La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha abierto un frente de investigación muy importante para los intereses de decenas de miles de familias colombianas, al formular pliego de cargos contra cinco compañías de pañales desechables que se habrían conjurado para imponer altos precios por su producto en el mercado.
Por supuesto que a las empresas señaladas –Tecnosur, Tecnoquímicas (Winny Ultratrim), Familia (Pequeñín), Kimberly (Huggies) y Drypers (Baby Sec)– les cabe el derecho a la defensa. Y seguramente durante la tramitación del expediente de la SIC expondrán sus respectivos puntos de vista sobre lo sucedido. En su contra pesa un cúmulo de pruebas que incluyen 700 correos electrónicos, una treintena de testimonios y evidencias de 20 reuniones que representantes de las citadas empresas mantuvieron tanto en Colombia como en el extranjero, para acordar los precios de venta al público. Según la investigación de la SIC, este cartel operó entre los años 2000 y 2013, vulnerando los principios de libre mercado y, por consiguiente, el derecho de los consumidores a elegir libremente entre distintas ofertas.
Muchos emporios económicos sucumben a la tentación de aliarse con sus potenciales rivales y formar carteles cuando se dan ciertas circunstancias. Primordialmente, cuando existe un mercado cautivo y con poder adquisitivo creciente, como es el caso colombiano. La reflexión de dichas compañías es muy simple: en vez de luchar encarnizadamente por los clientes y echar hacia abajo los precios, resulta más conveniente competir con mayor serenidad, manteniendo unos precios elevados que permitan a todos un satisfactorio margen de beneficios.
Está claro que las víctimas de esta presunta maniobra serían las innumerables hogares que han encontrado en los pañales desechables una ayuda invaluable para el desarrollo de la vida cotidiana. La transformación cultural y laboral que ha experimentado Colombia en las últimas décadas han convertido este producto en un elemento esencial en los hogares con hijos recién nacidos. Cientos de miles de mujeres se han incorporado al mercado laboral y ya no tienen tiempo para lavar a mano, como antaño, pañales de tela.
Que unas empresas pretendan aprovecharse de esta realidad para erigirse en oligopolios resulta inadmisible. Y las autoridades deben emplearse a fondo para evitar que este tipo de maniobras prosperen. Lo que no pueden es loar las bondades del libre mercado y, al mismo tiempo, tolerar que grupos de empresas rompan impunemente las reglas de un sistema basado en las leyes de la oferta y la demanda y en el contrato entre productor y consumidor.
Como señalábamos antes, unos pliegos de cargos no significan una condena. Las cinco compañías seguramente presentarán sus descargos. En este momento, lo que importa es que la investigación abierta por la SIC no se descarrile por el camino y se extravíe en alguna gaveta burocrática.
