Hace más de dos años, el 19 de octubre de 2011, la juez sexta penal de Circuito de Barranquilla condenó al alcalde de Galapa, José Vargas Palacios, a 48 meses de privación de libertad por unos hechos sucedidos 12 años antes: en 1999, en su primer mandato como alcalde, Vargas Palacios había otorgado certificado de disponibilidad de servicios públicos a una urbanización, Mundo Feliz, que, según la sentencia, no reunía los requisitos para ello.
El viejo adagio de que “la justicia tarda, pero llega” parecía haberse cumplido en este caso. Pero nada más lejos de la realidad. El alcalde recurrió el fallo ante el Tribunal Superior de Barranquilla, que, en marzo de 2012, ratificó la decisión de la jueza sexta. Seguidamente, el mandatario de Galapa presentó recurso de casación ante la Corte Suprema, y esta, en octubre pasado, resolvió no admitir la apelación del alcalde, por lo que devolvió el expediente a la juez de Circuito para que procediera a la ejecución de la condena.
Pero resulta que, en el ínterin, el Juzgado Sexto del Circuito de Barranquilla había sido objeto de un cambio de atribuciones, lo que impidió a la titular seguir haciéndose cargo del asunto. La juez remitió entonces el expediente al Tribunal Superior de Barranquilla, que lo envió a su vez al Consejo de la Judicatura seccional Atlántico para que adjudicara el expediente a un nuevo juez. El atestado acaba de recaer en el juez segundo penal de Circuito, que deberá hacer que se cumpla la sentencia.
Sin entrar a valorar la gestión del alcalde de Galapa –hay quienes sostienen que es un buen mandatario y que ha sido víctima de una persecución política–, este caso pone de manifiesto, una vez más, los problemas que aquejan a la Justicia colombiana y que llevan a muchos ciudadanos a desconfiar de este pilar del Estado de derecho.
La privación de libertad es el último castigo que debe reservar la democracia para los infractores de la ley, y que un alcalde pueda verse confinado en una prisión o en su domicilio no debería ser motivo de regocijo para nadie, por justa que pueda ser la condena. Pero, al mismo tiempo, tampoco produce satisfacción el espectáculo que está brindando en este asunto la Justicia, que no ha logrado ejecutar una sentencia, sobre unos hechos ocurridos hace 12 años, que se dictó hace más de dos años y que quedó en firme hace dos meses. En verdad que el sistema judicial tiene unas normas procedimentales cuyos plazos e instancias deben respetarse, pero no es menos cierto que la imagen que se transmite a los ciudadanos es la de un aparato judicial burocratizado, lento e ineficaz.
Lo más importante es que todo este asunto acabe cuanto antes, para que no termine perjudicando la gobernabilidad de Galapa. El alcalde Vargas sostiene que el caso le está afectando personalmente y ha puesto su cargo a disposición del Gobernador. Cabe esperar que el mandatario departamental sepa dar salida, al menos en el terreno político, a este largo embrollo.
