Unas semanas después de que el Tribunal Administrativo del Atlántico concedió la medida cautelar de suspensión del cobro de valorización a los predios ubicados en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, desde el Gobierno nacional se ha puesto en marcha una estrategia para su reactivación en el menor tiempo posible.
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El Instituto Nacional de Vías (Invías) presentó una tutela ante el Consejo de Estado como un “mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”, que también contempla una solicitud de medida cautelar, teniendo en cuenta una presunta vulneración de su derecho al debido proceso.
De esta manera ha solicitado que se suspenda la medida cautelar proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico y así se permita la reactivación del proceso, que impacta a más de 280 mil predios en 10 municipios de los departamentos de Atlántico y Bolívar.
La alerta fue lanzada en la noche de este domingo por el senador Carlos Meisel, quien ha estado al frente de una acción popular que busca tumbar el mencionado cobro.
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“El gobierno Petro continúa la intención de golpearnos sin descanso. Invías radica tutela ante el consejo de estado para avanzar en el cobro de valorización”, mencionó el congresista del Centro Democrático.
En sus redes sociales, Meisel cuestionó que “la diligencia que muestra el Gobierno para agredirnos ojalá la tuvieran para atender los problemas del país y la región”.
Sustento de la tutela
En el documento presentado al Consejo de Estado, el Invías sostiene que la violación al debido proceso se conjuró debido a que la socialización ya se había realizado conforme al Decreto 1255 de 2022.
En ese sentido, la entidad expone que la decisión del Tribunal se basó en una interpretación errónea de la ley, imponiendo requisitos que no se encuentran contemplados en la normativa.
Desde el Invías también se indicó La medida puede causar un “perjuicio irremediable”, puesto que se afectaría la fuerza ejecutoria de la Resolución que aplica la CNV, la cual vence en mayo de 2026). Además, se generarían sobrecostos por más de 1.666 millones de pesos para cumplir con el nuevo proceso.
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Por último, el Invías reportó que interpuso recursos de reposición y apelación, pero se interpuso la tutela por ser un “mecanismo transitorio ante la ineficacia práctica de esos recursos”.
