Una cruz cargan sobre la espalda varios sacerdotes católicos en esta Semana Santa, un doliente económico que los tiene con el padre nuestro en la boca.
Se trata del pago de un impuesto que ellos deberán cancelar a la Secretaría de Movilidad, por valor de $63.000, cada vez que salgan en procesión por alguna calle barranquillera, nada más común en estos ‘días santos’.
Aquello no es más que el cumplimiento de lo que establece el Estatuto Tributario de Barranquilla, en su artículo 172, que señala que por cada permiso por un 'cierre de vía por obra o evento', hay que pagar 3 smldv al despacho de movilidad.
Frente a esto, dos posibilidades les queda a los sacerdotes y a la feligresía: o pagan el permiso o realizan la procesión dentro del templo.
El que puso el dedo en la llaga fue fray Gustavo Ortiz, encargado de la Iglesia San Francisco de Asís, quien en la misa del Domingo de Ramos, pidió a su feligresía 'orar por la Alcaldesa para que tome conciencia de su ser de cristiana católica'. Señaló que es la primera vez que el Distrito hace tal cobro que lesiona las finanzas de su parroquia.
El religioso explicó que el costo de las cinco procesiones es de $600.000. Según explicó, de este dinero, $180.000 son por concepto de un seguro y$63.000 por cada una de las procesiones. Además, la Defensa Civil les cobró $80.000. Señaló que 'es algo ilógico porque las parroquias vivimos de la ofrenda de los fieles'.
Reclama que la Secretaría de Movilidad ofrece una cantidad de garantías 'que no vemos'. Por ejemplo en el recorrido del Domingo de Ramos no estuvo la Defensa Civil, sino los policías bachilleres 'quienes nos prestaron un buen servicio'.
El sacerdote explicó que las procesiones programadas son las de Domingo de Ramos, Viacrucis, la del Santo Sepulcro, la Dolorosa y la de la Resurrección, con la que culmina la Semana Mayor.
Al término de la Misa Crismal, monseñor Jairo Jaramillo, arzobispo de Barranquilla, se mostró molesto y pidió a los curas párrocos de la arquidiócesis que para hacer las procesiones no se presten a cancelar nada, incluyendo algunas cuotas de seguridad social, o para Defensa Civil, Cruz Roja, o seguro de salud.
Sobre el cobro de Movilidad, sostuvo que es la primera vez que escucha semejante 'adefesio que estén cobrando esto'.
Monseñor agregó que conversó con el brigadier general José Vicente Segura, comandante de la Policía metropolitana, quien puso a su disposición el cuerpo de agentes en las diferentes procesiones para garantizar la seguridad.
Ángela Herrera, secretaria encargada de Movilidad del Distrito, se mostró extrañada del reclamo del fray Ortiz, porque este impuesto 'se viene cobrando desde el año 2008'.
'Todo tipo de evento, sea religioso, recreativo, cultural, que tengan que ver con cierre de vía, deben pagar una tasa de $63.000 ', dijo.
La funcionaria agregó que el área de Gestión de Ingresos está cobrando estos recursos a todo aquel que solicite cierre vial por eventos y que esta dependencia se compromete en hacer acompañamiento operativo con la Policía de Tránsito.
Monseñor Víctor Tamayo se mostró sorprendido por el cobro del tributo a la parroquia San Francisco, al tiempo que hizo un llamado a la Alcaldesa y a los encargados de Movilidad para que no impidan la realización de las procesiones con el cobro de este impuesto.
'Si al Bosque le cobran $600.000 por las procesiones de dónde va a sacar el párroco esa plata', dijo.
'Uno avisa a Movilidad porque naturalmente tienen que desviar el tráfico, pero es la primera vez que oigo que cobren $600.000 por un permiso para sacar cinco procesiones' .
La alcaldesa Elsa Noguera manifestó que ella y su familia es muy católica, que es muy creyente y todos sus proyectos se los encomienda a Dios, pero las procesiones como concurren muchos ciudadanos su deber como Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos y el orden de la ciudad.
'No queremos impedir nada. Lo que queremos es facilitarle a la iglesia y a los ciudadanos que sigan con sus tradiciones religiosas. Creo que se trata de un mal entendido'.
EL HERALDO conoció que los funcionarios del Distrito se reunieron anoche para realizar una colecta con el fin de reunir los $600.000 que debe pagar el párroco de San Francisco por las cinco procesiones.
El secretario de Hacienda del Distrito, Raúl Lacouture, explicó que el Estatuto Tributario señala que para el cierre de vía hay que pagar una tasa de $63.000 por cada permiso. 'Eso viene reglamentando desde el año 2008 y nunca hemos tenido ningún tipo de problema porque es legal, se cobra es por cierre de vías, por obras o eventos y lo paga todo el que pide permiso'.
El sociólogo Miguel Ángel Hernández indica que este cobro no atenta contra la tradición religiosa del país. 'El hecho que la iglesia católica sea mayoritaria en fieles, no quiere decir que tiene derechos especiales', sostuvo.
Explica que las concentraciones significan problemas de movilidad para la ciudad y la administración tiene que desplazarse para compensar esas dificultades y eso genera costos.' Si se tratara de Mompox o Popayán, donde las procesiones le dan identidad a la ciudad, yo creo que en esos casos no es permitible el cobro. Pero en el resto, aplica de lo público a lo privado'.
Reafirman requisitos
El Comité de Prevención, Vigilancia, Seguridad y Control del Distrito reafirmó que toda persona natural o jurídica, o institución pública o privada, interesada en la realización de eventos públicos deberán cumplir con los requisitos legales establecidos en las normas vigentes. El comité informó que para la actual temporada de Semana Santa, cuatro organizaciones religiosas, de las cuales tres católicas, han solicitado permisos para procesiones y a todas ellas se les pidió cumplir con los requisitos contemplados en la normatividad, incluyendo costos mínimos establecidos en las mismas normas. El Comité advirtió que todo evento público debe contar con un plan de contingencia y que las autoridades distritales están en la obligación de exigir su cumplimiento .
