Tras la captura de Jaime Saade Cormane, condenado como reo ausente en julio de 1996 a 27 años de prisión por el homicidio y violación de Nancy Mestre, se planteó un interrogante jurídico.
Algunos abogados penalistas consultados por este medio señalaron que la condena ya se 'encontraba prescrita', basándose en la Ley 599 de 2000 que trata del término de la prescripción de la acción penal, y que señala en el artículo 83 lo siguiente: 'La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuera preventiva de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco años, ni excederá de 20'.
Otros juristas refutaron la argumentación y coincidieron que la condena contra Saade Cormane se encuentra vigente y que la misma prescribe en 2023.
'La pena goza de vigencia, atendiendo que aún no se ha cumplido su término de prescripción; normalmente se tiende a confundir la prescripción de la acción penal, con la prescripción de la pena. La primera debe entenderse por el tiempo que tiene el Estado para investigar y perseguir conductas penales y sus responsables llevarlos a juicio, mientras que la segunda es el tiempo que tiene el Estado para lograr que una persona cumpla con su condena, y que para el caso que nos ocupa aún se encuentra vigente', afirma el docente y abogado penalista Ricardo Méndez.
El jurista explica que para el caso en particular, el Estado cuenta con un término de 20 años para perseguir las conductas a sus presuntos responsables y llevarlos a juicio .
'En la prescripción de la pena esa regla no aplica, es improcedente jurídicamente, debido a que la pena no se ha dado', dijo el experto.
