El Heraldo
Momento en el que socorristas de los Bomberos sofocaban las llamas del inmueble el pasado 3 de abril. Archivo EL HERALDO
Judicial

Capturan a cinco implicados en incendio de chatarrería por no pago de extorsión en Siape

Dueño del negocio denunció que la conflagración, ocurrida en abril anterior, fue provocada en retaliación por no seguir pagando extorsiones.

Agentes del Gaula de la Policía capturaron a cinco señalados integrantes de una banda denominada los Petulantes, a la que se atribuye el incendio de una chatarrería en el barrio Siape, en retaliación porque su dueño se negó a pagarles una extorsión.

“Se trata de cinco personas capturadas por orden judicial, que tienen relación directa con el incendio de una chatarrería por supuesta extorsión”, afirmó  el general Gonzalo Londoño Portela, comandante de la Policía Metropolitana.

La conflagración se registró el 3 de abril de este año en la chatarrería que funcionaba en la Vía 40 con calle 82, en la localidad Riomar, norte de Barranquilla.

“Me negué a pagar el recaudo que me venían haciendo desde hace más de un año”, denunció ese día ante los medios el propietario del negocio, Mauro Londoño.

Los detenidos fueron identificados como Víctor Alfonso Betancourt Camargo (30 años), señalado jefe de la banda; su hermano John Alexander Betancourt Camargo (21), alias Trenzas; Marco Junior Miranda Rodrígueez (21), alias Cocho; Brayan José Ospino Escquivel, alias Papapu (18); y Johnny Javier Ortega Melández, apodado Yoyito (22). 


Los detenidos, custodiados por agentes del Gaula. Foto: Policía

La Policía informó que los cinco son investigados por los delitos de concierto para delinquir y extorsión.

De ellos, tienen anotaciones penales alias Negro Tomate por homicidio, hurto y porte de estupefacientes; su hermano, una por hurto; y Cocho, quien a sus 21 registra 17 arrestos por hurto, porte ilegal de armas, lesiones personales, violencia intrafamiliar y porte de estupefacientes.

“Delinquían en el barrio Siape bajo la modalidad de extorsiones presenciales y llamadas telefónicas, mediante los cuales declaraban como objetivo militar al afectado, su núcleo familiar y sus propiedades ante una eventual negativa de pago, a quienes además intimidaban con la intención de materializar acciones terroristas como mecanismo de presión”, refirió la Policía en un comunicado. 

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