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El Consejo de Estado resolvió 'declarar fundado' el recurso de anulación presentado por la empresa Transmetro en contra del laudo proferido por el Tribunal de Arbitramento, que la obligaba a pagar unos $56.000 millones a la concesión Recaudos SIT Barranquilla, suma que debería darle el equilibrio financiero a la firma.

Con el fallo, proferido el 26 de abril pasado, el Consejo de Estado anula la decisión tomada (laudo arbitral) el 22 de julio de 2015 por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Barranquilla y ordena devolver el expediente a este organismo que fue constituido para dirimir las diferencias surgidas entre Recaudos SIT Barranquilla S.A. y la Sociedad Transmetro S.A.S con ocasión del contrato TM-300-004-07 del 20 de febrero de 2008.

Dicho contrato hace referencia a la operación y explotación del sistema de recaudo y suministros del sistema de gestión y operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo de pasajeros del Distrito de Barranquilla y su área metropolitana, en la fase uno.

Fuentes cercanas al proceso le dijeron a EL HERALDO que el Consejo de Estado encontró que fue ilegal la forma como el Tribunal de Arbitramento interpretó el contrato y la matriz de riesgos del mismo.

Según la fuente, que pidió reserva de su identidad por no estar autorizada para hablar, los riesgos de la parte contractual están en cabeza del concesionario y no de Transmetro, como se había determinado inicialmente.

La demanda

La concesión Recaudos SIT Barranquilla demandó a Transmetro en 2013 para que se cumpliera con el pago de la remuneración prevista contractualmente. Con el recurso la firma pretendía que se le pagara por el número de pasajeros con el que se estructuró el sistema (unos 300 mil por día), y no en función del número de usuarios que movilizaba el sistema. Es decir, que se les cancelaran los 300 mil usuarios diarios aunque solo hubieran movilizado 50 mil.

El reclamo de SIT Barranquilla era por más de $56.000 millones hasta la fecha del fallo del laudo, pero la cifra final se calculaba en $170.000 millones, teniendo en cuenta la diferencia mensual entre lo que dejaban de recibir y lo que les debía ingresar para llegar al punto de no pérdida en el contrato o también llamado equilibrio financiero.

El Tribunal de Arbitramento, que estaba integrado por tres arbitros, le dio la razón a la concesión. En el fallo uno de los arbitros hizo salvamento de voto.

El equipo jurídico de Transmetro hizo una revisión jurídica del fallo del laudo y encontró que los argumentos expuestos en la decisión no eran válidos. Por esta razón decidieron presentar un recurso de nulidad ante el Consejo de Estado.

En este proceso tuvieron el acompañamiento de la Agencia de Defensa del Estado y de la Procuraduría General de la Nación, porque el impacto de la decisión no solo incidía en las reclamaciones de Recaudos SIT Barranquilla, sino que se podía hacer extensiva, según Transmetro, a las demás concesiones de los sistemas de transporte en el país y todas las contrataciones del Estado.

Otros laudos

El operador Metrocaribe también presentó una demanda contra Transmetro por un desequilibrio contractual. Este proceso fue fallado a favor de la empresa que administra el sistema de transporte.

La firma Transatlántico demandó por considerar que incurrió en mayores cantidades de obra, en ejecución de su contrato de construcción de la estación de retorno Joe Arroyo, el Portal Barranquillita y las demás estaciones.

En ese momento Transmetro demandó a la concesionaria ante el mismo tribunal, para reclamar los gastos en los que tuvo que incurrir porque no se habían entregado las obras del Portal Barranquillita. Esto tenía que ver con el alquiler de patios provisionales en Granabastos y el pago de kilómetros en vacío a los operadores. En este caso el laudo terminó dándole la razón a las dos partes y, en consecuencia, ambos debieron asumir sus obligaciones.

Importante precedente

El gerente de Desarrollo de Ciudad, Jaime Pumarejo, celebró la decisión del Consejo de Estado porque 'sienta un precedente importante' para todas las concesiones del país al darle 'seguridad jurídica' al Gobierno.

Aseguró que la decisión se logra desde una 'sólida defensa' que empezaron desde el Distrito de Barranquilla para proteger los recursos públicos y garantizar la sostenibilidad del sistema de transporte masivo.

Según Pumarejo, el próximo paso es la integración de todo el sistema de transporte público colectivo. 'La Financiera de Desarrollo Nacional y una consultora japonesa vienen adelantando los estudios desde el año pasado y proyectan entregar los resultados en pocos meses. En ese momento, Barranquilla empezará a ver cómo en un mediano plazo todos los buses serán operados por Transmetro, el recaudo estará unificado y habrá transbordos más sencillos y programados', explicó Pumarejo.

En concepto del funcionario, esto llevará a la ciudad a contar con un transporte más eficiente, económico y seguro.

Entre tanto, Ricardo Restrepo, gerente de Transmetro, dijo que aún no ha sido notificado del fallo, por lo que se declaró respetuoso del tema y no quiso dar un concepto sobre el particular sin antes conocer el sentido de la decisión del Consejo de Estado.

Aseguró que su compromiso es seguir trabajando por la sostenibilidad del sistema y mantener las relaciones con los concesionarios. Agregó que, más allá de las diferencias jurídicas, la operación del sistema no se verá afectada.

Reacción: Fallo trascendental

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dijo que esta decisión es una 'excelente noticia' para Transmetro y la ciudad, ya que se pone fin a la escalada de demandas arbitrales que se instauraron por la mayoría de los concesionarios desde 2012. En concepto del mandatario, esto le permite al ente gestor seguir concentrados en la sostenibilidad y mejoramiento del sistema, pues se aleja una pretensión financiera de más de $170 mil millones por el término de la concesión.

'Esperamos la notificación del fallo para conocer y analizar a profundidad el alcance de la decisión, y ratificamos nuestro compromiso y total apoyo al sistema Transmetro independiente de las diferencias jurídicas con los operadores', expresó Char.