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Mientras las autoridades civiles y policiales avanzan en las investigaciones por los recientes hechos criminales contra el gremio de motocarristas de Soledad y Malambo, luego de al menos tres homicidios de conductores y las posteriores apariciones de panfletos amenazantes, es válido tener en cuenta que este ciclo de violencia en el área metropolitana de Barranquilla cabalga desde tiempo atrás y se manifiesta, por lo general, en los mismos meses de cada anualidad.

Para contextualizar esta nueva arremetida de extorsionistas hay que reseñar que desde el pasado jueves 29 de mayo quedó en evidencia ese supuesto plan de ataque contra el gremio de motocarristas soledeños con un atentado que sufrió un conductor llamado Robinson Junior Olivo Mendoza, de 33 años, mientras permanecía en su vehículo esperando clientes fuera de un almacén de cadena. Un pistolero le disparó y este quedó herido.

El 6 de junio, Jorge David Meza Caballero, otro motocarrista, fue asesinado en el barrio La Arboleda, el mismo sector donde el pasado miércoles 18 de junio fue acribillado frente a la parroquia María Rosa Mística Carlos Augusto Durán Marín, un motocarrista de 35 años de edad que tenía como costumbre ubicar su automotor frente al centro comercial de la zona, para tomar pasajeros.

Sobre el crimen, habitantes del barrio dijeron que la víctima había tomado una carrera y fue sorprendido por sujetos que se desplazaban en moto. Fueron al menos tres detonaciones las que se escucharon y luego vieron tendido en el piso, fuera de su vehículo, a Durán Marín, quien portaba una camiseta de color amarillo y un pantalón oscuro.

El pasajero que iba con el hoy occiso era José Gregorio Pacheco Niebles, otro motocarrista de 30 años. Este fue trasladado al Hospital Universidad del Norte y allí murió.

A hacer memoria

Entre los meses de mayo a julio de 2022 se presentaron múltiples casos de atentados contra el gremio transportador en la capital del Atlántico y su área metropolitana, luego de que estructuras criminales intentaran apropiarse de sus rentas a través de la intimidación o la amenaza.

Inicialmente se presentó un doble homicidio contra dos empleados de la compañía de transporte público colectivo Embusa. Sucedió el sábado 7 de mayo. Manuel Torres Charris y Orangel Rosellón fueron acribillados en Sitonuevo luego de que salieran de una nevada de la empresa, localizada en Barranquillita, y fijaran ruta hacia Remolino, Magdalena, donde vivían.

Posterior a ese episodio fueron tres los conductores de buses asesinados, dos empleados de Cootrab y Coolitoral, y uno de la compañía Transmecar, todos víctimas de ese método de presión para que las empresas transportadoras para las que trabajaban entregaran millonarias cuotas extorsivas.

Pero en ese mismo lapso del segundo y tercer trimestre del año 2022 hay que citar otros hechos criminales por extorsiones contra otros gremios. Por ejemplo hubo al menos dos atentados contra billares que dejaron el mismo saldo de víctimas fatales; dos homicidios de hombres ligado a la cultura picoteril y al negocio de la amplificación de sonido, que luego tuvo su capítulo aparte.

Por aquella situación, previa al cambio del jefe de Estado, se anunciaron medidas que luego quedaron en el aire.

Crisis en 2023

En junio y julio de esta anualidad volvió a aparecer la violencia en Barranquilla y el Atlántico por cuenta de la extorsión. Atentados contra estaciones de gasolina se cobraron las vidas de varios inocentes y los ataques contra el comercio de diferentes localidades atemorizaron a clientelas, hasta el punto en que los gremios se vieron abocados a los cierres temporales. Pero hubo un capítulo especial en lo que tuvo que ver a los crímenes de programadores musicales.

Fueron cinco homicidios registrados en Barranquilla y su área metropolitana, en los que las víctimas resultaron ser personas vinculadas al oficio de programador musical o DJs de los tradicionales picós.

Estos eventos ya tenían un antecedente de 2022 y si bien no se asociaron inicialmente con extorsiones luego sí se barajó la posibilidad entre los investigadores.

En 2023 Barranquilla y su área metropolitana cerraron con un aumento del 78 % en casos denunciados, en comparación con 2022, según registros de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

¿Y en 2024?

En mayo del año anterior un comerciante fue víctima en Soledad de las balas de extorsionistas. Se trató de Calixto de Jesús Baldovino Ortega, de 50 años de edad y propietario en el barrio Renacer de un estadero llamado la ‘Terraza Rumbera’. Meses después se estableció mediante investigación que el hombre fue extorsionado por ‘los Costeños’.

En junio y julio más denuncias de víctimas salieron a flote y las autoridades empezaron a dar resultados de investigaciones iniciadas en los meses donde más había arreciado este delito. En aquel momento presuntos integrantes de ‘los Pepes’ y ‘Costeños’ fueron presentados ante jueces de control de garantías.

En agosto volvió a elevarse el pico de denuncias, incluyendo las manifestadas por el gremio de transportadores de la empresa Lolaya, la cual fue blanco de intimidaciones. Esta situación llevó al cierre temporal del servicio de transporte público colectivo, igual que años atrás.

Desde Barranquilla, el entonces general de la Policía José Luis Ramírez Hinestroza confirmó la presencia de una célula del Clan del Golfo que venía afectando el Atlántico y que se disputaba zonas con los ‘Pepes’ y ‘Costeños’.

No obstante, investigadores detectaron que las intimidaciones a Lolaya no provenían del Clan del Golfo, sino de ‘Costeños’ que se hacían pasar como integrantes de este poderoso grupo criminal.

De buses a motocarros

Fuentes judiciales señalaron a EL HERALDO que la actual arremetida contra motocarristas de Soledad y el ‘coletazo’ a los trabajadores de este gremio en Malambo tendría como autores materiales e intelectuales a los mismos miembros de la estructura criminal ‘los Costeños’.

Al parecer, a los motocarristas les exigen semanalmente el pago de 40 mil pesos para seguir trabajando en la zona. Algo así como un “impuesto criminal de rodamiento”.

Pero también se atribuiría a una supuesta disputa territorial por el control de las extorsiones a motocarristas. Es decir, hay un sujeto conocido con el alias de ‘Maldad’, perteneciente a ‘los Costeños’, que hoy estaría recibiendo dinero semanal de varios motocarristas de la zona, entre ellos el motocarrista muerto Carlos Augusto Durán Marín, y ahora hay otro oscuro bando, compuesto por Pepes y Clan del Golfo, que pretende apoderarse de esa renta criminal.

No obstante, en esa baraja también entra la delincuencia común que aprovecha el río revuelto para pescar a sus víctimas.