Proteger el complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta, el más grande de Colombia y zona protegida por la Unesco como área estratégica para la humanidad, no ha sido tarea fácil, sobre todo cuando por años han existido intereses de apropiarse de sus tierras fértiles.
Desde diciembre entidades del Estado, una en defensa del medio ambiente y otra en protección de familias desplazadas por la violencia, libran dos batallas en Remolino, Magdalena.
Aunque son hechos aparentemente separados, en el fondo tienen una relación directa. Por un lado, Parques Nacionales busca afanosamente que en el sur de la reserva forestal y santuario de flora y fauna detengan y destruyan unos 27 kilómetros de diques que impedirán que en áreas inundables siga fluyendo el agua entre caños y ciénagas, lo que terminará, en últimas, afectando los humedales que hay allí.
Paralelamente, la Unidad de Restitución de Tierras, en cumplimiento del emblemático proyecto del presidente Juan Manuel Santos, intenta rescatar, inicialmente, 52 fincas arrebatadas a campesinos por paramilitares del Bloque Norte.
Estas dos acciones estatales tienen en la mira las fincas Mendegua, Mendegüita y Condazo, hoy propiedad de Agropecuaria RHC. En ellas construyeron los diques, pero además son reclamadas ante un Juez de Restitución de Tierras, para devolverlas a los campesinos despojados.
Ellos, a quienes les mataron familiares y les saquearon sus casas, denuncian que abandonaron sus predios por el terror que impusieron las AUC; después fueron presionados a vender a bajos precios a los jefes paramilitares, con apoyo de políticos de Remolino que investiga la Fiscalía General.
'Hay una enorme afectación ambiental'
Las alarmas están encendidas otra vez: la Ciénaga Grande de Santa Marta, con todo el conjunto de humedales, caños y el santuario de flora y fauna que la conforman, se encuentra en peligro.
Como sucedió a finales de los años 70 tras la construcción de la vía Barranquilla-Ciénaga, que destruyó cerca de 25.000 hectáreas de mangle, hoy la amenaza la constituyen unos 27 kilómetros de diques y terraplenes levantados en las haciendas Mendegua, Mendegüita y Condazo del sector Los Patos en Remolino, Magdalena.
El viernes pasado, investigadores de la Fiscalía General llegaron hasta estos predios de Agropecuaria RHC y realizaron una inspección técnica para evaluar el 'peligro de daño grave e irreversible' que ha reportado la Dirección de Parques Nacionales Naturales y a atender la denuncia que presentó Corpamag.
En concepto de las entidades ambientales, las murallas de contención construidas afectan el ecosistema porque no permiten el libre paso del agua en todo el complejo lagunar, lo que implicará, a mediano y largo plazo, la destrucción de una zona que es patrimonio natural de la humanidad como sitio Ramsar.
Habla RHC. 'Yo no estoy destruyendo el ecosistema ni los humedales', dijo a EL HERALDO, vía telefónica, el hacendado Rafael Hoyos Cañavera, propietario de estas tres fincas y de un puñado más en dicha área.
Sostuvo que el dragado del caño Condazo 'lo hizo Corpamag', en 2013 o 2014, y él les dio permiso para que arrojaran en sus predios el lodo que iban a sacar.
Hoyos explicó que, una vez terminaron los trabajos, utilizó el sedimento dragado 'que era una loma grande' para 'esparcirlo con el fin de poder circular por encima de los terraplenes'. Comentó que en 2011 ya había construido otro dique al sur de sus predios para 'protegernos de inundaciones' como las presentadas en 2010.
El hacendado aseguró que sus propiedades 'están retiradas' de la zona de reserva y señaló que 'lo que llaman realmente parque está mucho más lejos de aquí'.
Hoyos indicó que a los funcionarios de Parques Naturales 'les quedó claro que estaban desubicados'.
Sin restricciones. El empresario informó, también, que envió a la Procuraduría, la Fiscalía y Corpamag copias de las matrículas de sus fincas expedidas por la Oficina de Instrumentos Públicos, en las que 'no existe ninguna anotación que diga que nuestras tierras son áreas protegidas o de parques'.
'Lo que quiero –agregó– es que se aclare si tenemos o no la razón, cuáles son los linderos del parque y dónde comienzan los míos'.
'De caño Ratón hacia el sur, es de nuestra finca; de ese mismo caño hacia el norte, es área protegida', comentó.
En Mendegua están sembrando 180 hectáreas de arroz. Allí tienen, asimismo, cría de búfalos.
Hoyos dijo que las quemas al interior del parque son producidas por 'personas que vienen de lejos, de Soledad, que no son de por acá, ' para cazar hicoteas, iguanas, ponches y otros animales.
Es reserva ambiental. En la batalla por la preservación ambiental del complejo lagunar y del santuario de flora y fauna, la directora de la territorial Caribe de Parques Naturales, Luz Elvira Angarita, respondió al propietario de Agropecuaria RHC que sus predios 'están a medio metro del santuario' e indicó que un ecosistema como el que allí existe 'está interconectado y el flujo de agua debe correr entre caños y ciénagas', lo cual no sucede por los diques que han sido construidos.
Manifestó que así Hoyos diga que es su finca y señale que está por fuera de la zona de parque, 'de todas maneras esas obras afectan al santuario de flora y fauna'.
Angarita puntualizó que la agropecuaria debe saber que 'está en unos terrenos incluidos en la Convención Ramsar, que son humedales y en Colombia no se pueden desecar humedales. La ley lo prohíbe. Tienen un estatus de protección'.
Afectación enorme. A su juicio, en la zona 'ha habido desecamiento, porque si ahí no hubiera humedales no estarían las bombas industriales que tienen y no se hubiera detectado rastros de quemas'; destacó que incluso 'en un arrozal hay un relicto de mangle, entonces cómo pueden decir que no hay afectación. La afectación es enorme'.
La directora territorial recordó que cualquier obra que se haga dentro de un parque natural 'es un ilícito' y señaló que 'lo que se está haciendo afuera es ilícito y sí afecta el parque nacional y el complejo lagunar'.
Por eso, Angarita insistió en que en la medida en que los diques sigan en pie, impidiendo la interconexión de caños y ciénagas, 'van a impactar mucho la zona protegida'.
'Si esa es una zona de inundación, es para que se inunde, esa es una de las funciones del complejo de la Ciénaga Grande y es lo que no han querido entender. Creen que pueden ir desecando y desecando y después deben protegerse, cuando se trata de un sitio que es un humedal protegido por la Convención Ramsar'.
'Mancuso y Jorge 40 nos obligaron a vender'
No han olvidado nada. Ni siquiera los días en que les mataron a sus vecinos, mucho menos olvidan cuando les asesinaron a sus familiares ni tampoco cuando Salvatore Mancuso y Jorge 40, los dos comandantes del paramilitarismo, los hicieron ir a una reunión en Remolino, Magdalena, para que vendieran las tierras.
Eso fue el 3 de febrero de 2003. Los campesinos afectados denunciaron ante la Unidad de Restitución de Tierras y la Fiscalía General que fueron citados a la casa de Manuel Domingo Ortega, un exdiputado del Magdalena, quien también ha sido señalado por desmovilizados del paramilitarismo como 'colaborador' de ellas.
Allí llegaron quienes habían abandonado el pueblo por terror. Fueron a notificarlos a municipios del Atlántico como Santo Tomás, Palmar de Varela, Sabanagrande, Malambo o la misma Barranquilla. También se hicieron presentes quienes seguían en Remolino confiando en que algún día iban a recobrar la tranquilidad en la zona rural.
'Había que vender por las buenas o por las malas', recuerdan los afectados. A quien no lo hiciera podía pasarle lo mismo que a Rudecindo Olivares: en 1998 lo mataron en Malambo porque se desplazó, pero no quería vender.
Sumada a la presión bajo terror, Mancuso y Jorge 40 terminaron pagando unos $175.000 por hectárea, cuando en esa época el precio era de $1.000.000. Varias de esas propiedades fueron puestas a nombre de Ortega y de uno de sus trabajadores, Santander Moreno, quien es analfabeta. Un hijo de este le contó a la Fiscalía que fue engañado.
La brutal arremetida de los paramilitares en Remolino, sobre todo en el corregimiento de Santa Rita, tuvo que ver con la presencia de guerrilleros del ELN, frente Francisco Javier Castaño, comandado por alias José Luis o Andrés. En 1997 secuestraron a Carlos Salvador Mena Álvarez, ganadero y concejal de Pivijay. Ese mismo año los paramilitares asesinaron en Santa Rita al profesor Luis Mariano Pertuz Lara. Fue su primera víctima mortal. Después comenzaron los enfrentamientos entre los dos grupos ilegales, con lo cual la comunidad tuvo que desplazarse al quedar en medio del fuego.
Los paramilitares del Bloque Norte ampliaron su radio de acción y terminaron tomándose toda la zona a sangre y fuego. Cometieron no menos de 15 homicidios de campesinos propietarios de fincas. El pánico se apoderó de todos. En Remolino y sus alrededores fueron documentados 12.495 hechos violentos. De 1990 a 2013 hubo 13.289 desplazamientos.
Además del despojo, la Fiscalía investiga no solo el papel que cumplió Domingo Ortega sino el de su hijo Álex, que fue alcalde ad hoc de Remolino y figura como dueño de uno de los 52 predios que la Unidad de Restitución de Tierras, a través de la ONG Corporación Jurídica Yira Castro, reclama para los campesinos ante un Juzgado de Santa Marta.
A la Unidad le llama la atención de dónde sacó Ortega tanto dinero para comprar esas predios y meter cerca de 200 búfalos en una finca.
Agropecuaria RHC. Al abordar el proceso de restitución, el Estado halló las tierras hoy son de Agropecuaria RHC.
'Yo llegué a la región en 2008, pregunté y le compré a Domingo Ortega, una persona muy respetada. No le vi problema. Qué pasó antes, no sé', le dijo a EL HERALDO Rafael Hoyos Cañavera, dueño de la agropecuaria, al preguntársele por el proceso de restitución iniciado en diciembre de 2014.
'Será el Tribunal el que diga quién tiene la razón', señaló el empresario. 'Compré de buena fe', manifestó.
En la restitución, reclaman 27 predios de RCH. La Unidad dice que la agropecuaria llegó a la zona en 2006.
Pero las autoridades encontraron que no solo Domingo Ortega, señalado también de darle posada a Mancuso y Jorge 40 cuando iban a Remolino, tuvo negocios con la agropecuaria. Hoyos aceptó que para él trabajó Edwin Manchego, alias Alexis. Este desmovilizado, según excombatientes de las AUC en Remolino y Pivijay como Miguel Ramón, apodado Rafa, fue miembro de la seguridad de Mancuso. Lo vinculan al crimen de alias Marco, el 8 de junio de 2004, quien era el jefe militar.
En un testimonio de Justicia y Paz, Rafa dijo que Marco fue asesinado por disposición de Mancuso porque, entre otras razones, no obedeció sus órdenes de mantener cerrado el caño Condazo, una de las más importantes fuentes de agua del complejo lagunar en el sur de la Ciénaga Grande.
'A Edwin Manchego me lo recomendó Benjamín López', dijo Hoyos. Expresó que no recordaba hasta qué tiempo laboró para él.
Parapolítica. Además de los predios reclamados a RHC y a Álex Ortega en la zona de Los Patos, área donde las familias campesinas –especialmente de Santa Rita– tenían sus propiedades, están otros 24 que figuraban a nombre de Ramón Prieto Jure, alias Moncho o El Indio, ex alcalde de Pivijay, quien se desmovilizó como jefe político de los paramilitares en ese Municipio.
La Unidad de Restitución informó que esas propiedades están hoy en cabeza de Pedro Gamarra Sierra, hermano del excongresista José Gamarra, electo en alianza con Dieb Maloof con un gran caudal electoral por la parapolítica, tanto en Remolino como en otros pueblos, como lo sentenció la Corte Suprema.
'La relación entre políticos y paramilitares en el sector de Los Patos fue un factor determinante que favoreció y facilitó el despojo de las tierras a los campesinos por parte de las AUC y sus colaboradores', dice la Unidad.
El actual alcalde, Virgilio Torres, también es señalado por los paramilitares de haber sido otro colaborador cuando ocupó ese cargo entre 1998 y 2000. 'Eso no es cierto, el Canoso no ha dicho nada de lo que afirman y El Alacrán está aliado con enemigos míos para extorsionarme', expresó el mandatario.
Por toda esta maraña de la parapolítica en Remolino hay quienes consideran que 'no será fácil el proceso de restitución'. Incluso hay denuncias sobre la presencia de hombres armados que recorren el área. Un reto para lo que quiere el presidente Santos.
