Después de un mes y medio, desde el momento de las capturas hasta el cierre de las audiencias preliminares, el juez 102 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla, William Alfredo Saleme Martínez, ordenó en la tarde de este martes 27 de mayo medidas de detención privativas de la libertad en centro de reclusión, domiciliarias y no privativas de la libertad contra los 17 involucrados en la extensa investigación de la Fiscalía y la Dijín de la Policía por el presunto robo de tierras en el municipio de Soledad.
Recordemos que el pasado lunes 14 de abril el propio presidente de la República, Gustavo Petro, como lo acostumbra en su cuenta de X, dio a conocer los resultados preliminares de una operación llamada Gaia, con la cual se atacó la ocupación ilegal de tierras en el municipio perteneciente al área metropolitana de Barranquilla.
“He sostenido que buena parte de la criminalidad tiene soporte en el mismo Estado. Aquí hemos capturado con la Policía Nacional toda una red dedicada al volteo de tierras en Barranquilla, la mayoría de los capturados son funcionarios públicos ligados a la clase política regional. Velando por los derechos a la vivienda, la educación y el deporte para la población más vulnerable del Atlántico, @PolicíaNacional y la @FiscaliaCol capturaron 17 personas dedicadas al ocupamiento de tierras, entre estos a funcionarios públicos…Esta operación continuará con 16 imputaciones más, para un total de 33 personas judicializadas de esta organización delincuencial”, publicó en su momento el mandatario de los colombianos.
De acuerdo con el jefe de Estado lo expuesto correspondía a un entramado criminal compuesto por particulares, funcionarios públicos y hasta notarios, a quienes se les seguía desde hacía un año y medio aproximadamente. La red, que operaba principalmente en el municipio de Soledad y otras zonas del departamento del Atlántico, supuestamente se dedicaba al robo sistemático de tierras mediante falsificación de documentos, suplantación de propietarios y maniobras jurídicas ilegales.
A través de escrituras fraudulentas, registros adulterados y testigos falsos, los implicados lograban presuntamente apropiarse de terrenos públicos y privados, para luego venderlos a terceros de buena fe o simplemente reclamarlos como propios, según lo descrito por las autoridades.
En medio de las pesquisas, la Fiscalía también alcanzó a documentar casos en los que personas fueron amenazadas o desplazadas violentamente de sus viviendas para apoderarse de los terrenos. También, al parecer, se registraron homicidios relacionados con disputas por estos predios, lo que demostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar este grupo por quedarse con la tierra.
Tesis de la Fiscalía
A comienzos de mayo, la representante de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó contra los 17 capturados los delitos de falso testimonio, fraude procesal, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, estafa agravada, invasión de tierras, falsedad en documento público, urbanización ilegal, peculado por apropiación a favor de terceros, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio, prevaricato por acción o prevaricato por omisión. En total 13 delitos, eso sí, imputados de manera distinta a cada uno de los procesados. Luego de la intervención de la Fiscalía, ninguno de los señalados aceptó los cargos.
Al cierre de la imputación, cada uno de los abogados defensores solicitaron a la Fiscalía aclarar o especificar, uno por uno, los delitos imputados a sus defendidos. Y, de inmediato, la petición se adelantó de manera detallada por el ente investigador.
Por otro lado, la Fiscalía insistió en que los detenidos sí conformarían un grupo de delincuencia organizado o GDO, pues estos tendrían roles específicos “en una actividad multicriminal urbana regional y municipal”. Además, la representante del ente investigador asoció los nombres de las estructuras criminales de ‘los Costeños’ y ‘los Pepes’ con “participación e incidencia” en dicho GDO.
Pasada la segunda audiencia, decenas de interceptaciones telefónicas fueron expuestas por el ente investigador en una extensa intervención de la Fiscalía Octava ante la Dirección Especializada contra la Corrupción, en medio de la solicitud de medida de aseguramiento contra el grupo de implicados en el robo sistemático de tierras.
En esa línea, la representante del ente investigador sacó como arma para sostener su tesis del supuesto plan criminal orquestado por funcionarios, exfuncionarios, abogados y personas naturales, las comunicaciones entre estos en las que dejaron entrever nuevamente, según la Fiscalía, el supuesto fraude para apropiarse de terrenos públicos y privados, para luego venderlos a terceros de buena fe o simplemente reclamarlos como propios.
“Una posesión con fecha, ya tu sabes…”; “Allá hacen un proceso de posesión de esos chimborrios”; “En esa notaría hay que pagar peajes”; “Tenemos al inspector de este lado”; “los manes de jurídica son un mal necesario”; “Nos vamos a estrellar”; “El man quiere la plata”, y “yo soy el más paciente de este grupo, a este lo iban a pasar al papayo…”, fueron algunas de las frases expuestas por los sospechosos, en medio de esas conversaciones asociadas con los presuntos fraudes que sostenían.
Hay que señalar que en este presunto entramado están imputados Marlon Mora Montesino, inspector de Policía de Soledad; Juan Manuel Ucrós Ucrós, exregistrador de Instrumentos Públicos de Soledad; Andrés Rafael Díazgranados, funcionario jurídico de la Alcaldía de Soledad; José Luis Pacheco Teherán, abogado calificador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad; Iván Carlos Páez Redondo, registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad; y David De Castro Macías, exregistrador de Soledad.
Pero además a Neissy Cantillo Del Toro, ex inspectora de Policía de Soledad; Ismael Cárcamo Alvarino, agente corruptor; Inés Aminta Salas Palencia, con ese mismo oficio; José Márquez Monterrosa, abogado; Francisco Mejía, notario de Santo Tomás; Luis Miguel Martínez Montañez, tramitador; Rafael Enrique Bossio Pinzón, abogado; Alex Ahumada Díaz, abogado; Wilmar Machuca Caicedo, supuesto poseedor irregular; Luis Peñaloza Rojas, supuesto poseedor irregular, y Roque José Lugo, presunto testigo falso.
Recordemos que la decimoctava detenida y procesada dentro de esta misma investigación es la notaria segunda de Soledad Ana Dolores Meza Caballero, quien se imputó días atrás, por separado, ante el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla y está cobijada con detención domiciliaria.
Las medidas
En continuidad a lo señalado anteriormente, el representante del despacho decidió entonces la detención en centro carcelario para Luis Fernando Peñaloza Rojas, José Márquez Monterrosa, José Luis Pacheco Teherán, Marlon Mora Montecinos, Inés Aminta Salas, Rafael Enrique Bossio Pinzón, Roque José Lugo Hereira, Wilmar Machuca Caicedo, Alex Ahumada Díaz, Andrés Diazgranados Cruz, Neissi Esther Cantillo y Luis Miguel Martínez Montañez.
En cuanto a Ismael Cárcamo Alvarino fue cobijado con detención domiciliaria.
Y en lo que tuvo que ver con el notario de Santo Tomás Francisco María Mejía De la Hoz, Iván Carlos Páez Redondo, Juan Manuel Ucrós y David De Castro Macías, el juez decidió una medida no privativa de la libertad, pero estos tendrán ciertas restricciones como no salir del país y presentarse ante las autoridades cada vez que sean requeridos. A los cuatro les sería concedida la libertad en las próximas horas.
Al cierre, la Fiscalía, el Ministerio Público, la Superintendencia de Notariado y Registro apelaron la decisión del togado con relación a algunas de las medidas, así como abogados defensores de los investigados. Eso, según el juez, deberá resolverse en los próximos días.
