Benito Antonio Osorio Villadiego, exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba y exgobernador de ese Departamento, pasó en un santiamén de rogarles a los Castaño para que no lo mataran a ser la mano derecha del grupo paramilitar en el sangriento y millonario despojo de tierras en Urabá, Antioquia, y territorio cordobés.
Osorio se acogió a sentencia anticipada el pasado 2 de octubre, tras contar todo lo que sabía en 12 indagatorias realizadas ante la Fiscalía General de la Nación, entre el 21 de octubre de 2011 y el 12 de marzo de 2014. EL HERALDO conoció en exclusiva el acta de formulación de cargos.
Desde 1994, los hermanos Castaño, génesis del paramilitarismo en Colombia, tomaron la decisión de incursionar violentamente en el Urabá antioqueño con sus ejércitos para consolidar una retaguardia estratégica –por su cercanía al mar Caribe y a un tramo de la cordillera de la Serranía de Abibe– que le sirviera como fortín de guerra a Carlos Castaño y también como corredor para las actividades de narcotráfico.
Para ello fueron desplazando a sangre y fuego a los dueños de estas tierras y luego, poco a poco, lograron el despojo mediante ventas forzadas o a precios irrisorios, o a través de la venta de derechos posesorios y con el concurso de integrantes tanto de la población civil como de entidades públicos.
'En el año 1997, cuando el Fondo Ganadero de Córdoba estaba bajo la gerencia de Osorio (…), se inició la compra sistemática de tierras ubicadas en esta zona del país, en un número de 105 predios, cuyos propietarios y poseedores ya habían sido objeto de desplazamiento forzado y apropiación material por parte de las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá', se lee en el acta de la Fiscalía en referencia a lo que sucedió en Tulapas, que cubre el Urabá antioqueño, el Urabá chocoano y Córdoba.
Allí entre 1994 y 1998, según documenta la Fiscalía, fueron asesinados, desaparecidos o amenazados los dueños de 128 predios. Hoy, el ente investigador advierte que las víctimas, que siguen siendo objeto de intimidaciones y asesinatos, no han podido retornar a sus tierras ni sus predios han sido restituidos.
En esta otra tragedia del despojo paramilitar Osorio Villadiego, como gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, jugó un papel fundamental al utilizar esta agremiación como un instrumento aparentemente legal en la compra de tierras para que los paramilitares se adueñaran de esas propiedades.
'El Fondo Ganadero de Córdoba, siendo gerente el señor Benito Osorio Villadiego, durante el periodo comprendido entre 1997 y 2007, fue instrumentalizado por las Autodefensas para consolidar sus políticas expansionistas mediante la adquisición de las tierras abandonadas y de las que fueron despojados material y jurídicamente sus dueños', afirma la Fiscalía.
Y sentencia que 'para desarrollar este plan criminal' en la cruzada paramilitar 'fue necesario establecer toda una estructura con la fuerza, capacidad, poder y logística suficientes para lograr el despojo jurídico en la región de Tulapas, pero también se requirió del concurso de las Autodefensas con servidores públicos y personas con alta posición de la sociedad cordobesa y vinculada a sus actividades económicas'.
Benito Osorio Villadiego, exgobernador de Córdoba.
El ‘guiño’ para llegar al Fondo Ganadero. Osorio no siempre fue cercano a los paramilitares. Según aseguró en una entrevista del 30 de julio de 2012 en la Unidad de Justicia y Paz, el extinto jefe del grupo de ultraderecha Fidel Castaño lo había declarado 'objetivo militar', por lo que tuvo que rogar por su vida, tras lo cual, paradójicamente, se hizo amigo de los Castaño, tanto que de hecho lograron fraguar juntos el gigantesco despojo en el noroccidente del país. Se estima que se apropiaron de 20.000 hectáreas.
Luego de este episodio, Benito Osorio fue elegido gerente del Fondo Ganadero de Córdoba en 1997 por el guiño de Sor Teresa Gómez –hermanastra de los Castaño y sentenciada a 40 años de cárcel por estos mismos hechos– y por orden de Vicente Castaño 'a través del Mono López (Jesús María López Gómez, exgobernador de Córdoba), quien tenía gran influencia sobre la junta directiva', dice la formulación de cargos.
Pero Osorio no era el único untado con la sangre del despojo, como lo ventiló en la indagatoria del 31 de enero de 2014, tras lo cual empezaron a darse las capturas de miembros de la Junta Directiva y funcionarios: '(...) por el propio Vicente Castaño, quien era mi amigo personal, me enteré días después de que el objetivo era comprar unas tierras para el Fondo Ganadero, y que dicha compra era un compromiso que había adquirido el presidente de la Junta Directiva, Benito Molina Velarde, con Vicente Castaño (…)'.
Como gerente del Fondo Ganadero, cuyos periodos eran de dos años, Osorio fue reelegido cinco veces, hasta 2007, cuando fue designado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez gobernador encargado de Córdoba.
Su periodo como mandatario fue el más breve que se recuerde en el Departamento: entre el 1 y el 17 de enero de 2007, porque por esos días se conocieron unas grabaciones que lo implicaron con grupos paramilitares, lo que le significó su separación del cargo.
Con anterioridad Osorio Villadiego había sido secretario de Gobierno de Córdoba, de 1995 a 1996, cargo desde el cual hizo público, en varias ocasiones, su respaldo a las AUC. Además a la Fiscalía le llamó la atención que en cumplimiento de esas funciones públicas 'a través de la prensa escrita reclamaba del Gobierno Nacional ayuda para atender a los desplazados del Urabá que llegaban a Córdoba, en particular de la región de Tulapas'.
El 15 de abril de 2010 en su contra fue expedida una orden de captura. Luego de un año en la clandestinidad se entregó en marzo de 2011 en Bogotá. Entonces decidió colaborar con la justicia.
Carlos Castaño, exjefe de las AUC, en una de las fincas donde se refugiaba con sus hombres.
El modus operandi: documentos y balas. La apropiación ilegal de predios comienza con la finca ‘La 52’, situada en la región de Tulapas, cuyo nombre originario parecería premonitorio: ‘El Engaño’.
Con el folio de matrícula 034-0004308 fue ‘comprada’ el 5 de octubre de 1996. Se trató de 'la primera propiedad en ser arrebatada a su legítimo dueño, Santander Osorio, amenazado y obligado a vender su terruño por Oliverio Álvarez, testaferro y cuñado de Luis Ángel Gil (primo de los Castaño Gil y cuyo número clave de comunicaciones era el 52), quien pagó un irrisorio precio a su legítimo propietario (45 millones de pesos) para luego vender la propiedad al Fondo Ganadero de Córdoba por más de 260 millones de pesos', detalla la Fiscalía.
Luego intensifican el desplazamiento y es cuando Sor Teresa Gómez 'a través de Marco Fidel Furnieles y Guido Vargas ubican a las víctimas, que son llevadas a Funpazcor –ONG fachada para el despojo– en Montería (…). Allí cada campesino firma un documento formateado donde le otorga poder a Gómez, facultándola a vender su predio al Fondo Ganadero de Córdoba. A cambio, el poderdante recibe el valor de hectárea asignado por la apoderada: entre 30, 50 o 100 mil pesos en efectivo (cuando el precio justo de la hectárea era de cerca de un millón de pesos), dinero que sacaba de una alacena y de tulas que reposaban en esas dependencias'.
Para la legalización de dicha transacción, señala la Fiscalía, 'el asesor jurídico del Fondo, Carmelo Esquivia Guzmán, contacta a su amigo Miguel Francisco Puche, Notario Tercero de Montería, quien autentica los poderes otorgados, algunos de ellos sin firmas y en ausencia de elementos de validez, y posteriormente el funcionario levanta escrituras de los negocios jurídicos'.
Pero, una vez se obtuvieron los poderes de los desplazados se encontraron con que algunos tenían problemas de legalización por falta de titulación o simple posesión de los propietarios. Entonces Sor Teresa Gómez –a quien había erigido el Fondo como la 'intermediaria' con los campesinos– 'solicita la colaboración de María Inés Cadavid Restrepo, jefe jurídica de adjudicaciones de baldíos del Incora Regional Antioquia (a quien le dieron 9 millones de pesos), y se acuerda entonces identificar y buscar de nuevo a los campesinos, pero solo a aquellos con legitimidad para solicitar adjudicaciones'.
De esta manera, el 13 de marzo de 1998, ‘La 52’ es objeto de convocatoria pero de los campesinos citados para firmar los formatos de poderes y de solicitudes de adjudicación 'elaborados por Cadavid, quien solicita la colaboración de la Notaria Única de San Pedro de Urabá, Lía del Carmen Hurtado, quien a sabiendas de la ilegalidad del negocio jurídico, levanta 40 escrituras', cita la Fiscalía.
De ese proceso en 1999 se habían legalizado 105 predios. Y como consta en el acta número 1107 de 1998, el Fondo Ganadero autorizó a Osorio a entregar dinero a Sor Teresa Gómez por sus labores de 'intermediación en legalización de tierras'.
Al respecto, Gómez –capturada en octubre de 2013– dijo a la Fiscalía, en declaración del 24 de enero de 2014: 'Me autorizaron (...) para que les ayudara a comprar esas tierras (…); ellos me dijeron a mí que era con el fin de entenderse con una sola persona y no con todo ese montón de campesinos'.
El ex gobernador, por su parte, contó, en indagatoria del 31 de enero de 2014, la labor que desempeñó Gómez en las apropiaciones ilegales: 'Siempre se habló, y debo manifestar que era un principio de los hermanos Castaño, que se debía respetar sus derechos a la población civil, aun cuando esto era un saludo a la bandera (…), y sin ella (Gómez) hubiese sido imposible comprar Tulapas (…), porque era la única persona que tenía el conocimiento de los pobladores como cercana a las Autodefensas, porque los campesinos habían sido objeto de varios desplazamientos y estaban en un estado de indefensión y de mucho temor' (sic).
Tierras de campesinos. El diagnóstico que hizo la Superintendencia de Notariado y Registro determinó que los 105 predios de Tulapas eran baldíos de la Nación adjudicados a campesinos por el antiguo Incora, hoy Incoder.
'Por lo tanto el Fondo Ganadero de Córdoba acumuló indebidamente predios inicialmente adjudicados como baldíos, en contradicción de lo establecido', concluyó la Superintendencia que halló que 76 predios fueron adquiridos mediante poder otorgado a Sor Teresa Gómez y que los picos de compras fueron en 1998 y 2000, años en los que 'autorizaron escrituras de compra el mismo día en que se inscribieron'. Las compraventas a favor del Fondo fueron realizadas en la Notaría Única de Carepa, la Notaría Única de San Pedro de Urabá y la Notaría Tercera de Montería, la mayoría en estas dos últimas.
De hecho, señala la Fiscalía, que 'importante fue la colaboración que recibió el grupo de ‘legalización de baldíos’ de parte de la notaria única de San Pedro de Urabá, Lía del Carmen Hurtado López, que registra la elaboración de 43 minutas de escrituras (…) y además reconoció haber asistido a la finca ‘La 52’, donde autenticó poderes de alguno campesinos, personas iletradas en venta de predios colindantes'.
Sor Teresa Gómez, arrestada en octubre de 2013.
Las tierras del Gobernador. El exgobernador Osorio no solo apropió tierras para el Fondo sino que él también sacó su parte: 400 hectáreas que englobó con el nombre de ‘El Halicarnazo’, folio de matrícula 140-115224, que ahora anuncia devolverá para restituir a sus víctimas.
El exjefe de las AUC Salvatore Mancuso 'se hizo, a través del testaferro Aram Asias Soler, a 22 predios en Tierralta, Córdoba, y estos predios desde 2007 pasaron a nombre de Osorio, quien los englobó con el nombre de ‘El Halicarnazo’, de donde fueron desplazadas las víctimas entre 2000 y 2001'. En total allí fueron 23 los predios despojados, con extensiones de entre 9 y 103 hectáreas, y fueron escriturados con nombres como ‘No hay como Dios’, ‘Cielo azul’, ‘El desarrollo’, ‘No pensaba’ y ‘La sierrita’.
Este proceso, realizado por Osorio el 18 de diciembre de 2007 en la Notaría Única de Ciénaga de Oro, Córdoba, de acuerdo al documento jurídico, tiene irregularidades como que no existe colindancia entre las unidades inmobiliarias, los linderos estipulados no tienen el área real y el comprador tomó posesión de bienes que no adquirió.
Benito Antonio Osorio, veterinario de profesión y de 59 años de edad, está preso en la cárcel de Corozal, Sucre. Se acogió a sentencia anticipada ante el Fiscal 41 de la Dirección Nacional de Análisis y Contexto, Dinac, por los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos agravado; deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil; destrucción y apropiación de bienes protegidos y testaferrato.
En la formulación de cargos, en la que estuvo presente el Procurador 133 Penal Judicial II, la defensa de Osorio, en cabeza de Gustavo Arbeláez Naranjo, pidió su libertad o la detención domiciliaria en contraprestación a que el exgobernador contó lo que sabía, ofreció devolver los bienes y porque, según examen de Medicina Legal, padece una supuesta enfermedad psiquiátrica considerada 'incompatible con la vida en una reclusión formal'.
El despacho de la Fiscalía le contestó que se pronunciará frente a esta solicitud más adelante, pero que, por ahora, el exmandatario seguirá preso.
Capturas por lo que contó Osorio
Por el ‘ventilador’ de Osorio, a principios de febrero pasado fueron capturados en el barrio El Recreo, de Montería, varios miembros del Fondo Ganadero de Córdoba: el mexicano Benito Molina Velarde, accionista mayoritario y miembro de la Junta Directiva; Carmelo Esquivia, abogado; Carlos Sotomayor, actual gerente del Fondo; Orlando Fuentes Hessen, miembro de la Junta (a quien se abstuvieron de dictarle medida de aseguramiento) y el notario de Montería Miguel Puche Yáñez. También fueron asegurados María Inés Cadavid Restrepo, exfuncionaria del Incora; Guido Manuel Vargas López y Marco Fidel Furnieles Salgado. Se abstuvieron de dictar medida en contra de Luis Gonzalo Gallo Restrepo y de Lía del Carmen Hurtado López.
DESPLAZADOS SIGUEN AMENAZADOS: FISCALÍA
En la formulación de cargos al exgobernador Benito Osorio, la Fiscalía General puso de presente que las 128 familias expulsadas de Tulapas y ‘El Halicarnazo’ siguen desplazadas y despojadas porque por las amenazas no pueden regresar a sus tierras y estas no les han sido devueltas.
En Colombia los reclamantes de tierras son blanco de los denominados ejércitos antirrestitución y los nuevos ‘dueños’ de sus predios, por eso desde 2008 han sido asesinados cerca de 65 de ellos.
Uno de los crímenes más recordados de los líderes de víctimas fue el de Yolanda Izquierdo, a quien mataron el 31 de enero de 2007 en la terraza de su casa del barrio Mi Ranchito, en Montería, y por el que precisamente condenaron a Sor Teresa Gómez.
Ana Fabricia Córdoba, a quien mataron en junio de 2011 tras desplazarla y asesinarle a su esposo y a su hijo, es otro caso emblemático de la violencia contra los reclamantes de tierras en Urabá.
Aunque la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada por el Congreso de la República y sancionada por el presidente Juan Manuel Santos el 10 de junio de 2011, fue concebida para devolverles a las víctimas sus predios si el despojo o el abandono fue a causa del conflicto armado, Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, ha reconocido que les han regresado sus propiedades a cerca de mil familias, cuando el objetivo en el primer cuatrienio del actual gobierno era de 160 mil.
La Ley de Víctimas rige hasta el 2021, año en el que la restitución de tierras debe haber beneficiado a 360 mil familias.
