Qué dicen dos exministros de minas y energía sobre cómo cambiar desde la ley y las normas el régimen tarifario de energía que tiene la costa Caribe

El ex ministro de Minas y Energía, Rodrigo Villamizar aseguró a El HERALDO que está promoviendo generar consenso en las comisiones de Senado y Cámara para que la reforma a la Ley de Servicios Públicos,que presentará el Gobierno nacional, aborde los aspectos que necesita cambiar en especial para la costa Caribe.

En respuesta a la pregunta enviada al economista y quien ocupó la cartera en el Gobierno del presidente Ernesto Samper entre 1994-1998, Villamizar respondió que 'simplemente creemos que cualquier reforma a la Ley (o Leyes 142 y 143) y a las leyes aprobatorias de los planes de desarrollo recientes, deben incluir criterios que marquen la pauta para que la Creg (la única que puede alterar los procedimientos de control y vigilancia de los entes que conforman la cadena de oferta del sector (generación, transmisión, distribución y comercialización), replantee el actual sistema de formación de precios marginalistas en la bolsa por uno basado en un marco de regulación diferente, basado en costos (marginales) más una tasa de ganancias razonable, los problemas de altos y volátiles precios más las consecuencias sociales que ello acarrea podrán cambiar sustancial y positivamente'.

¿Cuál es la causa del régimen tarifario en la costa Caribe?

'El cobro como pérdidas reconocidas (PR), en la fórmula de la tarifa (costo unitario CU = G (generación) + T (transmisión) + D (distribución) + C (comercialización) + PR + R), las no técnicas, hace toda la diferencia entre la tarifa que se cobra en la región Caribe con respecto a la que se aplica en el resto del país, ello tiene explicación pero no justificación. ¿Cuál es la explicación? A través del artículo 38 de la Ley 1955 de 2019 (PND de la administración del presidente Iván Duque), en un acto atrabiliario, se facultó al gobierno para establecer un régimen tarifario especial para los mercados Caribe Mar (Afinia) y Caribe Sol (Air-e), que cobija a los usuarios de toda la región Caribe. Además, mediante la resolución Creg 010 de 2020, la cual estableció que ‘los índices de pérdida eficiente de dichos mercados durante la vigencia del régimen transitorio especial serán iguales a los calculados para el mercado Caribe a la fecha de la expedición de la Ley 1955’', explicó Acosta.

'Esta norma regulatoria, que permanecerá invariable hasta 2025, les ha permitido a Air-e y a Afinia, cargar a sus usuarios como pérdidas reconocidas (PR) no solo las pérdidas técnicas, que son en promedio del 10%, sino las pérdidas no técnicas (léase robo e instalaciones fraudulentas de energía), que sumadas llevas las PR en el Caribe hasta el 27% por parte de Afinia y 29% por parte de Air-e. Pero, nada justifica que los usuarios del Caribe sean los paganinis, pagando los justos por los pecadores. Por ello, respaldo el justo reclamo de los usuarios y las acciones legales emprendidas ante el Consejo de Estado, tendiente a la protección del derecho vulnerado, habida cuenta de que, como lo ha reiterado la Corte Constitucional, el servicio de energía siendo esencial, como lo definen en la Ley 142 y 143 de 1994, constituye un derecho fundamental, que se conculcado por las altas tarifas que impide su acceso al mismo, siendo este el séptimo de las 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS)', agregó Amilkar Acosta.

La demanda fue admitida el 4 de octubre de 2023 por el Consejo de Estado Amilkar Acosta está seguro que puede haber una conquista. 'Por ello, celebramos que el Consejo de Estado haya admitido la demanda contra este atropello contra el usuario y auguramos que se haga justicia desmontando esta clavija, que se viene a sumar la otra, el cargo por restricciones (R), que también son mayores a las del resto del país, las cuales deberían ser asumidas por los responsables de las mismas y nunca por parte de los usuarios. Ello es insólito. Y la cereza del pastel es la llamada eufemísticamente por parte de la empresa XM, que opera el SIN, 'demanda no atendida' en la región Caribe, que no es nada distinto al racionamiento al que hemos venido siendo sometidos, debido a la incapacidad de las redes de transmisión de transportar desde el interior del país la energía suficiente para satisfacer la demanda, atribuida al atraso en la ejecución de los proyectos de transmisión. Ello ha obligado a que las centrales de generación térmica de la región, que deberían servir solo de respaldo al SIN, vienen operando en la base y como es bien sabido la generación térmica es más costosa que la hídrica y ese mayor costo se refleja en un mayor precio y más altas tarifas de energía', puntualizó Amilkar Acosta.

Para el ex ministro la costa Caribe es parte de los problemas que impactan al usuario vía tarifa a nivel nacional y no resultado de características propias de la región (menor capacidad de generación, especialmente hídrica, infraestructura muy deteriorada, mayores pérdidas (técnicas y robos), cultura de interferencia política, gran concentración (mayor que en todo el país) de usuarios en zonas subnormales y de bajos estratos), debo decir que son ambas consideraciones las que se unen para crear un ecosistema de difícil administración.

'Sin embargo, para nosotros es claro que el cambio de modelo regulatorio prima sobre lo demás. Con un marco de regulación basado en costos (marginales) más una tasa de ganancias razonable los problemas sociales, de inversión en infraestructura y la ‘cultura’ que hoy hace difícil el manejo eficiente de la oferta, distribución y comercialización de la electricidad sufriría unos niveles de tarifas, y pérdidas técnicas y no técnicas muy por debajo del actual nivel actual de casi 24% en el Caribe colombiano y más cerca del 8,5 % promedio del resto del país'.