El Heraldo
Torres del complejo habitacional Las Gardenias, ubicado en la localidad Metropolitana de Barranquilla. Hansel Vásquez
Judicial

Las bandas criminales reclutan a menores de conjuntos residenciales

La Mesa de Víctimas del Atlántico señala que en conjuntos residenciales de la localidad Metropolitana se reclutan menores, entre los 9 y 17 años de edad, para que hagan parte de organizaciones delictivas locales.

Del seno de un hogar a un escenario de guerra. Esto ocurre con menores de edad residentes en Barranquilla y su área metropolitana, y se ventiló recientemente en una sesión del Concejo Distrital a través de una alerta emitida por miembros de la Mesa de Víctimas del Atlántico, acerca del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes a bandas criminales, una problemática oculta y que muy pocos se atreven a hablar o a denunciar por miedo o temor a ser “callados”.

Pero los menores no van a parar a la selva, como se tiene en el imaginario colectivo, sino se mantienen en la propia urbe, a donde grupos armados trasladaron desde hace algún tiempo la guerra y, para ampliar y engrosar su pie de fuerza terminan vinculando a los menores.

Sobre esta denuncia, David García, uno de los coordinadores de la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas en Atlántico e integrante de la lista de desplazamiento forzado, explica que el reclutamiento de menores es una “situación aberrante” del conflicto armado, que desde la pandemia se ha venido incrementando por la deserción escolar. “Grupos aprovechan la vulnerabilidad de los niños y niñas, para encarrilarlos al camino de la guerra”, añade.

Precisa que en los últimos meses han obtenido más denuncias sobre estas prácticas en los llamados sectores de “viviendas gratis”, como los conjuntos residenciales de Las Gardenias y Villa La Cordialidad, ambos en la localidad Metropolitana.

Pasillos de Las Gardenias donde se reúnen los menores.

Es decir, según García, en este corredor la población civil corre el riesgo de ser incorporada a las estructuras, las cuales “buscan garantizar el monopolio de las economías ilegales del microtráfico, las extorsiones, la trata de personas, entre otras actividades ilícitas. Esto, en conjunto, configura un preocupante escenario de riesgo para el ejercicio y garantía de los derechos fundamentales de la población que se encuentra expuesta y vulnerable a la presencia e imposición de mecanismos violentos de estos grupos”.

De acuerdo con el líder, dentro de estas conductas los menores son más difíciles de detectar por las autoridades, en el sentido de que vienen siendo usados como “vigilantes, informantes y mensajeros; en transporte de suministros de droga, armas y elementos de apoyo para el grupo; transporte de sustancias ilícitas; tráfico o microtráfico de sustancias ilícitas, hurtos, entre otros delitos”.

Además, añade García, hay evidencias de que los menores son los que advierten de cualquier operativo de las autoridades cerca de la zona donde están los delincuentes y eso arruina los planes de los uniformados.

“Los niños son lo que sostienen la guerra y la economía. Un niño que consuma droga, que se vuelve adicto a la drogas, moverá el dinero de los jíbaros, volviéndose fiel a estos. El principal problema es que los niños son engañados y captados. Posteriormente, se dedican a extorsionar y cometer otros tipos de delitos en las zonas donde viven”, asegura el delegado.

La semana anterior, el alcalde Jaime Pumarejo casualmente hizo un llamado a los jóvenes que están siendo instrumentalizados por los grupos delincuenciales a los que se les han atribuido los actos delictivos recientes como, por ejemplo, los asesinatos de conductores.

Pumarejo dio su declaración a raíz de la aprehensión de un menor de 16 años que, supuestamente, estuvo vinculado en el crimen de José del Carmen Hernández Padilla, conductor de Coolitoral.

Menores entre los 9 y 17 años son reclutados por las estructuras criminales.

“Quiero hacer una reflexión: estas órdenes están viniendo de afuera de Barranquilla, y son jóvenes entre 16 y 21 años quienes están siendo presa para estas personas. No se tiren su vida ni la de su familia en búsqueda de 1 o 2 millones de pesos, porque la Policía está identificando y capturando a quienes están detrás de estos delitos”.

En medio del discurso también añadió: “El llamado es: jóvenes, no se dejen meter en este juego en donde ustedes son carne de cañón. Y a los que están instrumentalizándolos ya sabemos quiénes son”, sostuvo el mandatario de la ciudad.

En la capital del Atlántico hacen presencia bandas criminales que incluyen a desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, como lo son las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y grupos recientemente reconfigurados como los Rastrojos -Costeños y los Nuevos-Costeños. Asimismo, desarrollan su accionar en este territorio grupos como el Bloque Central Renacer y Los Papalópez. Asimismo, tienen presencia estructuras criminales provenientes de Venezuela y que mantienen presencia en ambos países.

La marginalidad, desempleo y condiciones económicas de los núcleos de familia han conllevado que los pequeños sean instrumentalizados como ‘carne de cañón’ para incurrir en las actividades ilegales.

Dentro de la alerta de la Mesa de Víctimas se precisa que la reclusión va desde los 9 hasta los 17 años. Y como si fuera poco, estarían aprovechándose de la calamidad migratoria para involucrar a adolescentes de nacionalidad extranjera.

“Hay muchos niños extranjeros que las familias no cuentan con los recursos adecuados para su alimentación, y las propuestas de costearles los gastos hace que caigan en la criminalidad”, detalla la fuente.

También hay que tener en cuenta que existe falencia a la hora de judicializar a un menor de edad. Las leyes en Colombia no permiten imponer penas fuertes a los adolescentes y tienen más beneficios, de allí el aprovechamiento de las organizaciones para reclutarlos.

El pasado mes de mayo,  el entonces consejero presidencial para los Derechos Humanos del gobierno Duque, Jefferson Mena Sánchez, manifestó que en el municipio de Malambo se estaba presentando la misma situación que en las zonas de los complejos habitacionales de Barranquilla mencionados.

Según el funcionario, los menores estarían siendo utilizados como informantes y mensajeros por parte de grupos como el Clan del Golfo.

Advertencia de la Defensoría

Esta casa editorial consultó con las diferentes autoridades, que añadieron más detalles sobre el tema en mención. La Defensoría del Pueblo manifestó que ha venido advirtiendo sobre el uso ilícito de niños, niñas y adolescentes en la ciudad, sin que haya resultados contundentes para protegerlos de las organizaciones criminales antes descritas.

Según el ente está vigente una alerta temprana emitida en el 2020: “La estructura criminal se convierte en una figura carismática para las víctimas del reclutamiento ilícito, pues les provee seguridad. El crimen organizado invita a un estilo de vida de dinero fácil y les da a los NNA una sensación de poder y control sobre sus propias vidas que las vulnerabilidades socioeconómicas les habían arrebatado”.

Además señalaron que tienen la ‘lupa’ en las situaciones de riesgo, que vienen desarrollando junto a entidades como la Fiscalía y el Instituto de Bienestar Familiar que han liderado acciones preventivas de reclutamiento a favor de más de 5.000 mil menores.

Mientras tanto, la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) implementa una estrategia en la región Caribe, y en ciudades como Barranquilla, donde se registran factores como violencia generalizada, microtráfico y homicidio.

Dentro de sus balances a la atención brindada por el ICBF a los menores de edad precisaron que “desde 1999 los grupos armados al margen de la ley han reclutados niños, niñas y adolescentes, han ingresado a sus filas. Farc con 3.879, ELN con 1.278, las AUC con 1.054 y otros grupos armados organizados con 606 menores de edad. El 83 % se ha desvinculado de forma voluntaria y el 17 % ha sido recuperado por las Fuerzas Militares”.

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