La vivienda en Colombia atraviesa su peor crisis en más de una década. Las cifras de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, son rotundas: las ventas durante el actual Gobierno se han reducido a la mitad, las iniciaciones están en su punto más bajo desde el 2012, el sector encadena ocho trimestres consecutivos de caídas y 24 mil empleos, el 70 % de obreros, se perdieron cada mes de 2024 por la ralentización de la actividad constructora.

No cabe duda de que las consecuencias de la actual política pública de vivienda, errática, desarticulada y sin visión de largo plazo, trascendieron lo económico para impactar lo social. En su afán de satanizar lo privado, el Ejecutivo desconoció deliberadamente una verdad de a puño: por cada peso invertido en construcción se activan más de 30 sectores productivos del país. Así que desacelerar la vivienda no es solo detener ladrillos; es detener la economía.

El cierre abrupto del programa “Mi Casa Ya”, sin transición ni plan alterno, fue un duro golpe para un país en el que la vivienda representa el 13 % del PIB nacional y genera un millón de empleos. Pero, sobre todo, lo fue para más de 70.000 familias que se quedaron en el limbo, a mitad de camino, con sus ahorros en los bancos, créditos preaprobados y una enorme frustración entre pecho y espalda ante la imposibilidad de tener, por ahora, vivienda propia.

Lo más desafortunado de esta historia de estancamiento de la construcción, inducida por la improvisación gubernamental, es que el déficit habitacional va para arriba —ya alcanza el 27 %—, en tanto la informalidad urbana crece a la sombra de la inacción estatal. Surge entonces una pregunta: ¿si los colombianos demandarán 4 millones de viviendas en los próximos 10 años, cómo o dónde se edificarán y quién las financiará? Sin las respuestas adecuadas, se corre el gran riesgo de que terminen siendo informales. En otras palabras, sin planeación, sin servicios públicos y sin oportunidades para quienes se decidan por ellas.

En su congreso anual en Barranquilla, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, quemó las naves frente al actual gobierno y puso el foco en el que llegará en agosto de 2026. Urge reactivar el sector y recuperar la confianza deteriorada que está teniendo un costo social y económico descomunal. En ese contexto, el gremio presentó una hoja de ruta, con cinco medidas concretas, que puede convertirse en un camino posible para revitalizar a su sector.

Primero, lanzar Mi Casa Ya 2.0, una versión más eficiente y sostenible del programa original, con menor costo fiscal, mayor cobertura y concurrencia de subsidios entre la nación, las cajas de compensación y los entes territoriales. Segundo, reactivar la demanda mediante coberturas a la tasa de interés para vivienda VIS y No VIS, vital para la clase media y el empleo. A ello se le suma recuperar los beneficios tributarios de las cuentas AFC, diversificar o promover modelos de negocio —como el arriendo especializado y la inversión de colombianos en el exterior— y reformar la gestión del suelo para eliminar cuellos de botella o normas que paralizan los proyectos. Son propuestas técnicas, realistas y urgentes.

Pero no bastan las propuestas técnicas. Hace falta decisión política. La vivienda no puede estar sujeta al vaivén de ideologías ni a los caprichos presupuestales del gobierno de turno. Debe ser asumida como política de Estado, estable y predecible, no como un experimento.

En contraste con la crisis general, Barranquilla demostró que sí se puede. Con el programa “Mi Techo Propio”, el Distrito suplió el vacío dejado por el Gobierno. En el último año, las ventas de vivienda crecieron un 27 %, el doble del promedio nacional, gracias a subsidios locales de hasta $52 millones y una coordinación eficaz entre sector público y privado. Es el mejor ejemplo de cómo los subsidios bien diseñados, acompañados de gestión local y reglas claras, generan empleo, desarrollo urbano y, algo impagable, la confianza de la ciudadanía.

Colombia debe replicar el modelo de Barranquilla, una ciudad que supera diagnósticos para dar paso a soluciones. La lección es clara: el problema no es de recursos, sino de coherencia y ejecución. El país necesita una política de vivienda estable, predecible, de largo plazo. Porque sin vivienda formal no hay equidad, ni seguridad, ni crecimiento. De manera que el nuevo gobierno tendrá que resolver la situación de miles de familias que reclaman un techo digno. No más incertidumbre. Es hora de levantar, con hechos, la casa de la política pública.