En el debate político actual, especialmente en nuestra Región Caribe, se hace frecuentemente referencia a las calidades de los candidatos a gobernaciones, alcaldías y corporaciones, con señalamientos que han mostrado sus problemas jurídicos y morales.
Hay que decir que sobre los primeros deben actuar, ante todo, las autoridades legítimas, y sobre los segundos, los partidos, los medios de comunicación, las otras campañas y los electores. Pero con mucha responsabilidad en todos los casos.
Una fuente para la discusión moral en estos días emana del informe preparado por la Corporación Arco Iris sobre riesgos de algunos candidatos, informe que, según su director, León Valencia, fue extendido por iniciativa del ministro Germán Vargas Lleras de 50 a 75 municipios, con 67 casos de investigaciones, y cuyos resultados fueron entregados al Presidente de la República, a los ministros del Interior y Defensa, y a los directores de la Policía y el DAS, organismos estos últimos que depurarían las listas.
Sobre los candidatos cuestionados en la investigación, la Corporación, como agencia de la sociedad civil, haría seguimiento en la presente campaña, explicó Valencia.
La lista de los cuestionados fue filtrada a El Espectador, y se activó entonces el debate en el cual ha quedado algo lesionada la credibilidad de Arco Iris en cuanto corresponde al caso del candidato a la Gobernación del Atlántico Jaime Amín Hernández, quien aparece en la lista acusado de haber recibido un aporte “ilegal” de Uniapuestas en 2002, lo cual no es cierto que haya sido ilegal; ponen como su financiador al “mayor contratista de la Gobernación”, el exgobernador Rodolfo Espinosa, lo que tampoco es cierto, y señalan “el temor” de que la actual Administración departamental contribuya con su financiamiento, lo que es bastante inverosímil y fue refutado por el gobernador Eduardo Verano. De modo que los tres cargos se han mostrado muy frágiles frente a las pruebas que han sido exhibidas, y ni Arco Iris ni su director han rectificado, diez días después.
Por el contrario, en su última columna, Valencia extiende sus acusaciones contra Amín por el hecho de que este ha formado parte de gobiernos que le han concedido el chance a empresas de Enilse López, alias La Gata, indagada y presa por diversos delitos. Con este argumento estarían bajo sospecha varios centenares de exfuncionarios en el Caribe colombiano, lo cual es excesivo.
Verano dijo el viernes pasado que, en el caso de Amín, este nada tuvo que ver con el proceso de contratación del chance en 2009, que se hizo bajo la supervisión de todos los órganos de control. Le creemos al Gobernador. Las pruebas documentales así lo acreditan también.
Además, en este sensible tema no puede seguir habiendo, creemos, una postura hipócrita: si existe certeza de que las mafias controlan el chance, el Gobierno Nacional tendría que intervenir las empresas que ejercen esta actividad e inhabilitarlas, por tanto, para intervenir en las licitaciones que otorgan los contratos para el usufructo del juego. Mientras estas empresas se muevan en el marco de la legalidad, aunque sus propietarios afronten problemas judiciales, resulta más complejo para las autoridades territoriales excluirlas de la actividad contractual.
Valencia atribuye la polémica desatada por su informe solo al hecho de que hayan aparecido en su lista personas con mucho poder y grandes posibilidades de ganar las elecciones. Entre los contradictores está el procurador Alejandro Ordóñez, quien advierte sobre los riesgos institucionales que se derivarían, según el alto funcionario, de investigaciones privadas con consecuencias en actuaciones propias del Estado.
Arco Iris tiene el deber de revisar las conclusiones de su informe, en todos los casos, por cuanto sus inexactitudes pueden debilitar el piso a los hechos que sí son ciertos, y que también podrían caer en el terreno de la sospecha por falta de rigor. El Gobierno, por su parte, debe indicar qué avala de dicho trabajo investigativo y qué no.
Las inexactitudes en los informes de investigación social y política, cuando tienen el aval de una autoridad importante o de una fuente con alta credibilidad, no deberían hacer carrera porque atropellan el principio de que el ciudadano debe tomar sus decisiones con base en información veraz.
Ayuda en nuestro caso en el Caribe la pluralidad de fuentes y medios, y esto nos impone a los medios regionales un gran desafío frente a la manipulación voluntaria o involuntaria desde afuera. Hay que cuidarse del centralismo mediático y de sus imprecisiones, ya sean de buena o mala fe.
El Caribe necesita, ciertamente, un fuerte sacudón en las presentes elecciones para que no accedan al poder público candidatos con tachas jurídicas y morales. Pero esto amerita un ejercicio profesional muy responsable en la investigación social y el periodismo, de manera que se diga y se acepte solo lo que es veraz.
