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Cabo Verde calienta motores para extradición de Alex Saab

Se conocieron imágenes del empresario colombiano ingresando a un centro médico en Cabo Verde, donde examinarían su salud para su posible traslado a EU

Todo apunta a que la extradición de Alex Naím Saab Morán está más cerca que nunca. De hecho, ya Cabo Verde empieza a dar los últimos pasos en lo que le compete para enviar al colombiano a Estados Unidos para que responda por las acusaciones de lavado de activos a favor del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

En imágenes reveladas por medios de comunicación caboverdianos, se conoció este jueves que el empresario barranquillero estaría siendo sometido a rigurosos exámenes médicos para, a partir de los resultados, continuar con el proceso de extradición que el Gobierno de Cabo Verde aprobó el pasado 14 de julio. En los videos publicados se puede ver a Saab, de 48 años, llegar esposado a lo que parece ser un centro médico, en una camioneta de color blanco y escoltado por al menos ocho hombres fuertemente armados.

Este paso en el proceso contra Saab –que inició luego de su captura en el Aeropuerto Amilcar Cabral de la Isla de Sal el 12 de junio– se conoce el mismo día en el que se vence el plazo para que la defensa del colombiano radicara en el Tribunal de Apelaciones de Barlavento (Cabo Verde) un recurso contra la decisión del Gobierno que avala la extradición, conforme a lo que había explicado el abogado José Pinto Monteiro.

Hasta el momento, no se conoce de ningún recurso interpuesto por la defensa de Saab, pero eso no significa que no se siguiera presionando para evitar su extradición. Según lo aseguró el abogado caboverdiano Arnaldo Silva, el Gobierno venezolano lo contactó para asistir en el caso, pero el mismo jurista le informó que no era posible, pues la legislación del país africano “no reconoce que el Gobierno de Venezuela tenga un interés directo o inmediato en el proceso”.

Silva reveló que fue contactado directamente por el bufete de abogados Abreu, de Portugal, que actuaba en nombre del poder ejecutivo de Caracas, al que, aseguró, le explicó claramente que “Venezuela no tiene legitimidad para ningún tipo de intervención en el proceso”.

Antes se había advertido que otro de los miembros de la defensa de Saab, el abogado español Baltasar Garzón, planea llevar ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya el caso de la captura del “diplomático venezolano” en el país africano. Esto lo haría alegando “la violación de la inmunidad jurisdiccional de Saab como enviado especial de Venezuela”.

Ante ello, el Gobierno de Cabo Verde, representado por el primer ministro Ulisses Correia, dijo que “en el momento correcto Cabo Verde hará algún comentario” ante La Haya. Además, todavía haría falta que un Tribunal de Cabo Verde dé el último aval para la extradición.

¿Colaborador?

Horas después de que se conociera sobre los exámenes previos a la extradición de Saab, el portal venezolano Primer Informe aseguró que una fuente de la Fiscalía de Miami les reveló que el detenido llevaría varias semanas dialogando con agentes federales de EE. UU. y suministrando información que ha sido “motivo de festejo”. De acuerdo con ese medio, desde su captura, federales contactaron a Saab y lo visitaron dentro de los recintos carcelarios donde ha estado confinado de manera preventiva.

En estas visitas, aseguró la fuente, Saab habría estado brindando información clave para que su proceso judicial cambiara a su favor y se avanzara en un acuerdo como testigo protegido. Para garantizar la cooperación, los federales norteamericanos le habrían pedido a Saab un adelanto de las pruebas que tiene, producto de la década de relaciones de negocios que ha sostenido con los Gobiernos venezolanos de Chávez y Maduro.

Como resultado, “el empresario suministró información detallada para identificar transacciones financieras y operadores vinculados al régimen de Nicolás Maduro”, indicó Primer Informe.

Estas pruebas serían tan solo una pequeña parte de las “toneladas” de información que tendría Saab, la cual estaría dispuesto a proporcionar para desentramar la red de corrupción en Venezuela, a cambio de beneficios jurídicos.

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