Amigos de Michael Álvarez Camargo, barrista del Junior de Barranquilla y miembros del Frente Rojiblanco Sur, FRBS, se sumaron este jueves 24 de julio a un inconformismo con el manejo en la entrega de los cadáveres en la Regional Norte del Instituto de Medicina Legal.
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El cuerpo sin vida de Álvarez Camargo, asesinado con arma de fuego en la noche del lunes anterior en Rebolo, según denuncias de sus familiares y amigos, no ha sido entregado para su velación e inhumación, por lo que decidieron llegar a las instalaciones del suroccidente de Barranquilla para exigir la entrega.
Con cánticos, acompañados de tambores, redoblante y platillos, protestaron en la entrada del instituto para que les entregaran el cuerpo y así poder darle cristiana sepultura.
“Cómo duran tantos días para entregar un cuerpo. No jueguen con el dolor de la gente, todo es dinero, entregaron al arquitecto (otro fallecido), pero a mi sobrino no. Además de eso, por el estado del cuerpo, te obligan que tiene que salir aquí para el cementerio, que no podemos ni llevar ni a la funeraria, ni a la casa. En ningún lado, de aquí para el cementerio. Nosotros tenemos que irnos tranquilos sin saber en qué estado está el cuerpo y cuándo lo van a entregar”, cuestionó un allegado de Álvarez Camargo.
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Esta protesta coincidió con un comunicado dado a conocer por el sindicato de trabajadores del Instituto de Medicina Legal, Sindemedilegal, el cual pide “acciones efectivas” para solucionar una crisis con el manejo de los cadáveres en la morgue de la entidad, en una denuncia exteriorizada o dada a conocer por familiares de víctimas, vecinos del sector suroccidente de Barranquilla, una veeduría y por personas que frecuentan la sede.
A través de un comunicado, en el que se elevó una solicitud a la Secretaría de Salud Distrital para una “visita urgente”, la asociación de trabajadores señaló que se ha venido realizando un seguimiento constante a las condiciones físicas y laborales de los trabajadores de la morgue de Medicina Legal y que la situación “ha sido informada oportunamente a la administración de la entidad, sin que hasta el momento se hayan tomado acciones efectivas para su solución”.
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Específicamente, de acuerdo con el sindicato, se ha evidenciado que el cuarto frío, diseñado para albergar entre 16 y 20 cadáveres, había llegado a contabilizar hasta 80 cuerpos.
Y que esa sobreocupación “ha generado una serie de situaciones preocupantes, tales como la emisión de malos olores en la sede y en sus alrededores; proliferación de insectos, especialmente moscas; riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores, quienes deben ingresar al cuarto frío para realizar la búsqueda del cuerpo y su entrega”, entre otros aspectos.
“Esta situación configura un riesgo inminente de emergencia sanitaria, dado que los equipos de refrigeración están siendo utilizados muy por encima de su capacidad técnica, lo cual puede derivar en fallas funcionales con graves consecuencias para la salud pública”, advierten.
Tal revelación del sindicato coincide con lo expuesto por la Veeduría Ciudadana de la Región Caribe (VEECIRECAR), en cabeza de Rubén Moreno De Las Salas, quien detalló el miércoles anterior las terribles condiciones en las que funcionaría la morgue de Medicina Legal.
“Hay un cuarto frío donde nada más caben 16 cadáveres, hoy en día existen 83 muertos y todos esos no entran. Ahora mismo, los malos olores que transmiten medicina legal, está afectando a toda esa comunidad, principalmente el Instituto Inocencio Chincá, el director tiene que enviar a los estudiantes para su casa, porque los olores son demasiado fuertes”, manifestó Moreno.
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Según el presidente de la veeduría, una de las posibles soluciones para esta problemática sería comprar unos contenedores refrigerados para almacenar dichos cuerpos que hoy están descomponiéndose.
Vigilancia preventiva y permanente
El personero Distrital, Miguel Ángel Alzate, informó sobre la visita realizada en la tarde de este jueves 24 de julio a las instalaciones de la Regional Norte del Instituto de Medicina Legal, como parte de una mesa de trabajo liderada por la Procuraduría Regional del Atlántico, con acompañamiento del Ministerio Público y la oficina de Salud Pública.
La diligencia se llevó a cabo luego de la denuncia del sindicato y los reclamos de la comunidad.
Durante el recorrido, encabezado por la directora regional del Instituto, Érika Vargas, y la directora seccional, Marjorie Cervantes, se inspeccionaron todas las áreas del centro forense. Aunque aún se espera el informe técnico final por parte de Salud Pública, Alzate señaló que, de manera preliminar, no se evidenciaron anomalías en las instalaciones.
“No vimos ninguna falencia ni debilidad visible. Las instalaciones se encontraron en orden, aunque debemos esperar los resultados del informe técnico para tener una evaluación completa”, expresó el personero.
Respecto a versiones sobre un presunto represamiento de cadáveres y malos olores en la morgue, Alzate afirmó que durante la visita no se encontró ningún tipo de congestión. “El funcionamiento era normal. Se nos informó que solo había tres cadáveres en trámite legal. El fin de semana hubo necesidad de reforzar los turnos por un incremento puntual de casos, como el del incendio reciente, pero ya fue superado”, explicó.
Sobre los olores reportados, indicó que estos solo se presentan brevemente cuando se abren los cuartos fríos para ingresar cuerpos, lo cual es un procedimiento habitual y no obedece a una situación excepcional. No obstante, Salud Pública realiza una inspección técnica para verificar condiciones como el vertimiento de líquidos, aseo y temperatura dentro de las cámaras.
Finalmente, Alzate compartió las estadísticas proporcionadas por Medicina Legal: en 2023 se recibieron 1.600 cadáveres; en 2024, la cifra subió a 1.750; y en lo que va del 2025 ya se han contabilizado 968 cuerpos, con un promedio de cuatro ingresos diarios. A pesar del aumento, la institución afirma que no se han desbordado sus capacidades operativas.
Por otro lado, el personero señaló que así como lo manifestó la Procuraduría Regional este caso de Medicina Legal tendrá una vigilancia preventiva permanente para tener más de cerca información relacionada con las diligencias adelantadas por el instituto.
