesos.
Sobre el contrato 244 de 2013, para construcción de losas de placa en las vías rurales de Hatonuevo, se indicó que 'al momento de la visita técnica se encontraron losas de concreto agrietadas como consecuencia de la mala calidad de la obra', configurándose un presunto daño patrimonial de 926 millones de pesos.
Educación sin soportes
Indica la Contraloría que la Gobernación suscribió con la Unión Temporal Interventoría Escolar el contrato 374 de 2013, por 3.865 millones de pesos, cuyo objeto es 'interventoría técnica, administrativa y financiera a la ejecución de los proyectos de apoyo a las estrategias de acceso y permanencia de la cobertura educativa, a través de los programas de alimentación y transporte escolar, y al fortalecimiento de la calidad educativa en zona rural de los municipios no certificados en el departamento de La Guajira'.
Halló al respecto la entidad 'irregularidades con presunta connotación fiscal y disciplinaria' en el hecho de que faltan soportes que evidencien el cumplimiento del contrato, o seguimiento de avance y ejecución por parte de la interventoría; y, además, los soportes que se allegan, presentan deficiencias, como que por ejemplo 'se encontraron dos fotografías repetidas con las que se buscaba acreditar la prestación del servicio de transporte en dos momentos distintos'.
La Gobernación no respondió a las objeciones del informe.
‘Ovejas negras’
Acerca del contrato 392 de 2013, entre la Gobernación y Echeverry Gutiérrez y Cia, para 'suministrar semovientes puros, mestizos y criollos' requeridos para la ejecución del componente de mejoramiento genético contemplado en el proyecto de 'fortalecimiento y desarrollo competitivo del sector ovino de La Guajira', se hicieron serias críticas por parte de la Contraloría.
Dice el informe que el contrato se encuentra en ejecución y que hasta la fecha se han cancelado, por concepto de anticipos y pagos parciales, 1.625 millones de pesos, pero, para la entidad, se evidencia una serie de irregularidades como que, por ejemplo, 'no se encontró documentación suficiente que permita determinar con certeza cuántos semovientes conforman el objeto contractual'.
Tampoco se establece cuál es el criterio de distribución por municipio de los semovientes; hay insuficiente identificación de los beneficiarios del proyecto y no hay información que permita establecer la plena identidad del productor ovino o la ubicación individual de cada predio.
Y, así mismo, los informes de ejecución, entre noviembre de 2013 y febrero de 2015, no precisan la identificación del predio donde se materializa la inversión, 'razón por la cual no se encuentra soportado el cumplimiento contractual'.
