La batalla wayuu para recuperar el Arroyo Bruno
Según la Contraloría no se ha cumplido con lo ordenado por la Corte para garantizar acceso a agua, salud y seguridad alimentaria a comunidades.
“Exigimos que el arroyo Bruno retorne a su cauce natural lo más pronto posible”. Esta es la petición tajante y concluyente que hacen las comunidades wayuu que se oponen al desvío que hizo Cerrejón de este cuerpo de agua de La Guajira.
“La empresa nos ha mentido, el fallo de tutela SU698 de 2017 de la Corte Constitucional ordenó que se suspendieran actividades porque había dudas en el proyecto, pero Cerrejón triplicó la mano de obra y terminó el desvío”, aseguró a EL HERALDO Luis Misael Socarrás Ipuana, líder aborigen defensor de derechos humanos, del agua y el territorio ancestral en esa región.
El Arroyo Bruno nace en la parte alta de la Serranía del Perijá y recorre los municipios de Maicao y Albania.
La lucha por defender este recurso hídrico comenzó desde que Cerrejón anunció un proyecto de expansión para reemplazar el cese de la producción de carbón por tajos, cuyas reservas se agotarán en corto plazo.
Por eso lo considera como el más importante dentro de su operación actual y futura.
Un informe reciente de la Contraloría General de la República indica que después de una auditoría en cumplimiento de esa tutela encontraron fallas en la gestión del Ministerio de Ambiente, de Corpoguajira y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con respecto al proyecto.
“Están impidiendo que se mitigue la amenaza de vulneración a los derechos a la salud, agua y seguridad alimentaria de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto de desviación del cauce del Arroyo Bruno, por parte de Cerrejón, amenaza que fue reconocida por la Corte Constitucional en su sentencia”, precisa el documento de la Contraloría.
Socarrás Ipuana agrega: “Todo esto lo habíamos denunciado antes, porque muchas comunidades no fueron consultadas y los estudios que muestra la empresa son del nuevo cauce, pero no informan del daño ambiental y ecológico que hicieron en el cauce natural”.
Subraya que Cerrejón habla de cosas que no son reales. “Dice que allí se encuentran ahora 26 especies de peces, y no hemos visto eso en los recorridos que se han hecho. Además es falso que hayan trasplantado árboles milenarios como el caracolí, algarrobillo o guáimaro, porque estos tienen raíces muy profundas”, precisa.
La Contraloría afirma que varias de las órdenes de la sentencia de la Corte se están incumpliendo.
La auditoría detectó la ausencia de un plan, una hoja de ruta para los actores que hacen parte de la Mesa Interinstitucional de Trabajo, responsable del cumplimiento de lo ordenado por los magistrados.
Dice que en el informe de la Mesa Interinstitucional no se demuestra técnicamente que la disponibilidad del agua para las comunidades en general no está en riesgo, en especial las accionantes de la tutela, La Horqueta, La Gran Parada y Paradero.
Afirma además que no garantizar la sostenibilidad y disponibilidad del recurso hídrico genera costos en la producción de alimentos y cría de animales. Propiciaría desplazamientos en busca de fuentes de agua para cultivos, animales y consumo humano.
La auditoría determinó que la acción correctiva planteada por Corpoguajira en su Plan de Mejoramiento y sus actividades en conjunto no fueron cumplidas. Por este motivo, según el ente de control, los efectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales ocasionados por los permisos y autorizaciones dados por la autoridad ambiental de La Guajira persisten sin que se hagan efectivas las compensaciones.
“Según esto, Cerrejón tenía que volver a retirar el tapón para que el arroyo volviera a su cauce natural para continuar con la mesa y resolver las incertidumbres o dudas de la Corte Constitucional, pero eso lo arreglaron con las entidades involucradas y continuaron con las obras”, asegura el líder wayuu Luis Socarrás Ipuana.
La Contraloría hace también un llamado para que se respete la cultura wayuu y su espiritualidad. El informe expresa: “Desconocer los derechos de las comunidades trae consigo una afectación o impacto a su cultura y una subvaloración de la relación espiritual que tiene la comunidad wayuu, teniendo en cuenta que su interacción con la naturaleza no se da solo por estar al lado del arroyo, sino que existen interacciones mucho más allá de la distancia”.
El Centro de Investigación y Educación Popular CINEP/PPP, así como otras organizaciones defensoras de Derechos Humanos, movimientos, ONG, senadores, representantes a la Cámara, dirigentes, líderes y un gran número de personalidades del país se manifestaron sobre el informe de la Contraloría por el desvío del Arroyo Bruno y su implicación en la garantía de derechos de comunidades wayuu y afro que habitan en la zona.
Hacen énfasis en el punto en el que se recalca la gravedad de que la Mesa Interinstitucional hubiese concluido no retornar las aguas del arroyo a su cauce natural y mantener el desvío con base en información débil, superficial, deficiente y parcializada, sin generar participación, ni considerar el daño irreversible que puede significar a la población que interactúa con dicho ecosistema.
Igualmente de lo expuesto por el ente sobre mantener el desvío, falta información frente al monitoreo del cauce natural, de las aguas subterráneas, acuíferos, fauna y flora afectada. “Lo reportado por la Contraloría respalda lo que han denunciado indígenas wayuu, el pueblo afro, guajiro, organizaciones sociales, ambientalistas, académicas y defensoras de derechos humanos, que durante años nos hemos opuesto al desvío del Arroyo Bruno”.
Hay equilibrio. Cerrejón se pronunció sobre la controversia con EL HERALDO, y asegura que “el Arroyo Bruno está vivo”, que esto ha sido demostrado por los distintos monitoreos realizados. “Hay disponibilidad de agua y el equilibrio del ecosistema se mantiene”, enfatizan.
La compañía agrega que tres años después de haberse ejecutado el proyecto, además de la continuidad del flujo de agua (en las épocas en que lo hacía en las condiciones naturales), se ha identificado la presencia de más de 460 especies animales y de plantas, lo que según Cerrejón demuestra la adecuada evolución medioambiental de este afluente del río Ranchería. “Entre ellos, hemos visto, por medio de nuestra red de cámaras trampa, la presencia de grandes felinos como el jaguar”, precisa la empresa.
Las obras de modificación del cauce del Arroyo Bruno consistieron en mover 700 metros hacia el norte, un tramo aproximado de 3,6 km del arroyo, replicando las características del cauce natural en su cuenca baja, en predios de Cerrejón.
La multinacional dice que el Ministerio del Interior reconoció que no hay comunidades asentadas en esa zona, y que desde 2017, después de realizados los estudios, obtenido permisos y licencias, ejecutado la construcción y luego de tres años de funcionamiento del nuevo cauce con exitosa estabilización, decisiones judiciales han imposibilitado acceder a esta área.
Igualmente explica que el proyecto cuenta con un Plan Integral de Compensación Ambiental (PICA), que tiene por objetivo restaurar y proteger de la mano de las comunidades vecinas la cuenca media y alta del arroyo, áreas de alto valor biológico.
“Entre las acciones contempladas dentro del plan, presentado y aprobado por Corpoguajira, se encuentran: siembra de especies nativas del Bosque Seco Tropical, restauración, recuperación y rehabilitación de zonas degradadas en la cuenca media y alta del arroyo, protección y conservación de bosques priorizados bajo acuerdos de conservación, promoción e impulso de proyectos productivos sostenibles, e implementación de alternativas para abastecimiento de agua a comunidades del resguardo indígena 4 de noviembre que habitan por fuera de la cuenca”, concluye Cerrejón.
