El caso de Yuliana Samboní, la niña de 7 años agredida sexualmente y asesinada en Bogotá, es apenas de una de las más recientes y significativas muestras de la violencia contra las mujeres en Colombia.
Al señalado victimario de la menor la Fiscalía le imputó, entre otros delitos, el feminicidio agravado, contemplado en la ley aprobada en 2015 para sancionar severamente hechos como este. La norma también fue denominada ‘Rosa Elvira Cely’, en memoria de la mujer atacada brutalmente en un parque de Bogotá producto de lo cual murió días después en un centro asistencial.
Entre enero y octubre de 2016 fueron asesinadas 731 mujeres en todo el territorio nacional, 43 de estas en el Atlántico, según las estadísticas que lleva el Instituto Nacional de Medicina legal. En el mismo periodo de 2015 fueron 670 los homicidios de mujeres (en total, durante el año pasado, hubo 970 casos).
Frente a la gravedad de estos hechos, la Corporación Caribe Afirmativo, defensora de derechos de la población LGBTI, ha planteado que merece una atención especial la violencia contra las mujeres que asumen orientaciones sexuales distintas, como las lesbianas y bisexuales o las transexuales, que han construido una identidad de género femenina.
Caribe Afirmativo expuso que el acceso a la justicia de mujeres lesbianas y trans se ha visto limitado por acciones discriminatorias de la sociedad civil y grupos armados, que no solo son quienes, en muchos casos, han ejecutado las vulneraciones de los derechos, sino también quienes han propendido por la impunidad. Y añade que las consecuencias de los hechos ocurridos contra las personas LBT están siempre ligadas a la vulneración de los derechos humanos de las víctimas.
En un informe sobre el tema, el organismo estableció que la violencia basada en género contra las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, han sido dirigidas especialmente, por lo menos en la zona de Montes de María, el área metropolitana de Barranquilla, Riohacha y el norte del departamento de Bolívar, de acuerdo con criterios selectivos de visibilidad y marginalidad, es decir, afectando a las mujeres diversas más visibles y que por sus condiciones socioeconómicas tengan más dificultades para defenderse. 'La respuesta del Estado frente a las violencias y afectaciones hacia las personas LGBTI en la región ha sido débil, generando un obstáculo para la exigibilidad efectiva de derechos', añade. Asimismo se ha evidenciado impunidad en la mayoría de casos.
Las estadísticas que lleva el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo revelan que de los 30 homicidios de personas LGBTI en la Región Caribe durante 2015, una tercera parte (10 casos) corresponde a mujeres lesbianas, trans y bisexuales.
La corporación consideró igualmente que en medio de conmemoraciones como la de la lucha contra la violencia de género (en noviembre), 'es necesario extender las campañas de prevención y atención de esta violencia a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, contar con protocolos de atención que permitan no solo identificar los efectos diferenciados de este tipo de violencia hacia ellas, sino también las herramientas necesarias en el ámbito político y jurídico para su atención y la promoción de campañas sociales en el respeto y reconocimiento de los derechos de las mujeres a su orientación sexual e identidad de género'.
La socióloga e investigadora de temas de género, Emma Doris López, opinó que la inclusión es un derecho de todas las personas, y es claro que debe respetarse a quienes tienen una identidad de género femenina o a las mismas mujeres con orientación no heterosexual. 'El Estado-dice-, debe garantizar esos derechos que tienen como mujeres, con todas las leyes y las normas existentes'.
En una entrevista de El Tiempo tras la aprobación de la Ley de Feminicidio, la jurista Isabel Agatón, representante de las víctimas en proceso por el feminicidio de la niña Yuliana Samboní y experta en el tema de mujeres, citó el año pasado algunos ejemplos de este delito: 'son feminicidios el de Rosa Elvira Cely, violada, empalada y asesinada hace tres años en el parque Nacional por Javier Velasco; el de Emperatriz Romero, ultimada por su nieto; los de Alejandra Lezama Díaz y Viviam Urrego, asesinadas por sus respectivos esposos ante la decisión de separarse después de múltiples violencias, así como aquellos que se perpetraron después de una violación o en los que se privó de la vida a las mujeres en ejercicio de la prostitución, lesbianas, transexuales; o contra aquellas que decidieron romper los roles, terminar con una relación afectiva o matrimonial'.
La jurista señaló recientemente que si bien hay suficiente normatividad en la materia se requiere una jurisdicción especializada que maneje estos hechos, por las grandes dimensiones que la violencia contra las mujeres ha adquirido.
