Sandra Morelli Rico, contralora General de la Nación, durante la entrevista a EL HERALDO.Dentro de sus funciones de vigilar y hacer control a los recursos públicos que se han dispuesto para desarrollar las políticas públicas del sector salud en el país, en este momento la Contraloría General de la Nación adelanta casi 700 procesos en toda Colombia, que suman una cifra cercana a los 8 billones de pesos.
En estos se han detectado varias formas de desvío de los recursos, lo que demuestra que, a pesar de la gran cantidad de dinero que se disponen para garantizar una adecuada prestación de servicios de salud, al usuario final le está llegando en servicios sólo una pequeña parte.
Sandra Morelli Rico, jefe del ente de control, en entrevista a EL HERALDO dijo que los procesos corresponden a la vigencia del 2010. En Atlántico, los hallazgos fiscales suman $322 mil 772 millones.
¿Cómo avanzan las investigaciones en el tema de corrupción en el país?
La corrupción en Colombia tiene que ver con la debilidad del concepto de lo público. El interés público ha ido cediendo al interés particular cada vez más y por lo tanto es casi que por cualquier método que hay apropiación privada de recursos públicos, o que el Estado sea el que postule y defiende los intereses de los particulares a expensas del interés público y colectivo, y finalmente eso es la corrupción. Agréguele que para provecho propio de un tercero, que es donde está el dolo, y ahí simplificamos el concepto.
¿Qué hay en materia de salud?
El tema de la salud nos afecta a todos porque tiene que ver con un derecho fundamental bastante trascendente para la especie humana, que es ni más ni menos que la vida, finalmente es un tema de violación de derechos humanos. Este ha sido un trabajo muy extenso de la Contraloría para descubrir que había una red de reglamentaciones y decisiones administrativas que querían desconocer el carácter público de los recursos de la salud. Fue importante ser perentorio con quienes sostenían esa tesis de que el recurso se privatizaba una vez estaba en manos de los operadores y por lo tanto podían hacer y deshacer, y recordar cuál era el mandato constitucional, el mandato legal de la propia Ley 100 y como todas estas resoluciones, decretos, etc, finalmente eran espurios y, por lo tanto generaban detrimentos patrimoniales inmensos como los que hemos venido denunciando, persiguiendo y recuperando en términos de recursos.
¿Qué fallos han salido sobre este tema?
Hay fallos importantes como el del Procurador frente a Saludcoop, el del Consejo de Estado frente a alteración vertical y compra de inversiones que las ponen a nombre propio cuando son recursos de la salud, y los fallos de la Corte Constitucional, que luego son objeto de autos de seguimiento, en los que estamos muy comprometidos porque cada tres meses tenemos que hacer reporte a nuestras actuaciones.
¿Cuántos procesos lleva la Contraloría sobre desvíos de recursos de la salud?
Tenemos casi 700 procesos en todo el país, esos procesos tienen que ver con desvíos de los recursos de la salud desde la propia formulación de la UPC, la Unidad Per Cápita, tenemos certeza que está sobredimensionada y no se hace un costeo real de cuánto cuesta una aspirina y cuál es el precio razonable, sino que tomamos lo que se ha gastado en salud, que incorpora todo este desvío de recursos, o sea que incorpora la corrupción, y con eso hacemos un cálculo totalmente matemático con un IPC privilegiado y el incremento de esos recursos que se reparten para la atención en salud, se multiplican geométricamente sin ningún tipo de relación con la realidad material de lo que deberían ser los precios.
¿Llevan procesos por sobreprecio en los medicamentos?
Hay procesos por sobreprecio de medicamentos y particularmente en este momento hay una orden perentoria de la Corte; sin embargo, no se adoptaron medidas en ese sentido. Tenemos ejemplos de casos donde por el contrario, el Invima ordena que el genérico debe costar lo mismo que el medicamento importado de un laboratorio y está en el POS y vemos una especie de focalización en donde se ponen los controles de los precios, de tal manera que la intermediación sigue impunemente agregando costos no justificados.
Cuando se refiere a los 676 procesos, ¿ cuántos recursos habla?
Ocho billones de pesos para el período que tenemos competencia y lo que alcanzamos a hacer. Nosotros tipificamos cuáles eran los desvíos de los recursos, empezamos por la formulación de la UPC, examinamos todos los sobrecostos, las prácticas de recobro, la plata que se pierde en las transferencias de la Nación a las entidades territoriales, las platas muertas en las cuentas maestras a nivel territorial, la plata de la prevención, la plata que se gira a los hospitales, las ineficiencias y la falta de sinergia entre hospitales y clínicas, la forma como se ha vendido la red pública a precios irrisorios al sector privado, el chance, y las licoreras.
Comparado con el resto del país, ¿cómo está el Atlántico en el tema de salud?
La salud del Atlántico es preocupante, tiene municipios de alto riesgo, aunque hay que reconocer que la salud tiene mejor cobertura e incluso mejor calidad que en otras partes del país. Pero Soledad baja mucho los indicadores. Barranquilla priorizó, hizo un esfuerzo, salió carísimo, pero al menos lo intentó, es que la indiferencia extrema en el resto del país es grande. Barranquilla hizo la unificación de regímenes.
¿La desaparición de las EPS contemplada en la reforma a la salud contribuye a que el sistema mejore?
La primera impresión es que cambian de nombre, como que se rehabilitan, y además se les quita la obligación de reaseguramiento y creo que quedan en el mejor de los mundos.
¿La posibilidad de que sean las administraciones regionales quienes manejen más recursos es bueno o es malo?
Teóricamente es muy bueno, lo que pasa es que cuando decidimos hacer descentralización y autonomía no podemos ignorar la obligación de tener instituciones fuertes, es decir invulnerables, porque tienen los procesos claros, porque tienen funcionarios profesionales e independientes del interés económico, político, cuando además el Estado les ofrece seguridad. De tal manera que el funcionario no siente que su vida está en peligro si no accede a ciertas presiones, etc. Cuando usted va a determinadas partes del país y se da cuenta de que solo hay Policía y Ejército, y que todo los demás somos un remedo de institución, es evidente que por más valeroso que sea el Secretario de Salud va a estar muy solo en la tarea de aplicar y cuidar bien esos recursos. Teóricamente estaría perfecto y eso tenemos que acompañarlo si queremos que este país realmente cumpla el mandato constitucional y entre otras tenga paz, con el fortalecimiento institucional regional.
Exactamente, porque no venían cumpliendo con ello, fue que se les quitó a las entidades departamentales, y municipales el manejo de los recursos...
Creo que hay una presunción de que el Estado Central lo hace mejor, pero eso tampoco nos lo ha comprobado el Estado Central. No porque hemos centralizado de facto y en contra vía con la Constitución muchísimos recursos, planes y programas. El ejemplo perfecto es el tema de los planes departamentales de agua, que fueron una manera de establecer una política única, una forma única de ejecución, un sistema de beneficios de sinergias para las entidades de aguas territoriales y lo que vimos ahí fue una figura desde el punto de vista presupuestal que endeudó a las entidades territoriales, que tuvieron que pagar costos altísimos y que se devolvieron a la Contraloría más de $63 mil millones de lo que habían recibido por pago de gestión no hecha, vemos que en la formulación de los proyectos había corrupción y todo estaba centralizado y no hubo acueductos ni se cumplió el cometido.
Reforma a la salud
Para la Contralora General de la Nación, la reforma a la salud que el Gobierno presentó al Congreso en nada contribuye a mejorar el sistema. Morelli afirmó que, si bien aún no se ha generado la posición formal de la entidad con respecto al texto completo de la propuesta porque lo están revisando, “es preocupante que se esté desconociendo lo que ha dicho la Corte Constitucional a través de varias sentencias y el mismo Consejo de Estado sobre la naturaleza pública de los recursos de la salud, situación que se expresa al final del literal ‘X’ del artículo 4 del proyecto. Esta propuesta desconoce suficiente jurisprudencia al respecto y recientes fallos de los altos tribunales de la Justicia colombiana sobre la naturaleza pública de los recursos que hacen posible la operación del sistema de salud”.
Por Leonor De la Cruz
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