En riesgo la despensa agrícola de La Guajira
Unas 72 familias que tienen sus parcelas y negocios en el corregimiento de Mingueo, desde hace unos diez años, han dejado de sembrar en medio de la incertidumbre que les produce un posible desalojo.
La yuca, que tanto gusta en la costa Caribe colombiana y que es infaltable en un sancocho costeño, está escasa en el municipio de Dibulla e incluso en Riohacha, donde además ha subido considerablemente de precio.
Pasó de costar entre 800 y 900 pesos la libra a 1.500 pesos, porque casi no se consigue en esta zona del departamento de La Guajira.
“La yuca se ha dejado de sembrar y yo tengo un cultivo que sale apenas el otro mes”, dice Samuel Ramos Morales, uno de los campesinos afectados con el posible desalojo que se hará en el sector conocido como Quebrada Andrea, en el corregimiento de Mingueo.
Son en total 72 las familias campesinas que están ocupando un predio de 460 hectáreas hace ya casi 20 años cuando su propietaria, la señora Carmen Redondo de Zubiría, se las entregó para con el fin de que las trabajaran, mientras ella gestionaba quien se las compraba.
“Yo tengo 18 años de haber recibido la tierra, fui quien se encargó de medir las parcelas, delimitarlas y repartirlas entre las familias. Nadie las invadió, ella nos las entregó”, aseguró el señor Samuel, quien tiene sembrado allí plátano, yuca, ñame y maíz, aunque dice que tiene paralizada la siembra por la incertidumbre en la que están.
Según explica Maira Rodríguez, una de las afectadas y quien es propietaria del hostal Nagui, la propietaria gestionaría ante la Agencia Nacional de Tierras la compra de la misma para que pasara a menos de los campesinos, pero esto nunca se dio y ahora está reclamando lo que es suyo.
“Nosotros entendemos que esta tierra no es de nosotros, pero aquí tenemos todo nuestro trabajo, hemos arreglado el terreno, sembrado, abrimos los linderos y cultivamos. Queremos que el Estado nos ayude para poder seguir trabajando en otro lugar”, indicó.
Los campesinos se organizaron y conformaron la Alianza Agrícola del Caribe, a través de la cual esperan recibir alguna clase de ayuda para poder seguir sembrando y produciendo los alimentos que se consumen tanto en Mingueo, como en Dibulla, Riohacha y hasta en Santa Marta y Barranquilla.
Óscar Acevedo, quien es el vicepresidente de la Asociación, asegura que llegó del Carmen de Bolívar hace unos doce años buscando un futuro para su familia y se encontró con estas tierras, donde siembra caña, aguacate, plátano y donde tiene mil pollos de engorde, gallinas criollas, ponedoras, cerdos de engorde y estanques de pescado.
“Ahora mismo no estoy produciendo nada, porque desde que nos avisaron que nos iban a desalojar me desmotivé y no quiero arriesgarme a seguir aquí. Nosotros solo queremos una oportunidad, para poder seguir aquí abasteciendo el mercado local”, aseguró en diálogo con EL HERALDO. Añadió que, si lo sacan de allí, no tendrá para donde irse con su esposa y sus siete hijos.
De los que se encuentran ocupando estas tierras, un 80% hacen parte de familias desplazadas y el 45% de los productores son mujeres cabeza de hogar.
Dos de ellas son Keila Julieth Ospino y María Eugenia Martínez Bejarano. La primera tiene siete años de estar sembrando yuca, ñame, caña, plátano, hortalizas y criando gallinas criollas. Afirma que “si me quitan la tierra, quedo en el aire con mis dos hijos de 12 y 9 años de edad. No sabría cómo sostener a mi familia, por eso espero alguna solución pronto, así sea que nos dejen trabajar en otro lado”.
María Eugenia por su parte tiene solo un año de haberle comprado la mejora al señor Pedro Acevedo, quien sí estuvo varios años trabajando las seis hectáreas que le tocaron. Ella tiene allí plátano, ají topito y yuca.
“Me tocará pasar hambre con mis hijos, porque no tengo para donde irme. Lo que queremos es llegar a un acuerdo con ella y que podamos seguir trabajando las tierras”, aseguró a EL HERALDO.
Los campesinos están conscientes que esa tierra no es de ellos, pero consideran que podrían buscarse una solución o una alternativa, en la que ambas partes puedan salir beneficiadas, porque entienden que la propietaria necesita o las tierras o el recurso económico si las vende.
EL HERALDO consultó al secretario de Desarrollo Económico del departamento de La Guajira, Alberto Ariza, quien nos explicó que no es mucho lo que se pueda hacer, porque los campesinos celebraron un contrato de comodato con un privado y el municipio no tiene predios disponibles para producción agrícola.
“Lo que pueden tratar de hacer es ampliar el tiempo del comodato con la propietaria y solo así podrán resolver el problema”, indicó.
Según Ever Zubiría, hijo de la propietaria de los terrenos, en la zona ya no hay 72 familias, como ellos afirman, sino solo 15, porque los demás han entendido y se han ido.
“Mi mamá tiene negociado el terreno con los indígenas y por eso espera que los que quedan allí puedan desalojar lo más pronto posible. A todos se les venció el contrato el año pasado y solo el hostal lo tiene firmado por cinco años y faltan dos para vencerse”, explicó.
Reconoció que al principio sí había 72 familias, pero cuando su madre ya les pidió las tierras, muchos se han ido. “Nosotros teníamos la intención que el Estado comprara las tierras, pero eso no se dio y ahora ya mi mamá necesita que desalojen para entregarla”, precisó.
Indicó que “es vergonzoso que ellos pidan que se les indemnice como lo están solicitando. Algunos tienen apenas tres años de estar allí”.
