En declaraciones juramentadas rendidas en febrero pasado ante la Fiscalía Octava Especializada Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar, los exparamilitares Juan Francisco Segura Gómez, alias Mario o el Alacrán, y Jorge Escorcia Orozco, alias Rocoso, señalaron a Rafael Antonio Matera Lajud, su sobrino Enrique Pérez Matera y a Alfonso Macías Vargas, entre otras personas, como colaboradores de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
En los expedientes de los procesos bajo los radicados 217482 y 217494 que lleva la Fiscalía en contra de los investigados, y a los que EL HERALDO tuvo acceso, los exparamilitares relacionan no solo sus nombres sino también sus supuestos alias. Es así como a Rafael Matera Lajud le sindican el alias de 300, a Enrique Pérez el de 400 y a Alfonso Macías Vargas el de M1 o Don Alfonso.
De hecho, en oficio bajo el radicado 217492, el 18 de diciembre de 2018 la Fiscalía impartió una orden de trabajo a la Policía Judicial para que 'identifique e individualice a Rafael Matera, alias 300, a fin de que responda por los cargos que le figuran en el proceso'.
En el mismo documento, la Fiscalía Octava Especializada ordenó comparecer al despacho al desmovilizado Juan Francisco Segura Gómez 'a fin de escucharlo en ampliación de declaración juramentada para que precise y aclare los homicidios que menciona', la cual se llevó a cabo el pasado 22 de febrero en la cárcel La Picota de Bogotá.
La orden del ente acusador se dio por la declaración juramentada rendida por el exparamilitar alias el Alacrán, en contra de Matera Lajud, quien lo vinculó como presunto determinador de varios asesinatos registrados entre El Copey (Cesar) y Algarrobo (Magdalena) entre 2000 y 2004, información que fue publicada por este medio el pasado 14 de agosto.
'Se ordena desde ya la compulsa de copias de dicha exposición jurada del mentado exparamilitar, para que sea la oficina de asignaciones la que asigne al fiscal competente de esta ciudad para que investigue tales hechos u homicidios que se atribuyen, presuntamente al mencionado socio de la empresa Palmeras de la Costa S.A., puesto que en este proceso se están investigando otros hechos contra otro procesado', señala en el oficio la Fiscalía Octava delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar.
En Justicia y Paz
En marzo pasado, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla condenó a 40 años de cárcel a 16 exparamilitares, por delitos como desaparición forzada, desplazamiento forzado, exacciones o contribuciones arbitrarias y homicidios, que fueron sufridos por más de 2.000 personas a manos del frente José Pablo Díaz en el Atlántico y 589 personas víctimas del frente William Rivas en el Magdalena.
En la misma macrosentencia, los magistrados compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación para que establezca si se debe investigar a terceros señalados por los postulados como presuntos paramilitares y/o auspiciadores de las causas delincuenciales de este grupo. Las personas que debían ser investigadas por el ente acusador fueron el empresario Leónidas Duque Hurtado, Alfonso Macías, Juan Carlos Lobo Silva, José María Ovalle Orozco, Andrés Meza, y Jorge y Augusto Castro, al igual que alias Ojos Azules.
Los magistrados ordenaron igualmente a la Fiscalía General de la Nación indagar si la empresa agro industrial Palmeras de la Costa S.A., de propiedad de Alfonso Macías, prestaba sus servicios a grupos ‘paras’, como lo aseguraron alias el Alacrán y Rocoso, al igual ordenó investigar si las fincas Potosí, ubicada en Algarrobo, Magdalena; El Avión, ubicada en San Ángel, Magdalena; y La Roma, ubicada en el corregimiento de Las Mulas, en jurisdicción de San Ángel fueron utilizadas como campamentos base de las AUC durante su conformación.
Las declaraciones de los ‘exparas’
En la ampliación de la declaración juramentada ante la Fiscalía, Juan Francisco Segura, alias Mario o el Alacrán, dijo que permaneció en El Copey (Cesar) como jefe militar y comandante de finanzas de 2000 hasta principios de 2002.
Aseguró que su actividad en esa zona fue la de prestar seguridad a empresas y finqueros, 'no solamente de Palmeras de la Costa', también otras empresas como la finca El Coraje, empresa El Coraje, en las cuales en sus campamentos se acantonaban los grupos de las AUC, con el fin de contrarrestar el accionar delictivo de la guerrilla en esa zona.
'Hacíamos, en términos vulgares, el trabajo sucio de las empresas Palmeras de la Costa y del Matadero Camagüey, dueña de la finca El Coraje. nos apoyaban con combustible y vehículos que se necesitaban para andar dentro de la empresa, o sea, en sus predios. Y muchas veces frente a la empresa había campamentos que eran de las Autodefensas'.
En su declaración juramentada, el Alacrán indicó que conoce a Alfonso Macías Vargas, así como al capitán Azuero y a Rafael Matera.
'El señor Alfonso Macías siempre fue protegido de Vicente Castaño, y fue Alfonso Macías quien trajo los grupos paramilitares o dio el aval como empresario respetado para la expansión de dichos grupos en la zona', aseguró el exparamilitar.
Por su parte, Jorge Escorcia Orozco, alias Rocoso, hizo su declaración juramentada el 7 de febrero de 2019 como consta en el expediente. En este señala que perteneció a las Autodefensas de Córdoba y Urabá, al mando del entonces comandante Baltazar en 1996, de ahí fue trasladado al Magdalena y Cesar hasta 1998, después regresó en 2000 hasta agosto de 2004.
'Yo llego en agosto de 1996 al Magdalena y el Cesar, bajo el mando de alias Baltazar y a partir de ese momento todos los ganaderos y famicultores de la región tenían que aportarle a esa organización desde 1996. Sobre las fincas, los dueños que estamos tratando en esos momentos estaban el señor Rafael Matera, Jaime Jorden, Luis Macías, Alfonso Macías; estaba un señor que le decían el capitán Azuero, entre otros y todos tenían que aportarle a la organización. Se promediaba por finca ganadera diez mil pesos por hectárea y finca de palma 30 mil pesos por hectárea, mensuales o anuales, como ellos querían pagar'.
Entre otros señalamientos, alias Rocoso afirmó: 'en Palmeras de la Costa hubo una reunión en la cual asistieron Alfonso Macías, alias Ojos Azules, Luis Macías, el capitán Azuero y Rafael Matera, incluyendo a Salvatore Mancuso y Jorge 40. Yo fui el encargado de prestarle seguridad en Palmeras de la Costa. Esas personas tenían predios, fincas ganaderas o de palma, aportaban a la organización llamada Autodefensas, porque ese era el compromiso de todos los ganaderos y comerciantes de la región en todo el territorio donde tenía injerencia el Bloque Norte al cual yo pertenecía'.
Desplazamiento forzado
La empresa Palmeras de la Costa también tiene procesos por el delito de desplazamiento forzado, como la decisión de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena que en febrero de 2017 ordenó la restitución jurídica y material la restitución del predio Casa Loma, ubicado en la vereda la Ley de Dios, jurisdicción del municipio de El Copey (Cesar), el cual le había sido despojado a su propietaria, que lo había adquirido mediante resolución de adjudicación número 1558 de septiembre 12 de 1993, expedida por el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora.
Ante ese hecho y otros, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena compulsó copias para que se investigue a la empresa Palmeras de la Costa a y a sus socios por desplazamiento forzado.
Asimismo, el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla también compulsó copias para que iniciara proceso de lavado de activos y extinción de dominio a la mencionada empresa.
¿Cómo van los procesos?
El abogado de los procesados Rafael Antonio Matera Lajud, Enrique Pérez Matera Y Alfonso Macías Vargas pidió a la Fiscalía la preclusión de la investigación porque considera que la conducta investigada no ha existido y ellos fueron vinculados a la misma 'posiblemente por error involuntario del despacho. No hay el menor indicio de que sea autor o partícipe de las conductas que les fueron imputadas en la audiencia de indagatoria', señala el oficio que envío a la Fiscalía Octava Especializada.
Actualmente los procesos se encuentran en el despacho del fiscal del caso para resolver la situación jurídica de los investigados, por lo que se está a la espera de que el funcionario judicial tome una decisión, ya sea abstenerse de dictar medida de aseguramiento en favor de los procesados, o en su defecto proferir medida de aseguramiento en contra de ellos.
