La salida del general Edwin Urrego de la Policía Nacional, formalizada tras las acusaciones del presidente Petro sobre un supuesto complot en el que habría participado para ponerle “sustancias psicoactivas” en uno de sus vehículos, constituye un episodio tan grave como desconcertante.

Grave, porque señala a un oficial íntegro con más de 30 años de carrera y una hoja de vida intachable, colmada de reconocimientos. Desconcertante, porque la sindicación, respaldada por el ministro Armando Benedetti, se hizo sin que se aportara una sola prueba y sin que tampoco mediara, al menos públicamente, una investigación formal.

El jefe de Estado habló de una conspiración para sabotear la reunión con su homólogo de EE. UU., pero no explicó cómo se ejecutaría, quién habría dado la orden ni en dónde sería. Nada de nada.

El general Urrego negó de manera categórica cualquier vinculación al hecho y dice que se enteró de la denuncia por el correo de las brujas. En un Estado de derecho la carga de la prueba no puede invertirse: no es el acusado quien tiene que demostrar su inocencia luego de que, desde su tribuna de poder, el presidente destroce su honra personal y profesional, sino que es el Estado el que debe soportar sus señalamientos con pruebas y no con rumores, chismes o montajes, con una clara intencionalidad de persecución política.

Por tanto, el llamado a calificar servicios del general Urrego no puede leerse como una decisión rutinaria, de trámite administrativo, amparada en la discrecionalidad presidencial. Obliga, más bien, a una lectura entre líneas sobre el real alcance de una denuncia que, paradójicamente, dibuja un contexto en el que el acusado es más víctima que victimario. Y, aunque no extraña, porque así ya ha ocurrido en ocasiones anteriores en este gobierno, el mensaje resulta demoledor: primero es la condena, después —si acaso— la comprobación.

Como comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Urrego al igual que el coronel Óscar Moreno, también retirado de la institución, se habían convertido en incómodas piezas que se resistían a encajar en el rompecabezas de corrupción que vincula a administraciones públicas con intereses privados.

Ante su negativa de saltarse normas de ley, lo fácil fue redactar un correo anónimo que los vinculara a una intriga internacional contra Petro y Benedetti. El resto corrió por cuenta de la Dirección Nacional de Inteligencia, que le dio total credibilidad a un mensaje artificioso que no aguanta una verificación imparcial, desprovista del ánimo de destruir honras y sin el sesgo político de pasar factura.

Sin pruebas contrastadas que sustenten la denuncia, la narrativa del complot se desmorona y esa sola posibilidad ya debería alarmar más que cualquier historia de supuesto sabotaje. El historial de presiones del poder sobre Urrego, que deben ser investigadas por los entes de control, alimenta la sospecha de que fue el blanco de una trama para sacarlo de escena.

Surge una pregunta ineludible: ¿quién le habla al oído al jefe de Estado? ¿Qué filtros existen antes de que una versión de inteligencia se convierta en acusación pública y en decisión que trunca la carrera del general con más experiencia en investigación criminal del país? No es la primera vez que Petro se asume como objetivo de conjuras oscuras, en las que él aparece como la víctima central.

Por la recurrencia de sus denuncias, se diría incluso que hace parte de su estrategia personal para sacudir las emociones de las masas, pero cuando el relato desencadena medidas contra funcionarios, el problema pasa de ser retórico a institucional. Sobre todo porque ahonda crisis de confianza, en este caso dentro de la cúpula policial y en la relación entre el poder civil y la fuerza pública. Ya no es posible tapar el sol con un dedo.

También vale la pena hacerse otra pregunta urticante: ¿qué intereses y tensiones previas rodeaban al oficial? Porque el antecedente agrava las dudas.

Urrego, como en su momento lo contó EL HERALDO, estuvo al frente del apoyo institucional a un allanamiento ordenado por la Corte Suprema a la casa del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de labores de vigilancia aérea en esa misma zona tras protestas en la Universidad del Atlántico. Es más, el propio Petro sugirió un nexo que luego el ministro negó en una diatriba contra el oficial.

Este penoso asunto demanda una reflexión de fondo. Acusaciones de semejante magnitud no se sustentan en alusiones imprecisas ni en informes calculados. Cuando el poder político actúa guiado por intereses personales, la narrativa del complot actúa como búmeran y ya no se estaría hablando de un general conspirando contra el presidente, sino de un oficial convertido en diana de una acusación escandalosa, de la que, ha dicho, se defenderá incluso acudiendo a instancias internacionales. La frontera de esta infamia no pude ser tan difusa.