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La juez 40 con funciones de control de garantías negó la libertad a la ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe Silvia Gette Ponce, en el proceso que se sigue en su contra por el delito de soborno.

Ante esta decisión y haciendo uso de las garantías que le otorga la ley, la defensa presentó un recurso de apelación que está siendo estudiado en estos momentos por la juez.

La jornada. Previo a una extensa exposición de sus argumentos, Luis Arturo Jiménez Cely, representante de la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, solicitó a la funcionaria judicial se conceda la libertad inmediata a su defendida porque, según dijo, ya han transcurrido más de los 120 días que señala la ley para el otorgamiento del beneficio.

De acuerdo con los cálculos de Jiménez Cely, son 332 días corridos no atribuibles a la defensa, sin que se haya iniciado el juicio oral. Entre otras razones, el jurista endilgó tiempos a la Fiscalía y a la Judicatura. Al hacer su petición, el jurista hizo la claridad que de llegar a tomar una favorable a sus intereses, la libertad de Gette no sería física, pero sí jurídica, en virtud de que sobre ella está vigente una orden de captura por la investigación relacionada con el delito de abuso de confianza.

Respecto a los argumentos de Jiménez, la Fiscalía no se opuso en los términos, pero sí alegó que la responsabilidad de los días le compete a la defensa. 'No puedo ser tozuda ni terca y decir que los términos no están vencidos', señaló la fiscal quinta que lleva el caso, sin embargo, resaltó que Jiménez Cely nunca se opuso a los aplazamientos que solicitó el defensor de de Arcadio Martínez Pumarejo el otro coimputado en este caso, quien se hizo presente como mimbro del público.

Entre tanto, Johnny Mercado González, representante de María Paulina Ceballos, también presente en la audiencia, expresó que 'tendría que ser muy testarudo' para no aceptar que los términos se han vencido, pero sí pidió a la juez que en el evento de tomar una decisión que beneficie a Gette Ponce, haga claridad respecto a que existe otra medida de privación de la libertad vigente.

De otra parte, para el abogado Wilson Caballero, apoderado de su colega Abelardo de la Espriella, son 87 días de trámite normal los que han pasado, por lo tanto pidió a la juez no conceder la libertad. Entre otras razones, Caballero manifestó que eventos como la vacancia y el paro judicial no puede endilgárseles a ninguna de las partes, es decir, que deben ser asumidos por quien está privado de la libertad. La posición de Caballero fue acogida por el procurador delegado Marlos Díaz.