No hay buenas señales desde la Universidad del Atlántico como agente de cambio transformador para Barranquilla y la Región sino noticias que convocan a la desesperanza. Una de las más recientes es que le fueron negados los registros en cuatro programas, lo que muestra que la confianza de los controladores está minada.
Las sesiones de su Consejo Superior vienen siendo marcadas por malas prácticas deliberativas y que tienen que tramitarse, como pasará en su próxima sesión, que está convocada para hoy lunes, problemas de posible corrupción administrativa y laxitud clientelista, entre otros. No está en la agenda tema alguno referido a retos que le ubiquen a la vanguardia de la educación superior pública.
Es grave que una institución que le cuesta a la sociedad alrededor de $400.000 millones anuales no preste servicios de impacto social y económico y que siga empañada por prácticas que, llevadas posteriormente al ejercicio de gobiernos, terminen negando opciones al desarrollo regional.
Poner la casa en orden en la Universidad del Atlántico empieza porque se termine la interinidad, que ya lleva demasiado tiempo. Que se escoja un rector en propiedad y demás miembros de la alta dirección puede ser crucial para alinear su funcionamiento con un mayor compromiso social. Ha ocurrido que se nombran rectores encargados que inmediatamente asumen como agenda su titularidad, lo cual les conduce a ser laxos con sindicatos y otros grupos internos de poder, olvidándose lo misional en docencia, investigación y extensión.
Se da entonces un marginamiento de los talentosos, que los hay en abundancia en este establecimiento, y se premia el oportunismo, el funcionalismo y la obsecuencia. Esta práctica repetida ha conducido al marchitamiento progresivo de la universidad pública en Barranquilla mientras que otros agentes de desarrollo, incluyendo entidades del sector educativo, dan señales de cambio positivo.
Barranquilla y el Caribe necesitan la recuperación de la Universidad del Atlántico. Que vuelva por la senda de la academia de alto nivel y un objetivo debe ser su acreditación institucional, lo cual no constituye hoy un compromiso visible en su narrativa que involucre a toda su masa poblacional de 20.000 personas. Un logro importante es que se resuelva el lío judicial que impide contar con un rector en propiedad. En esto debe contribuir el Tribunal Administrativo del Atlántico, que ha sido tardo en definir la ruta para la selección. La morosidad judicial en Barranquilla ha conspirado en la crisis de Uniiatlántico.
Se requiere, dados los diagnósticos, que el rector en propiedad posea aptitudes o competencias que le ubiquen por encima de los poderes subalternos y grupistas constituidos para que tome buenas decisiones. Y, ante todo, el fortalecimiento de su Consejo Superior, que se caracteriza hoy por sus ambigüedades y poco tino en los debates.
Uniiatlántico tuvo una mejoría en su oferta académica, especialmente en las ingenierías, ciencias básicas y humanismo, pero es escasa su capacidad investigativa e inexistente su extensión universitaria. Con el tiempo ha padecido el desdén de los sectores empresariales, los cuales, a la hora de su gestión social, prefieren la oferta privada. Esta desconexión universidad pública-empresa es uno de los retos para Barranquilla.
La sociedad espera que la universidad pública sea agente transformador y no modelo de ineficiencia.
