La posibilidad de que el país afronte un apagón generalizado, que hace unos meses no era más que un fantasma, se viene materializando en el último mes hasta el grado de constituir hoy una amenaza real y latente que nadie, ni el mismo Gobierno, se atreve a descartar.
La entrada del fenómeno de El Niño en su fase más crítica en las próximas tres semanas empeora seriamente las perspectivas de sostenibilidad de un sistema energético que ya se encuentra en franca crisis. La prolongación de la sequía no da alivio a los embalses de los que se surten las generadoras, y pese al marcado encarecimiento del servicio para los usuarios queda en entredicho que la política de ahorro que se ha impulsado haya tenido el impacto que se buscaba para ayudar a mitigar la situación.
Si bien se les puede atribuir parte de las causas del panorama actual a las condiciones extremas que han impuesto los cada vez más intensos espasmos de la naturaleza, sacudida esta por efecto de una larga tradición global de inconsciencia ambiental, también es cierto que solo han puesto a prueba la preparación y la capacidad de previsión y reacción local en varios frentes, uno de los más importantes el sector eléctrico. Desde este punto de vista, las travesuras de El Niño lo que han hecho es desnudar con total crudeza que Colombia todavía está lejos de la madurez y la solidez en materia energética.
Lo que está pasando reclama una reflexión acerca de si las decisiones tomadas en los últimos años han sido las más acertadas. Es necesario identificar responsabilidades, pero antes, el carácter de urgencia supone acometer actuaciones más contundentes a partir de ahora. No hay más tiempo que perder. Lo más conveniente ahora sería que el Gobierno hablará con mayor claridad de cuál es su proyección sobre un posible racionamiento. Desde finales de 2015 se venía alertando sobre la posibilidad de caer en esta medida, que ya padeció el país en 1992, y la insistencia en negarla poco ha ayudado en el propósito común de adoptar acciones para evitarla.
Según estudios de la Contraloría General, estamos muy cerca de un déficit de potencia. Calcula que podrían desatenderse entre 1 y 3 horas en los momentos de mayor demanda, y concluye que ante la falta de reservas cualquier falla en el sistema obligaría a poner en marcha cortes de luz en diferentes zonas.
El Caribe es una de las regiones más expuestas, por lo que es preponderante que haya una mayor transparencia de la que ha habido hasta ahora en la información sobre un posible apagón.
La Andi ha pedido que el Gobierno reporte con suficiente antelación si prevé poner en marcha programas de recortes diarios. Y así como la industria necesita prepararse, porque hay plantas que no pueden apagarse ni por una hora, los ciudadanos también merecen saber con tiempo y precisión qué es lo que se viene, para que tomen las correspondientes medidas preventivas.
Será igualmente necesario, por supuesto, respuestas sobre aspectos que permanecen sin resolver acerca del sistema energético.
La crisis se ha potenciado por daños en las centrales hidroeléctricas de Guatapé, en Antioquia. Y Termoflores en Barranquilla. No puede ser más inoportuno que en plena crisis, cuando más se necesitan, fallen las generadoras. La Superintendencia de Servicios abrió una indagación contra EPM y Celsia Zona Franca, para revisar los planes de mantenimiento y de restablecimiento de la operación de las plantas.
Hay que determinar hasta qué punto la negligencia humana tiene a todo el país al borde de un apagón.
Además, había un seguro eléctrico -Cargo de confiabilidad- para evitar que las luces de Colombia se volvieran a apagar como en 1992. Desde entonces se recaudaron más de $18 billones en las facturas de todos los colombianos, para amortiguar la operación de la generación térmica. Allí El Niño nada tiene que ver, y la verdad sobre lo que sucedió también debe salir de la oscuridad.
