El cáncer representa una de las principales causas de enfermedad y muerte en el mundo.
A pesar de los avances de la ciencia, cada año mueren por esa causa entre 8 y 9 millones de personas, esto es una población mayor a la totalidad de los habitantes de Bogotá.
Las cifras pueden ser aún más dramáticas si se tiene en cuenta el pronóstico de la Organización Mundial de la Salud, que prevé un aumento de los afectados en un 70% en las próximas dos décadas. El panorama colombiano no es menos grave.
El cáncer es un factor de mortalidad más fuerte que la violencia misma, como quiera que anualmente les quita a la vida a unas 42.500 personas.
En ello radica la importancia de la decisión que adoptó en las últimas horas el Ministerio de Salud para declarar de interés público el Imatinib, medicamento contra la leucemia y otros tipos de cáncer, comercializado bajo el nombre de Glivec.
Se trata de una molécula patentada en Estados Unidos en 1993, que desde entonces es considerada la primera terapia para el tratamiento de la enfermedad.
El Ministerio venía adelantando negociaciones con el laboratorio que la produce para bajar el precio y garantizar el acceso de la mayoría de la población.
Un comité técnico le había propuesto que interviniera a ese inhibidor de la tirosina quinasa, que esencialmente mata las células cancerosas, para que el laboratorio perdiera la exclusividad para producir el medicamento.
La idea, en todo caso, era bajar el precio a un valor no superior a los 140 pesos por miligramo.
El laboratorio suizo no aceptó ninguna de las fórmulas con el argumento de que tanto el producto como el precio ya estaban regulados.
En consecuencia, el propio ministro Alejandro Gaviria declaró concluidas las negociaciones y procedió a anunciar la determinación.
Novartis continuará con la exclusividad de la comercialización del medicamento, porque la medida no afectará la licencia, como lo estaban sugiriendo los técnicos, sino el precio directamente.
Pero la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos, conformada por delegados de la Presidencia de la República y los ministros de Salud y Comercio, fijará el precio simulando condiciones de competencia, lo que en la práctica permitirá disminuir el valor entre un 40 y 50 por ciento, y terminará atenuando los costos del sistema público, que gasta alrededor de 40 mil millones de pesos, cada mes, en el solo combate de la enfermedad.
Es la primera vez que un gobierno declara de interés público un medicamento contra el cáncer en el mundo.
En un servicio dominado inexplicablemente por el capital, representa una actitud valiente que deberá repercutir en el acceso de la mayor parte de la población al medicamento y, por supuesto, en los indicadores de la división incontrolada de las células anormales en el cuerpo.
En este caso, el Gobierno se debatió entre la consideración del interés privado y el beneficio general, y optó, como debía ser, por este último, pues era inconcebible que el precio fuera el obstáculo del tratamiento de este o cualquier otro quebranto.
Ojalá este sea el comienzo de un camino inspirador que al final reivindique el sentido de derecho fundamental que debe tener la salud, en vez de la connotación de lucro que en ocasiones parece primar sobre la prestación.
