En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación judicializó a tres personas señaladas de pertenecer a una presunta organización delincuencial denominada Los Duendes, dedicada al hurto en la modalidad de fleteo. Los capturados operaban en los departamentos de Boyacá, Atlántico y Córdoba, según los avances de la investigación.
En ese sentido, un fiscal de la Seccional Boyacá presentó cargos contra Valentina Pico Cujia, Sigifredo Enrique Arévalo Armesto y Alexander Hernández Mena.
Los delitos imputados incluyen homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, así como tentativa de hurto calificado y agravado.
De acuerdo con la información recabada, los imputados habrían participado en una serie de robos cerca de entidades bancarias.
Entre los hechos investigados por la Fiscalía se encuentra un asalto ocurrido el 20 de agosto en el municipio de Paipa, Boyacá, en el que un ciudadano perdió la vida tras recibir varios disparos durante un intento de robo.
Este episodio, junto con otros eventos similares, forma parte de los cargos presentados contra los presuntos miembros de la organización criminal.
Las autoridades lograron la captura de los procesados durante diligencias de registro y allanamiento realizadas por agentes de la Sijín de la Policía Nacional en las ciudades de Barranquilla (Atlántico) y Planeta Rica (Córdoba).
Estas acciones fueron producto de una investigación coordinada entre la Fiscalía y la Policía Nacional para desmantelar a la banda “Los Duendes”.
Según los avances de la investigación, la banda Los Duendes estaría involucrada en una serie de robos bajo la modalidad de fleteo, un tipo de delito que consiste en seguir a personas que retiran grandes sumas de dinero de entidades bancarias para luego asaltarlas.
La Fiscalía cuenta con pruebas que vinculan a los imputados con varios de estos actos delictivos en las regiones mencionadas.
Durante la audiencia de imputación de cargos, Valentina Pico Cujia, Sigifredo Enrique Arévalo Armesto y Alexander Hernández Mena no aceptaron los delitos por los cuales se les acusa.
Sin embargo, ante la gravedad de los hechos, el juez de control de garantías decidió imponerles medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.