
Los jubilados de las extintas Empresas Públicas Municipales de Barranquilla volverán a recibir la prima convencional de la que disfrutaban hasta que el 1 de julio de 2008, el Distrito dio a conocer, a través de un comunicado de prensa, que ese pago no seguiría siendo reconocido.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que decretó la nulidad de la decisión del entonces alcalde Alejandro Char, quien al considerar que esa prerrogativa que los jubilados venían recibiendo desde hacía 16 años no tenía soporte legal.
La demanda de simple nulidad fue promovida por los señores Napoleón Sossa y Alfonso Sandoval, en nombre propio y en procesos separados, que posteriormente fueron acumulados.
En 1990, el sindicato de las EPM pactó la Convención Colectiva de Trabajo con la extinta Empresas Públicas Municipales de Barranquilla, estableciéndose en el artículo 20 la prima para jubilados, que consistía en el pago de 15 días de salario a cada uno de ellos.
En concepto de los magistrados Judith Romero, Óscar Wilches y Luis Eduardo Cerra, no le era permitido al Alcalde proceder a la supresión del pago de la Prima para Jubilados, que venía siendo cancelada en virtud de la convención colectiva, obligaciones que fueron asumidas por el Distrito al desaparecer de la vida jurídica las EPM.
La demanda fue presentada contra un acto ficto o presunto, ya que se desconoce el acto administrativo que ordenó la suspensión. De acuerdo al expediente, ambos demandantes presentaron ante la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía, derechos de petición solicitando la gaceta donde se hubiese publicado el acto administrativo, Decreto o Resolución de que trata el comunicado de prensa Nº 195 del 1º de julio, pero en ninguno de los dos casos recibieron respuesta.
En cuanto a la actuación procesal del Distrito, se dice que este contestó la demanda de manera extemporánea.
Tras conocer la decisión, los jubilados se declararon a la expectativa del pago de las 5 primas que han dejado de recibir (una anual desde 2008), cifra que superaría los $ 10 mil millones, según versiones extraoficiales.
Modesto Aguilera, entonces secretario Jurídico del Distrito, dijo en diálogo con EL HERALDO, desconocer los alcances de la decisión judicial.
Por Marly Obredor Salazar