El Tribunal Administrativo del Magdalena condenó al Estado por una masacre perpetrada en 2006 en zona rural de Fundación, en la que resultaron víctimas nueve personas, cuatro de ellas ejecutadas en medio de ‘falsos positivos’ y el resto desaparecidas, incluyendo una niña de tan solo 6 años. El fallo conocido por EL HERALDO fue emitido el 21 de marzo pasado.
En el documento se relata: 'El 28 de febrero de 2006, poco antes de la desmovilización del Bloque Norte, en la finca ‘La Reserva’, en el caserío de La Trocha, municipio de Fundación, por orden del exjefe de las AUC, alias Tomás, fueron secuestrados cinco hombres y tres mujeres, además de una niña, a quienes torturaron y ejecutaron extrajudicialmente a cuatro de ellas y las restantes están desaparecidas'.
Las víctimas fueron identificadas como José Palacios, Arnulfo López, Erneison Lopera, Jorge Polo, Gustavo Espinosa, dos personas sin identificar, pero individualizadas como María -pareja de Erneison- y ‘La India’ -compañera de Arnulfo, así como la menor. Y otra víctima que permanece desaparecida.
La condena
Los seres queridos de la víctima López Gámez demandaron una reparación por los hechos y el Tribunal del Magdalena les dio la razón. Los demás familiares de las otras víctimas están en espera de que la justicia se pronuncie frente a sus casos.
'Con ocasión a la muerte violenta e inhumana que sufrió el señor José Arnulfo López Gámez, a manos de miembros del Ejército, se condena a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, al pago de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($78 millones) a la madre e hija de la víctima y 50 smlmv ($39 millones) a los siete hermanos'.
Y por perjuicios inmateriales, por afectación relevante a bienes, y derechos convencional y constitucionalmente amparados, se condenó al Estado al pago de otros 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la madre e hija de la víctima. A esta última, como quiera que dependía del trabajo de su padre, también se le dispuso un pago de $135 millones por lucro cesante.
AUC y Ejército
El 8 de abril de 2014 el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Santa Marta de Descongestión, en fallo también revelado por este diario, condenó a 40 años de prisión al sargento del Ejército Hárold Cuarán, y a 38 años a los soldados Ernesto Murillo, Carlos Díaz y Geovanny Quintero, por homicidio en persona protegida, desaparición forzada, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público.
La ‘colaboración’ entre paramilitares y militares se dio cuando autodefensas al mando de César Viloria, alias Siete Uno; Wilfrido Yance, alias Tomás; Oreste González, alias El Enano; Andrés Gutiérrez, alias Casildo y Omar Martínez, alias Maicol, tras torturar y asesinar a cuatro de las víctimas, incluyendo a la niña, entregaron los cadáveres y a las otras cinco personas vivas al Ejército.
Dos de las víctimas que estaban vivas fueron presentadas luego como muertas en combate en Aracataca, Magdalena y otras dos víctimas vivas también fueron presentadas como muertas en combate, pero esta vez en Zona Bananera.
Mientras tanto, la quinta víctima que fue entregada viva por los ‘paras’ a los uniformados está desaparecida.
'No lo parí pero lo crié'
Elvira Penagos, madre adoptiva de Arnulfo López Gámez, le dijo a EL HERALDO: 'es tremendo lo que hicieron y ahora desgraciadamente las cosas no son tan fáciles y a uno se le baja el ánimo'. Penagos, de 67 años, tuvo 13 hijos y dos más también fueron víctimas del conflicto. 'Yo a él no lo parí, pero lo crié y luché por él, por eso me duele', narra la madre de la víctima, quien se había ido al lugar de los hechos buscando trabajo y una vida mejor.
