Tan solo 8 meses pasaron desde la primera visita en la que el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, regresó con resultados a la comunidad Arhuaca, en Nabusímake, Sierra Nevada de Santa Marta, de la mano de la Comisión Indígena, creada para atender las diferentes afectaciones de las comunidades indígenas en el país.
Fueron 6 puntos específicos en los que las autoridades indígenas solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la Nación. El primero se agrupó en diferentes denuncias hechas por la comunidad que incluían homicidios y desplazamientos por grupos armados; el segundo, la tentativa de homicidio contra el Cabildo Gobernador en el 2012; el tercero, el esclarecimiento de los hechos que llevaron al asesinato de tres líderes en los años noventa; el cuarto, hace referencia a la limpieza de sus territorios; el quinto, a las afectaciones al medio ambiente, y el sexto tiene que ver con delitos contra la administración pública.
Sobre las denuncias presentadas por la comunidad, y con la revisión de los 32 casos priorizados, 23 fueron asignados a la dirección Seccional del Cesar, 5 se encuentran asignados a la dirección de Derechos Humanos, con sentencias anticipadas en contra de grupos al margen de la ley, y se obtuvieron 11 confesiones por los paramilitares en versiones libres.
En cuanto a la tentativa de homicidio a Rogelio Mejía, el Cabildo Gobernador de la época, la Fiscalía capturó a dos personas, entre los cuales uno era concejal, quienes fueron asegurados por la presunta comisión de los delitos de homicidio en la modalidad de tentativa y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.
Sobre el homicidio de los líderes indígenas en los noventa 'resultaron dos hipótesis: una que se le hubiera dado muerte a los indígenas como supuestos líderes de su comunidad y dos que subiese podido causar la muerte por problemas de tierra. Después del arribo del material probatorio se logró la condena de una persona por estos hechos.
Posteriormente se entrevistaron a las autoridades indígenas de la época de los hechos, así como el gerente del Incoder para establecerse si existía algún problema de tierras o no, donde la Fiscalía pudo establecer que para la época, 'la etnia Arhuaca nunca había tenido problemas de tierra con los colonos, por el contrario el incora les adquirió terrenos para efectos de ampliar su resguardo indígena'.
Actualmente el proceso está en la Dirección Nacional de Derechos Humanos, donde se estudia la viabilidad de declararlo delito de lesa humanidad.
Acerca de la limpieza de los territorios indígenas de acuerdo con las denuncias de la comunidad, las hipótesis que se manejaban en este caso era que se encontraban restos humanos, caletas o almacenamiento de armamento en sus territorios sagrados, lo cual no permitía el ejercicio de prácticas ancestrales. La Fiscalíaa verificó 25 puntos, con trabajo de exhumación en cada uno de los lugares señalados, principalmente en los sectores de Pao Señora, Cuesta Plata y el Mirador.
Si bien no se hallaron restos humanos, se encontraron elementos que evidenciaron que existieron campamentos de grupos al margen de la ley en su territorio.
Otra de las problemáticas presentadas en la Sierra Nevada de Santa Marta fueron las denuncias relacionadas con la construcción de Puerto Brisas, el terminal Marítimo en Dibulla; y la represa Ranchería, ambos en La Guajira.
Por estos hechos, la Comisión Indígena se concentró en dos etapas. La primera consistía principalmente en identificar cuáles eran las principales afectaciones del pueblo Arhuaco. El trabajó con expertos estableció dos megaproyectos multipropósito que limitan todas las prácticas ancestrales y culturales de la comunidad, como el daño medio ambiental y físico a los pobladores.
La segunda fase se concentró en la asignación de las denuncias, las cuales quedaron asignadas al Eje Temático de Delitos Contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, donde se destacó un fiscal especializado y un equipo de trabajo de Policía judicial quienes se encargan de dar un impulso estratégico a esa investigación.
Finalmente se solicitó la asunción del seguimiento a las investigaciones relacionadas con los delitos contra la administración pública, donde se afecta el patrimonio de las comunidades arhuacas.
Actualmente hay cinco casos que corresponden a situaciones de malos manejos administrativos en relación con los recursos que le corresponden a la población indígena en la localidad de Pueblo Bello, para lo cual se delegó un fiscal especializado de la Unidad de Administración Pública, en la Seccional del Cesar, junto con personal capacitado de la Subdirección de Policía Judicial del CTI y ya se han adelantado actividades investigativas.
Sobre la visita el Vicefiscal afirmó que 'ha sido un trabajo muy exitoso de sensibilización de la Fiscalía frente a la población indígena, pero sobretodo de ayuda y de acceso la justicia a esas comunidades esta zona del país'.
Sobre el futuro de esta investigaciones Perdomo aseguró que 'quedan algunas inquietudes, algunos casos importantes que debemos sacar adelante desde la dirección Seccional del Cesar, con los fiscales que hemos destacados, con la Dirección de Análisis y Contextos y la Dirección de Fiscalías Nacionales. Vamos a seguir trabajando intentando traerle a la comunidad Arhuaca justicia'.
