En video | ¿Acción y omisión llevaron a Ana Lucía a la muerte?
Una patada en el vientre, al parecer por parte de su padrastro, acabó con la vida de esta niña de dos años en La Peña (Sabanalarga). De acuerdo con familiares de la menor, su madre tenía conocimiento de los maltratos sufridos.
“Se cayó y rodó por la loma”. Una versión que pudo convencer a cualquiera pues vivían en una rudimentaria casa ubicada en lo alto de un cerro en el barrio Nueva Colombia del corregimiento de La Peña, en Sabanalarga (Atlántico).
Vecinos lo vieron salir desesperado el pasado sábado 23 de marzo, como a la 1:00 p.m. con el cuerpo casi inerte de una menor, que expulsaba sangre por la boca.
Ese era el cuerpo de Ana Lucía Mendoza Hernández, una pequeña de tan solo dos años, cuya corta vida estuvo sometida a todo tipo de maltratos, dijeron las autoridades. Varios de sus derechos fundamentales fueron violentados, una y otra vez, por personas cercanas a su entorno hasta que el más importante de todos, el de la vida, fue destruido de manera violenta y, lo más lamentable, fue que nadie pudo hacer nada por ella, según relató el fiscal del caso en la audiencia pública contra el presunto feminicida.
Al parecer no tenía un hogar conformado por unos padres que se amaran. Su madre salía a trabajar todo el día y la dejaba bajo el cuidado de su actual pareja sentimental. Según relata la familia paterna, la menor estaba descuidada, mal vestida y mal nutrida, pero según las autoridades, tampoco ejercieron la presión suficiente para sacarla del entorno en el que estaba.
Según el dictamen de Medicina Legal, la vida de la niña se fue con una patada propinada aparentemente por su padrastro Manuel Gregorio Villafañes Aranda, quien está capturado y anclado a un proceso judicial por el delito de feminicidio agravado.
La versión de Villafañes sobre una caída se desplomó rápidamente con las insistentes preguntas del médico que atendió a la menor cuando llegó casi moribunda, después de haber sido golpeada en presencia de otro pequeño de cuatro años, quien declaró ante las autoridades y confirmó lo ocurrido.
Aprovechando la confusión del momento en el consultorio, Manuel se escabulló y escondió por seis días. Sin embargo, se fue al mismo corregimiento donde tuvieron lugar los hechos. Su captura se hizo efectiva el jueves anterior por parte de miembros del CTI de la Fiscalía, y el viernes fue presentado en audiencia.
“El examen externo no evidencia laceraciones con patrón de arrastre recientes que sustenten la teoría de la caída de altura, lo cual no es coincidente con el relato de los hechos”, reza el informe de la necropsia practicado por Medicina Legal al cuerpo de Ana Lucía.
Además de descartar la supuesta caída, en la audiencia se aseguró que lo que mató a la menor ya venía sucediendo desde antes. “Se observan hematomas en la cara y laceraciones con formación mínima de costras, lo cual indica sometimiento a maltrato físico reciente y antiguo”.
El golpe que recibió la menor no solo le ocasionó un trauma cerrado de tórax, sino que le causó desprendimiento del hígado.
¿Cómo era posible que la menor hubiera sido sometida a ese tipo de golpes?, ¿Quién era el responsable de tal crueldad?, ¿Dónde estaba su madre?
Muchos interrogantes surgieron entre las autoridades y la familia paterna de la víctima quienes fueron de los primeros en tener conocimiento sobre lo que había pasado.
“Un amigo me llamó para avisarme que la niña se había caído y que iba casi muerta. Yo enseguida le avisé a mi hijo y le pedí a una de mis hijas que averiguara en el hospital de Sabanalarga, pero ella me dijo que allá no estaba.
Después una hermana de la Mona (Sandra) nos llamó para decirnos que estaba muerta”, contó Ana Luz Barragán, abuela paterna de la niña.
A casi una hora y media del corregimiento de La Peña estaba Sandra Patricia Hernández Bujato, madre de Ana Lucía, y quien, según su relato, estaba trabajando en el momento de los hechos.
Pese a que el caso ocurrió pasada la 1:00 p.m., solo hasta las 10:00 p.m. la mujer arribó al pueblo y se fue directo a casa de su mamá en el barrio Loma Fresca, en el mismo corregimiento.
Según investigadores, los padres de Ana Lucía se separaron hace poco más de un año y desde hacía uno Hernández Bujato había conformado otro hogar con Manuel Gregorio Villafañes Aranda, un venezolano 6 años menor que ella, que vivía en la citada población.
Los cuatro vivían en precarias condiciones en una casa hecha de listones de madera, tejas de zinc y plásticos de color azul como paredes.
Hernández era quien salía a rebuscarse el día de comida. Su jornada consistía en salir desde las 9:00 a.m. para vender dulces en los buses, y regresar tarde en la noche, según cuenta, mientras que Manuel se quedaba a cargo de la pequeña Ana Lucía y su hermano de cuatro años.
“Al principio cuando nos fuimos a vivir juntos él se portaba bien con nosotros. Ahora último había comenzado a pegarnos a mí y a mi niña. Yo sabía que él la maltrataba, pero no lo denuncié porque tenía miedo de que me hiciera daño.
Amenazaba con matarme si lo dejaba”, relata Hernández al tiempo que mueve con insistencia su pierna derecha en señal de nervios.
Se encuentra sentada en una silla plástica de color naranja. Viste de suéter blanco y pantalón negro. No lleva zapatos. Su cabello claro está recogido en un moño desordenado, con algunos cabellos rebeldes en la coronilla.
En la casa un niño de menos de un año llora mientras camina tras la abuela para que lo cargue. No usa pañal, ni ropa interior. En la puerta, cuatro pequeños más juegan en alto volumen, mientras Hernández intenta seguir contando su versión de la historia en medio de un intento de llanto.
“A mí me duele mi hija, fui yo quien se rajó la barriga para tenerla. Yo estoy sufriendo, él quiere hundirme, pero yo lo voy a hundir también y si nos tenemos que ir los dos a la ‘cana’, pues nos vamos”.
Su indignación radica en la versión que están extendiendo los familiares de Manuel Villafañes sobre que ella también golpeaba a sus hijos.
“Yo sí le pegaba, pero palmadas en las piernas. No para matarla, no sé por qué ellos dicen eso. Esa gente anda revuelta. Yo no he podido salir de casa de mi mamá, porque me da miedo de que me hagan daño, que se metan aquí de noche y nos maten a todos aquí. Esa gente es santera”, dice la mujer.
Lo más perturbador en el relato de Hernández es sobre el presunto abuso sexual al que fue sometida la niña y del que ella tenía conocimiento.
“La niña me decía que él le metía los dedos, pero yo no le creí porque como él la bañaba y le limpiaba sus partes, pensé que ella lo decía por eso. Además, una vez encontré al niño que le había puesto su miembro en la boca a la niña, y yo lo que hice que le pegué”.
Eduardo Mendoza Barragán es el padre de Ana Lucía y su hermano de cuatro años. Es un hombre joven de tez morena, lleva una camisa de mangas largas blanca con líneas en colores pasteles. Se recuesta sobre las rejas del jardín del Palacio de Justicia en Sabanalarga. Junto a él un grupo de seis mujeres, entre ellas su pareja sentimental Yulis López Fernández, quien toma la vocería al momento de hablar de la niña.
“Yo le pedía que me los trajera, porque yo me había encariñado con ellos y me ha dolido mucho lo que le ha pasado a la niña, porque era una criatura que apenas iba a comenzar el mundo, una niña inocente, porque yo hubiera deseado ser la madre de esa niña. Ella a mí me hizo perder un bebé de él (Eduardo) y yo la perdoné”.
Yulis llora. Su voz se entrecorta en cada intervención.
“Un día mi marido fue a quitarle los niños allá a La Peña porque se enteró que un hermano del padrastro le estaba faltando el respeto y él se llenó de odio y los fue a buscar, pero ella lo que hizo fue echarnos la Policía y estos llegaron con la violencia. Uno de ellos me golpeó y me empujó, yo me caí sentada al piso y después de eso lo perdí. Tenía dos meses y me hicieron un legrado”.
En Colombia los delitos se castigan por acción u omisión y para la familia Mendoza Barragán la negligencia e inoperancia de Sandra Patricia Hernández también debería ser penalizada.
“Ella estaba al tanto de todo lo que le hacían a los niños. Yo no entiendo cómo una madre prefiere más al marido que a sus hijos. Eso no es justo. Así como está él capturado así debería estar ella también, porque no solamente él tiene que pagar, son todos dos”, dijo Mary Barragán, prima del padre de la menor.
Eduardo y su mujer, Yulis, viven en el barrio La Sierrita en Barranquilla; por esa razón él tomó la decisión de sepultar a la menor en el cementerio Calancala de esta ciudad.
“La última vez que la vimos fue el día del sepelio. Ni siquiera vino a la audiencia, ahora y que tiene miedo”, suelta en tono sarcástico la madre de Eduardo, mientras él permanece serio. Sus palabras fueron pocas. “No hablo porque me duele mi hija, está muy reciente y prefiero no hablar”.
Dentro del complejo judicial, Manuel Villafañes estaba en la sala de audiencia mientras el procedimiento de captura del que era objeto se decretaba legal.
Cuatro patrullas de la Policía con dos uniformados cada una, una camioneta blanca con tres miembros de CTI y un camión con cerca de 10 agentes más aguardaban a las afueras del juzgado. Se anticiparon a la posibilidad de que pudieran presentarse desórdenes en la salida de Villafañes.
Pese a que la audiencia se suspendió a las 12:30 del mediodía, su salida fue a la 1:00 p.m. Seis uniformados lo escoltaron hasta el vehículo mientras se escuchaban las arengas de los familiares de Ana Lucía clamando justicia.
“Él no pensó en que también tiene dos niñas allá en Venezuela, nosotros no tenemos nada contra esas criaturas porque no tienen culpa de los errores de él, y le pido a Dios que no se las vaya a desquitar con ellas. Que Dios se encargue de él”, sentenció Yulis.
A 20 minutos de la plaza de Sabanalarga está Sandra Hernández. Dice que no irá a la audiencia del lunes por miedo, además, no quiere ver a Manuel.
“Sé que pude hacer algo por salvarla, me la hubiera llevado conmigo y ahora estuviera aquí y nada de esto hubiera pasado. A él no le gustaba que los dejara donde mi mamá, me decía que como acá había tanta gente de pronto le podían hacer daño y resulta que el daño se lo hizo fue él. Mi error fue confiar y darle amor a él”.
La casa en la que compartió los últimos meses Manuel, Ana Lucía, Sandra y su otro hijo, construida en lo alto de la loma, fue destrozada por algunos residentes del corregimiento de La Peña. Según contaron, fue para tratar de borrar el macabro recuerdo de esta tragedia.
