Sentado entre un gran número de carpetas de expedientes y documentos para su revisión y rodeado de dos funcionarias a su cargo que ocupan la misma oficina, el presidente del Tribunal Administrativo del Atlántico, Luis Eduardo Cerra Jiménez, hizo un llamado urgente para que el Tribunal Superior de la Judicatura asigne una nueva sede a esa corporación.
Cerra Jiménez, en nombre de sus compañeros magistrados y en el de los 50 funcionarios del órgano judicial, pidió que se dé una pronta solución a la situación de hacinamiento que tienen en estos momentos en las dependencias donde funciona el Tribunal. “Aquí tenemos a los funcionarios laborando en condiciones de hacinamiento, las instalaciones actuales no son funcionales, ni adecuadas, ni seguras”, manifestó.
Las actuales instalaciones no son de propiedad ni están a cargo de la Rama Judicial. Desde hace cuarenta años, el Tribunal Administrativo funciona en el noveno piso de la Gobernación del Atlántico y en concepto del magistrado las instalaciones no son las más idóneas para el funcionamiento del organismo, ya que no fueron construidas para tal fin.
A esto agregó que “no es conveniente, ni prudente, ni razonable que funcionen en un edificio perteneciente a la administración sobre la cual nosotros ejercemos control judicial, como el caso de la Gobernación”.
Insistió en que desde hace muchos años se le ha pedido al Consejo Superior de la Judicatura la reubicación del Tribunal Administrativo a otras instalaciones que correspondan a las actuales condiciones de la entidad, ya que este ha crecido desde el punto vista funcional y orgánico, pero hasta el momento no han recibido respuesta.
Salas de audiencia. Uno de los temas que más preocupa a los magistrados es que a partir del 2 de julio próximo entra en vigencia un nuevo Código Contencioso Administrativo, que va a requerir la implementación de un sistema de oralidad y en la actualidad el Tribunal no cuenta con una sala de audiencias.
“Se va a necesitar de varias salas de audiencia y en estos momentos no contamos con una sola sala en el Tribunal. Esto es delicado porque estamos casi a cinco meses de que entre en vigencia esta nueva legislación”, expresó el magistrado Cerra Jiménez.
Dotación. Otra problemática que afronta el órgano judicial está relacionada con los equipos de sistema con los que cuenta.
“Los equipos que tenemos son obsoletos, no tienen con unidad de CD, puertos USB, ni que decir de los programas o software que tienen instalados”, expresó el magistrado.
Esta no es la primera problemática que se conoce de un órgano judicial en el departamento del Atlántico, meses atrás el Tribunal Superior de Barranquilla también mostró las lamentables condiciones físicas de sus instalaciones.
Por Marly Obredor Salazar
