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Piden a alcaldes investigar y sancionar el transporte ilegal

La Supertransporte solicitó acciones judiciales y administrativas contra quienes presten el servicio sin cumplir las normas.

Mano dura para investigar y sancionar a quienes presten el servicio de transporte público “de manera ilegal” en vehículos particulares y a quienes faciliten estas operaciones solicitó a los alcaldes de las principales ciudades del país el superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza.

En una comunicación oficial enviada a los mandatarios de 18 ciudades capitales y 13 municipios más poblados del país, el superintendente indicó que las personas que sean sorprendidas realizando transporte público en vehículos particulares no solo deben ser investigadas y sancionadas bajo la ley de tránsito, sino que también deben ser objeto de las sanciones del régimen de transporte terrestre, que pueden llegar hasta 700 smmlv por infracción.

“En estos 31 municipios está la mitad de la población del país, y sus alcaldes y funcionarios deben ser responsables de aplicar la ley para atacar con severidad ese fenómeno de ilegalidad que afecta dichas jurisdicciones”, dijo el superintendente.

Pabón Almanza dijo que estas medidas se deben acatar “de manera inmediata” atendiendo la directrices del Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Recordó a los alcaldes “que la omisión de control del transporte ilegal ha causado en el pasado múltiples condenas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra los municipios, investigaciones por parte de la Superintendencia de Transporte, así como procesos en la Procuraduría General de la Nación contra mandatarios locales”.

Las ciudades a las que se hizo el llamado son Cúcuta, Barranquilla, Pasto, Cartagena, Cali, Ibagué,  Bogotá, Bucaramanga, Tunja, Medellín, Valledupar, Pereira, Neiva, Montería, Armenia, Villavicencio,  Manizales y Santa Marta.

Por su parte, los municipios son Bello, Mosquera, Envigado, Yumbo, Funza, Barrancabermeja, Chía, Floridablanca, Soacha, Itagüí, Rionegro, Palmira y Sabaneta.

David Luna, presidente de Alianza IN, gremio de aplicaciones tecnológicas, dijo que el servicio de intermediación que prestan las plataformas de movilidad conectando a un conductor y a un pasajero “es totalmente legal y está soportado en la Ley 1450 de 2011, que consagra el principio de neutralidad tecnológica y de red”.

Destacó que en la Constitución Política de Colombia está el principio de legalidad, el cual señala que los particulares pueden hacer cualquier tipo de actividad que no esté prohibida en la Ley. “Por la anterior razón, siempre sorprenderán las declaraciones del superintendente de Transporte, que claramente van en contravía con los anuncios realizados por del Gobierno sobre la necesidad de tramitar una norma en el Congreso”.

Recordó que el gremio y las empresas  de las aplicaciones digitales han tenido mesas de trabajo con el Congreso de la República “en busca de una regulación clara y transparente para equilibrar la cancha y respetar el derecho al usuario”.

“Ahora, sorprende que las vías de hecho (bloqueos y paros) sean las que le pongan la agenda al sector transporte en el Gobierno nacional”, agregó.

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