El mercado laboral en Colombia está en ascuas. Muchos empleados alrededor del país han sido despedidos sin justificación o bien forzándolos a firmar cartas de licencia sin remuneración que implican tácitamente la culminación de labores.

El Ministerio del Trabajo se ha puesto a actuar contra estas malas prácticas empresariales y con base en esto anunció un completo seguimiento para sancionar a estas empresas. El titular de la cartera laboral, Ángel Custodio Cabrera, anunció al respecto que se están inspeccionando entre 100 a 200 firmas por despidos masivos en estos tiempos del COVID-19 en el país. Cabrera pide no utilizar más la figura de la licencia no remunerada porque “lo que se busca es que el más golpeado no sea el trabajador”.

David Lopera Noguera, abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad del Norte, cree que ante la situación excepcional, el Ministerio del Trabajo está haciendo lo jurídicamente viable para mantener el trabajo de la gente. “Ellos quieren que las empresas puedan subsistir y que las personas conserven sus puestos de trabajo”.

En contraparte, el también jurista Víctor Julio Díaz cree que el Gobierno “se está equivocando en la estrategia que está implementando” detallando que “al ejercer su poder controlador y sancionador estaría agravando la situación de esas empresas y la idea es que ninguna se acabe”. Díaz cree que tanto a la empresa como a los trabajadores debe cuidárseles por igual, ya que “son fuerzas que se complementan”. “Si se le dan muchas cargas laborales o financieras a las empresas se van a acabar. Pero si no se protege al trabajador, ¿cómo vamos a hacer cuándo pase la pandemia con las personas que quedan desempleadas?”.

Un caso. ELHERALDO conoció el testimonio de William Algarín, padre de familia que al parecer fue despedido de manera injustificada el pasado martes 24 de marzo.

Según cuenta Algarín, pasada la jornada laboral, representantes de Unión Temporal Candelaria, una bolsa de empleo, le entregaron a él y a otros 11 compañeros una carta en la que les oficializan la decisión.

William Algarín se desempeñaba como operador de bomba estacionaria en los proyectos de vivienda social Candelaria Real 2, en el municipio de Candelaria. “Estamos con las manos atadas. No tenemos trabajo ni dinero y nadie nos ayuda. No nos han dicho algo sobre la quincena que pasó y mucho menos por la liquidación”, lamentó Algarín, cuyo contrato era por tiempo indefinido.