Iris Arrieta asegura que llevar a un enfermo a la urgencia del Hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar, se hace más triste cuando se ve lo que allí pasa: pacientes que son atendidos en sillas plásticas por la falta de camillas, mientras que otros esperan en el piso. Por eso, dice, muchos 'prefieren ir a sus casas' y volver al día siguiente, antes que pasar la noche en 'condiciones indignas'.
El personero de Valledupar, Alfonso Campo Martínez, admite que la atención en salud es 'pésima y demorada', tanto que a pacientes 'les ha tocado recurrir a tutelas' para recibir servicios asistenciales, traslados, tratamientos y medicamentos.
Este escenario de crisis en la capital del Cesar se repite en los restantes seis departamentos costeños. El común denominador es la falta de una oportuna y eficiente atención, producto de dos factores que siguen deteriorado este servicio: las multimillonarias deudas de las Empresas Prestadoras de Salud, EPS, y la corrupción.
Si bien cifras que manejan gremios como la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, y los propios centros asistenciales indican que las deudas de las EPS suman $320.000 millones, monto nada despreciable porque se trata de un servicio para salvar vidas (Ver Multimillonarias deudas de las EPS), también es verdad que los malos manejos administrativos y financieros que persisten en hospitales agravan este panorama.
Bajo sospecha. Ejemplos de recientes manejos cuestionados son los casos de los hospitales San Jerónimo, en Montería y el Universitario, en Cartagena. También está el de La Candelaria, en El Banco, Magdalena.
En este último la Superintendencia de Salud mantuvo una intervención por 5 años, con el fin de que superara la crisis financiera que afrontaba y se convirtiera en una institución viable, pero en 2014, cuando fue devuelto al Departamento, su situación no era la mejor. (Ver Hospital La Candelaria: fue 'peor la cura' de la Supersalud).
En la Costa, actualmente, la Supersalud tiene 'bajo medida de intervención forzosa administrativa y/o medida preventiva' al hospital de San Marcos, Sucre; y a la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira Dusakawi y a la Empresa Mutual para el Desarrollo de la Salud, Emdisalud, con sedes en Valledupar y Montería, respectivamente.
El caso San Jerónimo. La Supersalud también tomó el control, a comienzos de agosto, del Hospital San Jerónimo, que se había convertido en un fortín político –empleados denuncian que trabajadores iban a laborar 'borrachos'– y contractual –a través de 15 bolsas de empleos con las que tercerizaban el personal–.
Como dicha práctica está prohibida, el Ministerio de Trabajo sancionó al hospital con una multa de $1.473 millones, más intereses.
El informe final de hallazgos, conocido por EL HERALDO, destaca entre las irregularidades que los interventores de la tercerización laboral eran los mismos contratistas y dice que a las bolsas de empleo les pagaban $1.046 millones mensuales.
Ante la crisis, la Supersalud redujo estos contratos, inicialmente, en un 30%.
Más grave aún es que a pesar de los pagos millonarios 'no existen evidencias' de que parte del personal contratado haya sido suministrado.
Las bolsas de empleo con las que contrataban el 96% de los trabajadores eran Superes SAS, Empleos y Suministros, Faysalud, Servicios Misión SAS, Auditores CC SAS, Suministro Integral de Proyectos SAS, Servimédica del Sinú, Ingeniería y Diseños Hospitalarios SAS, Recurso Activo SAS, Laborando, Konekta Temporal, Surgyr Sirviendo SAS, Visión Empleos Temporales, Empresa de Servicios Temporales Integridad SAS y Jaso Servicio.
¿Fuga de plata?. Según el balance que dejó el exdirector Nelson Morales, las EPS le deben al San Jerónimo $65.000 millones. Pero la Superintendencia dice que esta deuda podría reducirse a menos de $20.000 millones.
El agente interventor Juan Carlos Guardo del Río halló que la deuda por $1.374 millones de la EPS Manexca, que aparece en los estados financieros del hospital, es solo de $79 millones. Ante el reclamo de la Supersalud la entidad deudora presentó los respectivos soportes de pago.
Por casos como este 'no hay claridad' de las deudas de las otras EPS. Al iniciar el saneamiento contable del San Jerónimo 'encontramos pagos no aplicados a la contabilidad', dice Guardo.
Trascendió, sin embargo, que entre las EPS más morosas están Emdisalud, Caprecom y Comfacor.
En defensa de su gestión, el exdirector Morales afirma que 'gran parte' del informe de la Superintendencia 'es mentira'.
'Todo el mundo sabe que las EPS no quieren pagar y eso es en todos los hospitales. Ese informe de la Super lo pasó el interventor, quien habla de una cantidad de cosas que son totalmente inciertas', indicó el ex funcionario.
Frente al tema de las bolsas de empleo, Morales sostuvo que antes de ser reemplazado por el agente interventor ya las habían reducido a un mínimo, e incluso los montos de las mismas, por decisión de la Junta Directiva.
'A las que consideré que todavía quedaban alticas les bajé más presupuesto', alega. Sostiene que prácticamente estaban 'trabajando con lo que necesitaban' y asegura que en el San Jerónimo 'no habían lo que llaman corbatas, como las encontré en 2012, porque las acabamos. Al personal que se le pagaba era porque iba a trabajar, no habían empleados ficticios porque eso no lo compartí'.
HUC, al borde del cierre. En 2003 se ordenó la liquidación del Hospital Universitario de Cartagena, el más importante centro de atención de tercer nivel de Bolívar. Un déficit de $42.000 millones llevó a la ruina al que era conocido como el 'hospital del pueblo'. La politiquería, los malos manejos y el desdén financiero lo condujeron a la inviabilidad económica.
Doce años después de aquel fracaso y, tras una millonaria inversión por parte del Gobierno nacional para reabrirlo, el nuevo centro, llamado ahora Hospital Universitario del Caribe, HUC, vive el mismo viacrucis del pasado.
Anthoc Bolívar, sindicato del sector hospitalario, en carta a la Asamblea denunció en julio que el HUC, tras 9 años de funcionar sin planta de personal bajo la modalidad de operadores externos, 'atraviesa una crisis peor: registra una cartera de $72.000 millones y compromisos por $60.000 millones con trabajadores y proveedores'. Agrega que las deudas por cobrar son de difícil recuperación por la 'inminente liquidación de algunas EPS deudoras'.
Roberto Bustamante Orozco, presidente de Anthoc Bolívar, dice que la tercerización laboral; la intermediación administrativa y financiera de los dineros del sector por parte de las EPS y la politización son causas de la crisis.
Es tan caótica la situación que además de la falta de camas, medicamentos e insumos quirúrgicos, los pacientes son atendidos en sillas de rueda, las bolsas de suero son pegadas a la pared con esparadrapo y los enfermos están en los pasillos y no en las salas especiales de hospitalización, como lo requiere su estado.
Dice el sindicato que en el Hospital Universitario de Cartagena hay unos 500 trabajadores tercerizados y que la urgencias tienen 40 camas, pero diariamente atienden más de 100 pacientes.
La gerente del HUC, Elga Ehrhardt Gutiérrez, aceptó que la sección de Urgencias del centro 'es un caos'. Explicó que tiene un capacidad de 55 camas y sin embargo reciben más de 100 pacientes diarios.
Dijo que se atienden en pasillos y camillas de ambulancia, como lo denuncia Anthoc, porque el hospital no rechaza a pacientes, en cumplimiento de la ley estatutaria.
Sostuvo que 'lo importante es que no dejamos de atender a los pacientes'. Para Anthoc, en cambio, esto significa que antes la gente se moría en el paseo de la muerte, y ahora se muere en los pasillos de los hospitales por mala atención.
La Gerente también dijo que al HUC le deben a corte de mitad de año $76.000 millones y que entre las EPS que más le adeudan está la de Comfamiliar, con $15.000 millones. Aseguró que la mayoría de los pacientes es de Comfamiliar EPS, que llega al hospital porque en otras clínicas no la aceptan.
Sobre las salas de urgencias que no están siendo utilizadas, como lo denunció Anthoc explicó que hubo un problema de filtración de agua lluvias en uno de los techos de esta zona y hubo que hacer traslados para no traumatizar la atención de quirófano de urgencias. Pero que una vez se solucione el asunto se tomarán los correctivos.
Del tema de la tercerización en la contratación de personal, aceptó que los servicios más rentables se contrataron con empresas privadas; y el HUC se quedó con los menos rentables; y aceptó también que esto desmejora la atención, especialmente en imágenes, porque el servicio a los pacientes 'está sujeto a recuados' y ante la difícil situacion económica no se está al día con los contratistas de los servicios especializados, lo que perjudica a los pacientes que lo requieren.
Aclaró que cuando ella asumió el cargo, ya esos contratos se había celebrado y que son de una duración de 5 a 10 años.
¿Qué pasa en Atlántico?. En Atlántico, Heriberto Tovar, presidente de Anthoc, dice que en la contratación de personal está la salida de los recursos hospitalarios. 'Por ahí desvían millones', afirma y cree que si existiera la formalización laboral 'no hubiese este desangre'.
Sostiene que las medidas adoptadas por la Gobernación 'son un paliativo ante la crisis' y denuncia que las EPS 'desvían a los pacientes a entidades privadas, de sus amigos políticos, perjudicando a los hospitales públicos'.
Tovar comenta que el de Piojó es el hospital 'de mayor crisis' ya que el 90% de sus pacientes son de Caprecom y desde hace 5 meses esa EPS 'no le paga un solo peso'.
Hospital La Candelaria: fue 'peor la cura' de la Supersalud
El Sindicato Nacional de la Salud, Sindes, denuncia pasivos por $20.000 millones y el actual director Jesús Maldonado Tejada dice que suman $10.000 millones, pero en lo que sí están de acuerdo es en que la intervención de la Superintendencia de Salud en el Hospital La Candelaria de El Banco, Magdalena, población de 55.000 habitantes, 'no sirvió'. La institución fue intervenida en 2009 por deudas cercanas a los $5.000 millones, asegura Sindes, y en 2014, a través de la Resolución 993 del 6 de junio, fue devuelta al Departamento en 'peores condiciones financieras, endeudada'. Nidia Castañeda, presidenta seccional de Sindes, comparte que 'fue peor la cura que la enfermedad' y atribuye el aumento de los pasivos institucionales a que en los 5 años de intervención al hospital 'se le dio un manejo politiquero por parte de los congresistas Javier Cáceres, Piedad Zuccardi y Jorge Ballesteros Bernier'. Maldonado, por su parte, enfatiza que 'la situación actual es caótica desde el punto de vista financiero' y señala que la Supersalud no generó una recuperación. 'El hospital –subraya– se está volviendo insostenible'. La primera agente especial de la intervención fue Rosario Romero Ibarra (5 de junio 2009). A ella la reemplazó María Brigitte Barguil Orrego (27 de enero 2010). Esta fue sustituida por Alejandro López Franco (10 de febrero 2011), quien, a su vez, fue removido para posesionar a Luz Jineth Cuevas Muñoz (2 de julio del 2013). Llama la atención que en la Resolución que levantó la intervención la Supersalud reconoce que las causales que dieron origen a la medida 'aún no se encuentran subsanadas en su totalidad', aunque a la vez dice que '(…) no obstante, y gracias al fortalecimiento del esquema de seguimiento y monitoreo, se lograron avances significativos'.
Lo contradictorio es que el Ministerio de Salud casi un año antes, mediante una Resolución del 30 de mayo de 2013, efectuó la categorización del riesgo de los hospitales del país y al de La Candelaria –que para esa fecha llevaba 4 años intervenido– lo calificó en 'riesgo alto'. Sindes denuncia, también, que durante la intervención el Gobierno nacional giró $1.660 millones para pagar pasivos laborales, pero los recursos 'fueron desviados'. Luego desembolsó $5.000 millones para cancelar acreencias y 'no todas fueron saldadas'. Hoy a los empleados les deben 5 meses de sueldo.
EL HERALDO quiso dialogar con el Superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, sobre la responsabilidad de la institución en el fallido saneamiento de este hospital, pero informaron que estaba fuera de Bogotá.
