Ante las obligaciones inmediatas que tiene el Estado en materia de gasto fiscal para financiar la migración de venezolanos, el gobierno está analizando la posibilidad de incrementar los gastos estatales para atender estas necesidades. 

La Ocde ha indicado que Colombia debería hacer más laxa su política de regla fiscal, la cual busca disminuir el déficit fiscal del Estado, y promover políticas de integración para atender la crisis de la migración venezolana. Según la Organización Internacional para las Migraciones, hasta finales de 2018 el país había acogido a 1,2 millones de habitantes del vecino país, que se dividen entre colombianos retornados y venezolanos.

Para la Ocde, a pesar de que la migración de venezolanos genera un incremento de la demanda de servicios y bienes públicos por proveer, también brinda oportunidades a la economía nacional, porque puede ser una fuente de crecimiento económico y bienestar de mediano plazo. La entidad señala que el coste estimado para atender esta problemática seria de 0,4 % del PIB nacional. Cada ciudadano venezolano que llega al país implica gastos del Estado para la provisión de servicios públicos que le garanticen un nivel aceptable de calidad de vida, como seguridad, salud y educación, entre otros.

Según el Banco Mundial y la Ocde, el gasto realizado en el corto plazo para financiar la migración de venezolanos puede traducirse en un incremento del desempeño de la economía nacional por el aumento de la productividad de la mano de obra y la fácil adaptación que tendrían los trabajadores.

Jairo Parada, profesor de Economía de Uninorte, indica que, agotados los esfuerzos tributarios del presente gobierno, la regla Fiscal se constituye en una tenaza para la expansión fiscal y la ampliación del déficit para estimular el crecimiento económico. 

“La regla fiscal ha sido un invento de la ortodoxia imperante en Colombia para amarrarnos al bajo crecimiento. Nadie quiere un desorden fiscal, pero sí una mayor flexibilidad, sobre todo cuando podemos tener un mayor espacio fiscal. De ahí que será necesario revisar las metas de la Regla Fiscal si no queremos caer en una trampa de bajo crecimiento en los años que vienen. La economía necesita mayor inversión pública si queremos salir de este atolladero”, agrega Parada.

Datos del Ministerio de Hacienda muestran que en 2017 el déficit fiscal como porcentaje del PIB llegó a ser de -3,6 %, una cifra que cumple con la meta de sostenimiento fiscal propuesta para este periodo, y hasta septiembre de 2018 el déficit del gobierno central estaba dentro de la meta y alcanzaba los 29,6 billones de pesos.

La inquietud que surge ante este escenario es si relajar la regla fiscal para cubrir un gasto que no está incluido en el presupuesto nacional aprobado para este año, soluciona en alguna medida la falta de recursos que enfrenta el Ejecutivo o si por el contrario agudiza la situación.