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Adelantan inspección judicial a la Registraduría de Soledad

Tras denuncias de EL HERALDO sobre cedulación irregular de migrantes, personal de Registraduría y Fiscalía se tomó la sede para recopilar pruebas.

Una comisión especial de la Fiscalía General de la Nación, encabezada por el registrador Nacional, Alexander Vega, y el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se tomó la Registraduría de Soledad, la tarde de este viernes, en la que realizaron una inspección judicial simultánea.

En la diligencia, que demoró unas 4 horas, un equipo especializado del CTI de la Fiscalía recopiló documentos, videos, entrevistas y otros elementos de prueba con el propósito de identificar a los presuntos autores de estos hechos de corrupción que estarían incurriendo en delitos contra la fe pública, por la presunta expedición de documentos de identidad y cédulas de ciudadanía a extranjeros(de Venezuela) que se encuentran en territorio nacional y que pretenderían participar en certámenes electorales en el país.

El procediendo judicial  se llevó a cabo luego de que EL HERALDO revelara, el pasado domingo, a través de un testimonio de una persona, cómo de los archivos de la Registraduría de Soledad se le ubica a los migrantes, según sus apellidos, “un progenitor colombiano” para que obtengan la cédula o el registro civil que les permita acceder a la nacionalidad colombiana.

“En un trabajo en conjunto con la Fiscalía se venía auditando los registros falsos otorgados a extranjeros. La determinación se tomó luego de una denuncia de EL HERALDO. Llegamos el día de hoy (ayer) a hacer una toma y a cambiar los registradores especiales”, señaló Vega en primicia a este medio.

Funcionarios removidos

En medio de la diligencia el funcionario afirmó que los registradores especiales de esa sede fueron removidos de sus cargos y anunció la suspensión de la atención en esta, mientras las autoridades avanzan con las indagaciones.

“En la Registraduría del siglo XXI estamos comprometidos por luchar de frente contra la corrupción al interior de la entidad. Agradezco el trabajo armónico con la Fiscalía General de la Nación, así como el papel de nuestros procesos disciplinarios internos, que facilitaron el operativo de hoy (ayer)”, señaló el registrador, quien además afirmó que se revisa si hay complicidad de algunos funcionarios de esta sede y de otras oficinas en el Atlántico.

Los servidores presuntamente vinculados en estas actividades irregulares deberán afrontar procedimientos disciplinarios en el interior de la Registraduría Nacional del Estado Civil y procesos judiciales a cargo de la Fiscalía General de la Nación.

Vega además destacó que “esta es una práctica que se viene usando por nacionales y transnacionales que utilizan el testimonio de cualquier persona para registrar a alguien y queda de una vez cómo colombiano. Este es un crimen organizado, y vamos a depurar el sistema electoral y cuidar la identificación de los colombianos y sobre todo evitar que los mismos funcionarios se presten para actividades delictivas”.

Esta acción se enmarca en la estrategia definida por el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, de esclarecer los hechos de corrupción que afectan la confianza de la ciudadanía en el Estado y las instituciones que lo representan.

“Este es un mensaje, porque este caso, como tantos otros que se están presentando en diferentes lugares del país, tendrá la acción de las entidades; en este caso, con la  Registraduría o con la misma Contraloría General de la República, para que la gente sienta que la justicia es concreta. Nosotros en la Fiscalía hablamos con resultados”, señaló el Fiscal general.

Los detalles del testimonio

 De acuerdo con el testimonio que conoció este medio, una supuesta funcionaria pedía a los interesados la partida de nacimiento venezolana original y apostillada, además $1.200.000 para poder realizar el trámite.

“La mujer buscaría dentro de los archivos de la Registraduría a una persona que, por su edad, pudiese ser mi mamá o mi papá; entonces, ella haría un registro civil donde pondría a esa persona como uno de mis progenitores; una vez teniendo ese documento yo sería automáticamente colombiano y podría acceder a la cédula. Ya por ese otro documento debía pagar otro monto, fueron $500.000”, detalla el hombre que dio su testimonio y al que este medio tuvo acceso.

Es decir, que si algún venezolano de apellido Ramírez contactaba a la supuesta funcionaria, ella buscaría a un hombre o a una mujer con ese apellido y lo haría pasar como su padre o madre para hacer todo el trámite amparado en el artículo 96 de la Constitución Política, pues este establece que son nacionales colombianos “los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República”.

En medio de la diligencia, el registrador nacional aseguró que las auditorías internas y evaluaciones continuarán en registradurías de frontera, con el fin de garantizar la transparencia en los procesos de identificación y para que no se afecten los procesos electorales que se llevaran a cabo a futuro en el país.

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