La red de préstamos y el cartel de las tierras que se han extendido en Puerto Colombia opera bajo dos modalidades. La dimensión y su estructuración es objeto de investigación en la Fiscalía y en la Procuraduría. Bajo dos líneas investigativas, autoridades buscan esclarecer quiénes están detrás de estas organizaciones.
Desde que EL HERALDO publicó el primer caso se ha generado un alud de denuncias provenientes de este municipio.
Una de ellas es la historia de Marielis Pérez Corro. Esta ama de casa, oriunda de Puerto Colombia, contó que la muerte de su mamá y las deudas empezaron a colapsar su situación económica, por lo que decidió aceptar un préstamo de $8 millones a principios de 2009. A cambio entregó su casa en hipoteca.
El crédito lo hizo a través de Franklin Pallares Varela, un funcionario de la Alcaldía de Puerto Colombia que actualmente ocupa el cargo de jefe de archivo, pero que en otras ocasiones también se ha desempeñado como inspector encargado de Policía y de Tránsito. No obstante, la hipoteca no se hizo a favor de él, sino de Ahamet Pallares, hermano de Franklin.
El lío
El problema comenzó, según Marielis, cuando Ahamet le confirió poder especial en calidad de abogado a su hermano Franklin para otorgar una demanda ejecutiva con título hipotecario, lo que condujo al embargo del inmueble. Luego de una decisión del Juzgado Promiscuo de Puerto, la inspección diurna, a cargo de Mirna Camargo, ordenó el embargo. Esta funcionaria hoy está suspendida de su cargo en desarrollo de una investigación de la Procuraduría.
El ama de casa porteña consideró que era una suma 'irrisoria' como para pretender el despojo de su inmueble, pero sostuvo que en ese momento no tenía dinero para contratar un abogado que se pusiera al frente de su defensa.
Un nuevo capítulo surgió en marzo de 2012, cuando Franklin Pallares, en calidad de abogado, presentó una nueva demanda, en la que reclamaba el pago de $16 millones, correspondientes a un pagaré.
Esto tomaría por sorpresa a Marielis y a sus hermanos, ya que ella aseguraba que no había firmado dicho pagaré, por lo que sostenía que la rúbrica plasmada en ese papel era falsa. Sin embargo, el trámite continuó y el juzgado aprobó el avalúo del inmueble para rematarlo. La diligencia no se realizó en la fecha establecida, porque el juez tuvo que asistir a una conferencia.
