El gobierno de Daniel Ortega volvió a impedir la realización de procesiones de Semana Santa en espacios públicos, decisión que se repite por tercer año consecutivo de cara a 2026 en Nicaragua.
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En medio de un amplio despliegue de seguridad y múltiples denuncias de hostigamiento, numerosas actividades religiosas tradicionales han sido suspendidas, en un contexto que ha sido descrito como un estado de “templo por cárcel”.
La disposición impacta directamente celebraciones emblemáticas como el viacrucis y otros recorridos de carácter religioso que suelen desarrollarse durante esta época.
Además de comunicar las restricciones, la Policía Nacional mantiene vigilancia constante en los templos para evitar concentraciones. Para ello, se contempla la movilización de entre 13.000 y 14.000 uniformados en áreas cercanas a las iglesias.
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El efecto ha sido especialmente fuerte en zonas como Matagalpa, donde parte del clero ha optado por abandonar el país en medio de la coyuntura actual.
Las limitaciones impuestas durante la Semana Santa forman parte de un escenario más amplio de tensiones entre el Ejecutivo, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, y la Iglesia católica, que se ha intensificado desde 2018.
Por otro lado, según Infobae, la abogada nicaragüense, Martha Patricia Molina, quien sigue de cerca la situación de la libertad religiosa en el país, manifestó que: “la Semana Santa de este 2026 se va a vivir con las mismas condiciones en que se han celebrado las anteriores: bajo amenaza, bajo asedio y bajo vigilancia completa en cada una de las actividades religiosas. Pero, además, en estos últimos días, la Policía se ha puesto más incisiva con los sacerdotes. Les pide más información”.
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Y añadió que “por ejemplo, les pregunta cuántas personas asisten a una procesión. El cura, obviamente, en ese momento no está con el tiempo ni con la posibilidad de ponerse a contar uno por uno a los fieles. Entonces tiene que dar una cifra al tanteo”.
Asimismo, agregó que “también le exigen que diga cuál es el objetivo de la actividad religiosa que están desarrollando, cuántas horas va a durar, qué temas se van a abordar y por qué la están haciendo”.
De acuerdo con Molina, este nivel de exigencia no se registraba en años anteriores. “Sí llegaba la Policía, sí asediaba, sí tomaba fotos, sí grababa videos, como también lo hace ahora. Pero no pedía de forma tan exhaustiva ese tipo de información. Ahora sí”.
Finalmente, según datos recopilados por la jurista indican que entre 2019 y julio de 2025 se han prohibido 16.564 procesiones y actividades religiosas. Asimismo, desde 2023 las restricciones pasaron de ser selectivas a generalizadas, obligando a la Iglesia a limitar sus celebraciones “a lo interno de cada templo”.
