El Heraldo
Un grupo de indígenas de la Alta Guajira intenta conseguir agua a través de la perforación de un pozo. Archivo EL HERALDO
La Guajira

Uribia: un ‘chorro’ de plata y nada del agua

En la capital indígena de Colombia, las comunidades wayúu se siguen quejando por la falta del líquido, a pesar de las intervenciones que hacen los gobiernos local, departamental y nacional, y la empresa privada.

La cifra de los recursos que se han invertido para suministrar agua potable a las comunidades wayúu del municipio de Uribia, en la Alta Guajira, es incalculable.

En los dos últimos años se podrían contabilizar unos $50.000 millones destinados a la construcción de pozos, reservorios, molinos y hasta proyectos de desalinización con tecnología de punta. Sin embargo, los indígenas se siguen quejando por la falta de agua, la cual no llega aún a muchas rancherías.

Estas inversiones han sido anunciadas y ejecutadas por diferentes entidades, tanto del gobierno nacional, como departamental y municipal.

El anuncio más reciente fue el del ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, quien estuvo en este municipio de la Alta Guajira para oficializar un proyecto, a través del cual se construirán 37 pozos con una inversión de $14.000 millones, en diez municipios de La Guajira y varios de ellos estarán ubicados en Uribia a través de un contrato interadministrativo entre la Agencia de Desarrollo Rural y Findeter.

La capital indígena de Colombia también ha sido incluida en los planes de Prosperidad Social en soluciones integrales en las que ha invertido cerca de $4.000 millones, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que invirtió $5.000 millones en un pozo ubicado en el corregimiento de Siapana y el ministerio de Vivienda que ha destinado unos $10.000 millones en la construcción de varios pozos. Esto en el marco de la Alianza por el Agua y la Vida que inició el gobierno nacional en el 2014 para atender la crisis humanitaria de este departamento.

También se deben incluir las inversiones que han hecho las empresas privadas como Cerrejón, la ONG Oxfam, el Servicio Geológico Colombiano y el Ejército Nacional, también en llevar soluciones de agua a varias comunidades.
Adicionalmente la administración municipal recibe anualmente $10.000 millones provenientes del Sistema General de Participaciones para el sector de Agua Potable.

Todo esto no parece ser suficiente para garantizar el suministro de agua y sobre todo potable a las comunidades y rancherías de  esta población.

Así lo ratificó recientemente el defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, en la audiencia de seguimiento a la crisis humanitaria en La Guajira que se llevó a cabo en Riohacha.

Según la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Nacional ha llevado a cabo varios proyectos, pero “los informes presentados no evidencian los avances en la cobertura del acceso al agua potable de la comunidad wayúu”.

Igualmente, indica que se desconocen cuántas personas efectivamente están accediendo a esta agua potable. “Para la entidad esto es un abierto desconocimiento de las órdenes judiciales y la medida cautelar de la CIDH”, asegura el organismo.

Se refiere a varios fallos en los que se ordena al Estado proteger y velar por los derechos del pueblo wayúu, especialmente los niños.

Uno de ellos se produjo en diciembre del 2015, por parte de la Comisión de Derechos Humanos CIDH, que otorgó medidas cautelares a favor de los niños, niñas, adolescentes de las comunidades del pueblo wayúu de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, las cuales fueron ampliadas en enero del 2017 a favor de “las mujeres gestantes y lactantes de la comunidad indígena”.

Igualmente, el Tribunal Superior de Riohacha, a través de una acción de tutela, amparó los derechos a la vida, la integridad física, salud, seguridad social, alimentación equilibrada y acceso a agua potable de los niños, niñas menores de cinco años de la etnia wayúu.

Panorámica de una ranchería indígena en La Guajira.

Siguen pidiendo agua

En el reciente encuentro que tuvieron los uribieros con el gobierno departamental en el marco de la estrategia denominada ‘El gobierno escucha’, la contralora del internado indígena San José, Miriam Alejandra Gutiérrez, afirmó que en la institución hay unas 800 estudiantes de las cuales el 60% son internas y muchas veces no tienen agua para bañarse, lavar la ropa o cocinar los alimentos.

Líderes de las diferentes comunidades y representantes de las instituciones educativas también expresaron su preocupación por que la situación no mejora, a pesar de los múltiples anuncios e inversiones que se han hecho.

En esta reunión, que fue una iniciativa de la gobernadora (e) Tania Buitrago González, la administración municipal explicó que los microacueductos que se encuentra en la zona de la Alta Guajira, están trabajando en un 30% o 40% porque no hay recursos para su sostenimiento y que además cada mes se invierten $400 millones en la contratación de 70 carrotanques, para atender unas 2.000 comunidades certificadas por el ministerio del Interior, lo cual no es suficiente.

Así lo asegura Zoraida Salcedo, la administradora temporal del sector de Agua Potable, el cual se encuentra intervenido por parte del Gobierno Nacional desde febrero del año pasado.

Ella afirma que esta infraestructura ha sido “un dolor de cabeza”, porque su sostenibilidad tiene unos costos elevados y además deben ser continuos y permanente.

“En conjunto con el viceministerio de Agua, estamos trabajando en equipo para comenzar a intervenir estos microacueductos, pero se necesita que cuando estén funcionando, se tenga garantizada su sostenibilidad y su mantenimiento, porque de lo contrario seguiremos en las mismas, se dañan y no hay quien los arregle”, explicó.

Agregó que actualmente se está en el proceso para la construcción de diez reservorios, proyecto que tenía siete años suspendido. “Estamos en la etapa de corrección de algunos defectos de las obras para poder pagarles a los contratistas y ponerlos a funcionar”, explicó.

Según habitantes de la Alta Guajira muchos de estos microacueductos, molinos y reservorios fueron construidos en la administración del expresidente Gustavo Rojas Pinilla y nunca han sido intervenidos.

Salcedo indicó que sin embargo, para poder intervenirlos se debe presentar un proyecto por parte de la administración municipal en el que se incluya el diagnóstico y poder darle solución a este problema.

El alcalde de Uribia, Luis Enrique Solano, se declaró también impotente, porque dice que no hay recursos para el sostenimiento de los microacueductos y le pidió a las comunidades indígenas que hacen parte de los resguardos, la posibilidad de acceder a los recursos que estos reciben para destinarlos a este propósito.

“La situación es complicada, por eso se necesita que todos aporten para que esto funcione de la mejor manera”, afirmó.

El director de Corpoguajira, Luis Medina Toro, aseguró que en Uribia hay dos posibilidades para brindar agua potable a la población. Una es el agua superficial producto de correntías porque no hay fuentes vivas permanentes y otra es el agua subterránea que tiene alta salinidad y necesita tratamiento.

“Con el viceministerio de Agua hemos venido trabajando desde hace varios años para implementar soluciones concretas”, afirmó.

Explicó además que no hay que olvidar la problemática del cambio climático, porque hay lugares donde los reservorios no se llenan por la insuficiencia de lluvias y esa es una variable que se debe tener en cuenta. “No se pueden hacer grandes inversiones en ciertas zonas porque esto sería incierto, por lo que pediremos formalmente el estudio que tiene el Plan Departamental de Agua, para establecer dónde se pueden construir pozos y hacer uso del agua subterránea y hacer la inversión de potabilización”, indicó.

Dijo también que es necesaria una empresa operadora como la antigua Proagua, que garantice la operación de esos sistemas de agua y puedan sostenerse en el tiempo.

Varias rancherías almacenan el agua en tanques donados por el gobierno.

Hasta ahora se desconoce cuántas rancherías hay en la Alta Guajira

En entrevista con EL HERALDO, el gerente del Fondo Adaptación, Iván Mustafá, informó que ninguna entidad del Estado tiene información clara y precisa de cuál es el número de rancherías existentes en la Alta Guajira y que estos datos son importantes a la hora de implementar cualquier proyecto. Por este motivo la entidad llevó a cabo un proyecto en el que invirtió $4.700 millones, en el cual se llevó a cabo una georeferenciación en La Guajira, donde se identificaron 2.553 rancherías y 4.484 jagüeyes en los municipios de Uribia, Manaure y Maicao.

Según Mustafá con este trabajo se está redescubriendo al departamento, con el fin de identificar dónde están ubicados los wayúu, establecer si tienen abastecimiento de agua cerca y determinar así sus necesidades. “El trabajo fue a través de fotografías aéreas digitales, digitalización de elementos cartográficos y la elaboración de un modelo digital de terreno en estas poblaciones”, explicó. Específicamente en Uribia se contabilizaron 1.635 rancherías, 703 en Manaure y 215 en el municipio de Maicao, agregó. “Con esta información podemos planear por ejemplo, donde podemos construir un colegio, un pozo, un centro de salud y dónde se pueden construir vías”, manifestó el funcionario.

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