A un año de la entrada en vigor de la Ley 2232 de 2022, que busca eliminar progresivamente los plásticos de un solo uso en Colombia, se evidencian cambios importantes en el consumo de bolsas plásticas, aunque persisten desafíos normativos para el sector productivo.
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De acuerdo con Acoplásticos, gremio que agrupa a los fabricantes del sector, entre julio de 2024 y febrero de 2025 se recaudaron $15.565 millones por concepto del impuesto a las bolsas plásticas. Esta cifra representa una reducción del 58,2 % frente al mismo periodo del año anterior y equivale a 232 millones de unidades, lo que, en términos prácticos, sugiere una disminución superior al 60 % en el uso de estos productos en los canales comerciales formales.
“La industria ha realizado grandes inversiones y ajustes en sus procesos para dinamizar la economía circular y desarrollar soluciones sostenibles. Sin embargo, quedan algunos elementos urgentes pendientes por reglamentar por parte del Gobierno Nacional, como los productos biodegradables y la certificación de economía circular”, señaló Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos.
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La Ley 2232, que entró en vigencia el 6 de julio de 2024, contempla la eliminación progresiva de varios productos plásticos de un solo uso, cuya comercialización debe ser reemplazada por alternativas recicladas, reutilizables o biodegradables. En su primera etapa, ya se prohíben seis categorías específicas, entre ellas:
- Bolsas entregadas en puntos de pago.
- Empaques plásticos para lavanderías, periódicos, facturas o publicidad.
- Rollos de bolsas para productos a granel.
- Pitillos y mezcladores.
- Copitos.
- Palillos usados para sostener globos.
Pese a los esfuerzos del sector privado por adaptarse a estas exigencias —mediante el uso de materiales reciclados o reutilizables—, el gremio advierte que aún no se conocen detalles sobre los controles realizados por las autoridades competentes para verificar el cumplimiento de estas restricciones.
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Actualmente, unas 750 empresas dedicadas a la transformación del plástico están adscritas a las cámaras ambientales en el país. Estas compañías producen cerca de 2,7 millones de toneladas al año y generan aproximadamente 220.000 empleos directos.
Acoplásticos insiste en que el proceso de implementación debe ir acompañado de una política clara de transición laboral e industrial, así como de una reglamentación técnica que evite ambigüedades en la aplicación de la ley.
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En especial, señalan como prioridad la definición de estándares para los productos biodegradables y compostables, así como la creación de un sistema de certificación para prácticas de economía circular.
