Ricardo Rosales, gerente de Ciledco.El gerente de Ciledco, Ricardo Rosales, amenazó con trasladar la sede industrial de la compañía desde Barranquilla a otro municipio del Departamento, por lo que calificó como una persecución y un cobro indebido del Impuesto de Industria y Comercio por parte del Distrito.
Según el empresario, esta propuesta, que implica una modificación de los estatutos, será puesta a consideración de los socios en la Asamblea General que se realiza hoy, ya que no están de acuerdo con la posición de la Alcaldía.
Señaló, durante una conferencia de prensa, que la deuda por concepto de este gravamen asciende a los $2 mil millones y que como opciones para el traslado han considerado a los municipios de Tubará o Puerto Colombia.
“Desde hace muchos años el Distrito de Barranquilla, venía reconociendo por la comercialización de la leche que hacemos las cooperativas, la exoneración del impuesto de Industria y Comercio, en cumplimiento de un fallo del Consejo de Estado desde hace 15 años”, dijo Rosales.
Precisó que siempre se ha respetado este fallo del Consejo de Estado y que en virtud del mismo vienen recibiendo exoneración cada año.
Pero manifestó que en esta ocasión el Distrito “hizo reliquidación con los años 2009, 2010, 2011 y 2012 y mandó una comisión para revisar los libros y balances; la comisión que vino dijo que como cooperativa teníamos razón y presentaron un anteproyecto exonerándonos pero él (el gerente de gestión de ingresos del Distrito) dijo que eso no le servía y que había que sancionarnos”, agregó Rosales.
Sobre estas declaraciones, la alcaldesa Elsa Noguera dijo: “esos son asuntos que se están revisando. No conozco en detalle, ya hablaremos con Fidel Castaño, pero no creo que se vayan de Barranquilla. Realmente, no conozco los detalles del conflicto”.
Por su parte, Fidel Castaño, el gerente de gestión de ingresos del Distrito, al ser consultado por EL HERALDO, sostuvo que no es política del Distrito ni de la Administración de Impuestos el perseguir a los contribuyentes, y que todas las actuaciones que se han realizado en este proceso se encuentran dentro del cumplimiento de las normas.
“Estamos totalmente seguros y claros de la legalidad de nuestras actuaciones y consideramos que este tipo de diferencias se resuelven en un tribunal” precisó Castaño.
Recordó que el diciembre de 2012 se hizo un fallo de recurso de reconsideración que fue contrario a la cooperativa lechera y a partir de la fecha de su expedición contaba con cuatro meses para contestarla.
Castaño ratificó que es un proceso legal que será dirimido por un tribunal pero que hasta ahora el Distrito no ha sido notificado sobre la respuesta de la cooperativa lechera.
Por Lupe Mouthón Mejía
