Tras dos años sin ejecuciones, Japón ajustició ayer a tres reos condenados a la pena de muerte por varios asesinatos, lo que reabrió el debate sobre esta controvertida medida apoyada, según el Gobierno, por el 85 por ciento de la población, lo que no impidió la crítica de organizaciones como Amnistía Internacional que expresaron su 'profundo rechazo' por las ejecuciones.
Los ejecutados eran de nacionalidad japonesa y fueron ajusticiados por ahorcamiento, el método establecido por la ley nipona, en centros de detención de Tokio, Fukuoka e Hiroshima, informó el ministro japonés de Justicia, Toshio Ogawa.
Este es el segundo conjunto de ejecuciones bajo el Gobierno del Partido Democrático de Japón (PD), después del ahorcamiento de dos reos en julio de 2010 con una orden firmada por la entonces ministra de Justicia, Keiko Chiba, abogada progresista que paradójicamente era miembro de la Liga Parlamentaria contra la Pena de Muerte.
La pena máxima se aplica en Japón en el mayor de los secretos, sin testigos ni aviso previo a los condenados o a las familias.
Japón es, junto con EU, el único país industrializado y democrático que mantiene la pena capital, una condena que según la Federación de Colegios de Abogados de Japón está en vigor en 57 países y ha sido abolida por 141 Estados.
Tokio, EFE
